¿En qué se invertirá lo recaudado a través de la reforma fiscal? Una parte de los 34 comentarios que incluye este apartado se centra en el Plan Nacional de Infraestructura que el Presidente Calderón presentó a mediados de julio. Otros analistas apuntan hacia otras partidas presupuestales. También están los críticos y los suspicaces que dudan mucho de que el dinero se invertirá en “los que menos tienen”, como reza el lema de la reforma fiscal.
Además de lo anterior, hay que tener en cuenta que Hacienda pretende que el gobierno gaste mejor, ¡en lo que ya gasta!, pero en ningún momento propone revisar en qué gasta. Así las cosas, de las tres preguntas importantes por el lado presupuestal —en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno— la propuesta contempla únicamente la última, cómo, quedándose corta. El reto es reducir la cantidad de gasto, pero no porque el gobierno gaste mejor en todo, sino porque ha dejado de gastar en algo. ¿Cuántas tareas lleva a cabo el gobierno que, estrictamente hablando, no son parte de sus funciones naturales?
Por último, en su intención de gastar mejor, ¿se contemplan reformas como sería la sustitución del subsidio a la oferta educativa —por medio del cual el dinero se le da a la escuela pública— por el subsidio a la demanda educativa —por el cual el dinero se le daría a los padres de familia—? En general, ¿se contemplan reformas que permitan que el gobierno garantice, no la oferta de ciertos bienes y servicios, sino su demanda? Porque una cosa es que el gobierno garantice la educación de todos, y otra muy distinta que se convierta en el educador. En el segundo caso garantiza la oferta, en el primero la demanda. ¿De qué estoy hablando? De la reforma presupuestaria, primera parte de cualquier reforma fiscal correcta.
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 11 de julio.
Existe una demanda amplia, y justa, en otros dos sentidos: primero, que el gobierno federal (y asumiendo el alto porcentaje de recaudación que iría a los estados, también las administraciones locales) realice un verdadero ajuste al gasto público. También se demanda mayor claridad con respecto a en qué se gastarán esos recursos: está bien que se diga que la reforma hacendaria se hace en beneficio de los pobres y se presione, sobre todo, a los sectores de mayores ingresos, mas ello no evita la pregunta acerca de en qué se van a gastar los mismos. El gobierno federal anunciará en estos días el plan nacional de infraestructura, que contendrá muchos de esos elementos, pero quizás habría que colocar aún más el acento en tales temas.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 13 de julio.
Porque según él, dicha "reforma" fiscal servirá para, entre muchísimas otras cosas (agárrense, porque la lista es larga): generación de empleo; incremento de la inversión, nacional y extranjera; pagar la deuda social; distribuir la riqueza y el ingreso; fomentar a las exportaciones; finanzas públicas mucho menos dependientes de los recursos petroleros; combatir la pobreza; justicia social; desarrollo y crecimiento económicos; infraestructura social, económica, de comunicaciones, salud, educación, drenaje, agua potable, la competitividad y la productividad; recursos suficientes para escuelas y hospitales; acabar con los privilegios en el sistema tributario; fondos para el estado de México y el Distrito Federal; ídem para todos los estados de la República; tren suburbano en la zona metropolitana que la colocará a la altura de las urbes más modernas del mundo; más obras de infraestructura en el valle de México; tarifas eléctricas más justas para la población y más competitivas para la industria; supercarreteras; servicios más elementales para la población; disminuir la brecha de la desigualdad; superar lacerantes rezagos; liberar recursos públicos para programas sociales; construir un México más justo, un México mejor; solidaridad entre las mexicanas y los mexicanos; trabajar en favor de los que menos tienen; transformar sustancialmente la lucha contra la pobreza y la desigualdad; acelerar el paso en el compromiso que todos tenemos por la justicia, porque no hay calidad sin justicia; disminuir las diferencias que separan a México; cerrar de una vez la brecha de México con ese México agraviado, con ese México olvidado, con ese México de la pobreza que marca toda la geografía nacional; construir el México unido que todos queremos; transparencia y eficiencia en el gasto público; y desde luego el gasto destinado al campo... más lo que se acumule en el próximo discurso
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 14 de julio.
Si a lo anterior sumamos la oferta del operador de la "reforma", Agustín Carstens, tenemos: un andamiaje moderno acorde a los desafíos del desarrollo sostenible que enfrentará México en ésta y las próximas décadas; una hacienda más justa, en la que nadie se sienta desatendido o agraviado, más fuerte para combatir la pobreza y tener un desarrollo sostenible, más eficaz para satisfacer oportunamente las necesidades de la gente, y más transparente para que el gobierno rinda cuentas puntuales y claras a los ciudadanos acerca del uso de los recursos públicos; mejorar sustancialmente el ejercicio del gasto público y la rendición de cuentas de acuerdo con resultados; establecer las bases de un nuevo federalismo fiscal que acerque la Hacienda a las necesidades diarias y más acuciantes de la población; terminar con privilegios fiscales, combatiendo la evasión y la elusión fiscales, y fortalecer la recaudación de ingresos tributarios para que el gobierno pueda hacer frente a las necesidades de un desarrollo sostenible, sin perder competitividad y, especialmente, para que pueda cumplir con la deuda social que tiene pendiente con millones de mexicanos que padecen condiciones de pobreza y que están en desventaja notoria respecto de los mexicanos más favorecidos
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 14 de julio.
Poco se ha hablado en el debate que ha surgido en torno a la reforma fiscal presentada por el presidente Felipe Calderón respecto del tema de gasto. El proyecto hacendario enviado a la Comisión Permanente contiene una sustancial parte de propuestas relacionadas con el ejercicio del presupuesto, con su evaluación y comprobación que merecen especial atención y análisis.
Centrados en la polémica que toda reforma impositiva genera, analistas, legisladores y especialistas han dejado de lado la revisión de las reformas constitucionales y legales que se proponen en el tema presupuestal. De aprobarse estas modificaciones, resultarán fundamentales en el fondo y en la forma con la cual se ejerce, se comprueba y se revisa la eficacia del gasto en México.
Rogelio Carvajal, Crónica, 16 de julio.
La exposición de motivos de la iniciativa señala que bajo el esquema se impulsarán la inversión y el crecimiento de la economía, lo que permitiría no sólo mantener los empleos existentes, sino generar nuevos.
El primer objetivo se alcanzaría vía una disminución de 100 mil millones de pesos del gasto corriente previsto para 2008, estableciéndose un régimen de austeridad y supresión de privilegios, además de combatir frontalmente la corrupción en todos los niveles de gobierno.
Más aún, se propone etiquetar 100% de los nuevos ingresos —500 mil millones de pesos, según el cálculo del Frente Amplio Progresista— para inversiones e infraestructura, energía y desarrollo regional y social.
La intención concreta es evitar que se dilapide la riqueza petrolera, al tiempo de estimular el crecimiento de la economía y el empleo, además de reducir las desigualdades extremas.
En refuerzo del escenario, se plantea combatir la discrecionalidad gubernamental en la asignación del gasto y garantizar el acceso del Congreso a la información fiscal, en afán de que “mediante un control y colaboración entre poderes y de investigación en su caso, se pueda profundizar en la información, transparencia, evaluación de la eficiencia recaudatoria, en la gestión del SAT y en las funciones propias de fiscalización”.
Bajo esa misma ruta, adicionalmente, se presentará una iniciativa de ley para establecer limitaciones severas y sanciones a quienes utilicen el gasto público para financiar campañas de publicidad en favor de funcionarios y sus partidos políticos.
La justificación general habla de un abultado gasto corriente que alimenta los exagerados sueldos de la alta burocracia y un gasto social de baja calidad y dudoso impacto, para aparentar un equilibrio fiscal que justifique las metas de inflación.
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 16 de julio.
El tercer elemento tiene que ver con la dirección del gasto. En principio de los 180 mil millones que podrían recaudarse con la CETU, una tercera parte se iría a Pemex, sin afectar participaciones a estados y municipios, y del resto la negociación se centrará, por un lado, en proyectos de inversión de infraestructura con impacto estatal y municipal, y en aumentar el gasto en los fondos generales y especiales de asignación del gasto federal en estos dos últimos órdenes de gobierno.
Este último será el tema crucial, por ello se explica la definición de los compromisos del Plan Maestro de Infraestructura de 2.8 billones de pesos que presentará el presidente Calderón este miércoles, pues conociendo obras y compromisos, los empresarios aceptarán pagar impuestos y los legisladores aprobar la reforma. Toma y daca, es la ley de la negociación básica.
Alicia Salgado, “La chequera”, El Financiero, 18 de julio.
Hoy Felipe Calderón presenta el Plan Maestro de Infraestructura y se podría decir que pocas cosas son más ridículas que “tapar el pozo después de ahogado el niño”, aunque en el caso de Pemex nunca estarán de sobra las acciones preventivas y de seguridad a cargo del general Miguel Estrada. Pero más peligrosa que los ataques del “EPR Reloaded” es la creciente importación de gasolina (42 por ciento del consumo nacional) que ha llevado a que la paraestatal a cargo de Jesús Reyes Heroles esté obligada a invertir cerca de 17 mil 500 mil millones de dólares en los próximos seis años para ampliar la producción de combustibles y reducir a 15 por ciento la dependencia externa.
La dirección de Pemex Refinación, a cargo de José Antonio Ceballos, tiene ubicada la necesidad de construir una nueva refinería, que se ubicaría en Tuxpan, para procesar 300 mil barriles diarios de crudo y que implicaría invertir 5 mil millones de dólares. A ello se agrega la urgente reconfiguración de las refinerías de Salamanca, Salina Cruz, Minatitlán, Madero y Tula con un costo cercano a 2 mil 500 mil millones de dólares por unidad.
Ante esa magnitud de dinero sólo es posible imaginar también una urgente reforma fiscal.
Mauricio Flores, “Gente detrás del dinero”, Milenio, 18 de julio.
Hay un punto sobre el que los priistas llaman la atención. La necesidad de que el gobierno federal firme un acuerdo a largo plazo —se habla de cinco años— en el que se comprometa públicamente a informar en qué va a utilizar los 200 mil millones de pesos adicionales que, se estima, recaudará con la reforma fiscal.
La condición es que ni un solo peso vaya al gasto corriente.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 18 de julio.
Lo más gracioso del caso es que por aquellos acalorados días previos a la elección presidencial de 2006 los barones mandaron decir a sus enjundiosos voceros que procederían con una "huelga fiscal" si Andrés Manuel López Obrador resultaba vencedor en los comicios del 2 de julio. No llegó, pero hoy, sin peje en Los Pinos y tras la "reforma" calderonista, los mismos amenazan con una "lluvia de amparos" si la ya famosa CETU (contribución empresarial de tasa única) es aprobada por el Congreso.
Se niegan a pagar impuestos, pero los grandes empresarios ya se frotan las manos con el apetitoso cuan irreal Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, y sus jugosos contratos, que ayer pomposamente hizo público el inquilino de Los Pinos. Y de entrada resulta irreal, porque la catarata de dinero en él involucrado -así sea retóricamente- tiene como base la misma "reforma" fiscal que mayoritariamente ha recibido un contundente no como respuesta de los que ahora se frotan las manos.
Carlos Fernández Vega,”México SA”, La Jornada, 19 de julio.
El inquilino de Los Pinos explicó que el "escenario base" del referido programa "parte del supuesto de que se apruebe la reforma hacendaria (...), de cuya recaudación adicional mi gobierno piensa destinar por lo menos la mitad a gasto en infraestructura... de esta manera, el gasto público en el rubro aumentaría cuando menos (...) 100 mil millones de pesos anuales... también se crearían por lo menos 700 mil nuevos empleos adicionales a lo largo del sexenio, generados directa o indirectamente por la inversión en infraestructura... este programa provee en su escenario básico una inversión de poco más de dos billones 500 mil millones de pesos en el periodo 2007-2012" (en el mejor de los casos el dinero provendría al 50 por ciento de iniciativa privada y gobierno).
Eso sí, se dijo "consciente" de que "existe la posibilidad" que el Congreso no apruebe su propuesta fiscal, y si ello sucediera "tendríamos que plantearnos un escenario inercial que parte de la premisa de que las finanzas públicas se quedarían como están... sin reforma hacendaria, la inversión en infraestructura registraría una tendencia decreciente, ya que el gobierno tendría que destinar año con año cada vez mayores recursos a las crecientes pensiones en curso de pago, y además pagar las inversiones realizadas en el pasado a través de los Pidiregas... en este escenario, se estima que la inversión en infraestructura disminuya, quedando en poco más de un billón 600 mil millones de pesos para el resto de la administración".
Cualquiera de los dos escenarios descritos es posible, de allí la genialidad del gobierno calderonista: si el "escenario base" no funciona y el "inercial" es peor del previsto, para eso existen las neuronas y una tercera posibilidad denominada "escenario sobresaliente" ("evidentemente el que más beneficios traería a los mexicanos", Calderón dixit): privaticemos lo poco que nos queda.
¿Cómo? Facilísimo: con una "secuencia de reformas estructurales exitosas en los planos laboral, energético o de telecomunicaciones", es decir, lo mismo que ha hecho el gobierno en sus cuatro presentaciones previas (de MMH a VFQ, a lo largo de los últimos 25 años) y que mantiene al país estancado.
Carlos Fernández Vega,”México SA”, La Jornada, 19 de julio.
El presidente Calderón presentó ayer una de las razones de más peso y trascendencia para que los congresistas aprueben la iniciativa de reforma hacendaria que les envió: el Programa Nacional de Infraestructura para el periodo 2007-2012, sujeto a la recaudación fiscal que se propone alcanzar por ese medio.
El ambicioso programa de renovación y ampliación de infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria, y la construcción de tres nuevas terminales aéreas, en el que se prevé una inversión de 2 billones 500 mil millones de pesos, tendrá una profunda y positiva repercusión para el país y la sociedad.
Esas obras, posibles únicamente si el Poder Legislativo da al Ejecutivo la oportunidad de captar los recursos que se propone en la reforma tributaria que se halla en proceso de discusión y análisis, beneficiarán de muchas maneras, directa o indirectamente, a millones de personas.
Al permitir que en el país continúen incrementándose las inversiones por la creación del entorno al que esas importantes obras abonarían, su crecimiento, producción, productividad, exportaciones y captación de divisas también mejoraría.
La reafirmación de ese círculo virtuoso se reflejaría constantemente en la apertura de nuevos centros de trabajo y de más plazas de empleo, lo que a su vez potenciaría otros factores de movilidad social, como la educación, la cultura y la ciencia y la tecnología.
Como se la vea y en cualquier lenguaje que se la nombre, esa búsqueda se llama bienestar, propósito que el Presidente no ha abandonado ni parece dispuesto a soslayar.
De ahí su insistencia en todos los foros de que se apruebe su proposición de reforma, pues sin esa palanca no habrá posibilidades de hacer mucho más por la gente que lo necesita. El país entraría en una situación lamentable de estancamiento. Y a éste sigue naturalmente el hundimiento.
Oscar Mario Beteta, “En petit comité”, Milenio, 19 de julio.
La memorable aportación de Zhenli Ye Gong a la picaresca nacional fue retomada el miércoles por Felipe Calderón, cuando en la presentación del Programa Nacional de Infraestructura advirtió que la inversión de 2.5 billones de pesos en obras estratégicas depende de la reforma fiscal elaborada por Agustín Carstens y cuyo eje de rotación es la Contribución Empresarial a Tasa Única.
Se trato del ya clásico “coopelas o cuellos” para los empresarios: “¿Quieren mejores puertos, carreteras decentes y aeropuertos viables para hacer negocios? Pues paga más aunque ya seas contribuyente cautivo”, fue el mensaje a las réplicas de Armando Paredes del CEE y Claudio X. González en el CMHN para reducir de 16 a 12 por ciento la CETU.
Claro, si el nuevo gravamen fuera tan bueno como la manzanilla nadie estaría alarmado. De hecho en la SHCP, a la callada, reconocen excesos a corregir en esquema que pretende “capturar” a evasores y evasores. Le adelanto una corrección: deducibilidad inmediata a 100% de las inversiones en activo fijo.
Mauricio Flores, “Gente detrás del dinero”, Milenio, 20 de julio.
El gobierno arrancará un ambicioso plan de inversiones, anunció esta semana el presidente Calderón, denominado Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, que contempla proyectos en las áreas de energía, comunicaciones y transportes y telecomunicaciones, en los que se invertirán 2 billones y medio de pesos. La inversión será hecha mancomunadamente por el gobierno federal, que por supuesto se reservará las áreas exclusivas del sector público, y la iniciativa privada, que obviamente se concentrará, no en forma total pero si mayoritaria, en áreas en las que la participación privada está permitida por la ley.
En el área de energéticos, de su exclusiva competencia, el gobierno hará la inversión total, un billón y medio de pesos. Pero en el renglón de comunicaciones y transportes permitirá que el 66 por ciento de la inversión, 496 mil millones de pesos, sean aportados por empresarios privados. En el sector de telecomunicaciones, la inversión particular será casi el total requerido, el 93 por ciento, 264 mil millones de pesos.
Felipe Díaz Garza, Reforma, 21 de julio.
En este marco idílico el gobierno permitirá al empresariado mexicano asociarse con el Estado para que ambos sectores alcancen juntos felizmente metas que parecerían ser discordantes, las sociales del gobierno y las económicas de los empresarios. Eso siempre y cuando, señaló Calderón, sea aprobada la reforma fiscal, a la que los empresarios, los principales socios del gobierno en el ambicioso proyecto calderonista, se han opuesto enfáticamente en los últimos días, particularmente en lo referente a la CETU.
Si no hay reforma no habrá socio gubernamental, lo que es igual a que no habrá tampoco socio particular, pues el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 es un proyecto gubernamental, aunque favorezca la inversión de los empresarios particulares. Sin gobierno no hay proyecto, pues, y sin dinero de la CETU no hay gobierno en el proyecto. Y, si no hay proyecto ni gobierno, tampoco habrá empresarios asociados con el gobierno en el proyecto. A no ser, apuntó el presidente Calderón en una acotación estilo Elba Esther Gordillo, que los empresarios dejen de lado su díscola actitud contra la elevación de impuestos y el gobierno (Felipe Calderón para ser precisos) logre la aprobación de su propuesta de reforma fiscal, a la que definió como sine qua non de la inversión privada en los negocios públicos.
Felipe Díaz Garza, Reforma, 21 de julio.
Y si me atrevo a referirme en forma tan irreverente a la acotación presidencial es porque su enfoque me sonó extorsionador y amenazante, como Elba Esther Gordillo me suena siempre que habla. No es que me asuste porque Calderón habló feo, ni que crea que se asusten los empresarios amenazados, tan bravos o más que yo. Pero francamente me parece inapropiado que el Presidente amenace a los empresarios mexicanos con que no los va a dejar hacer negocios con el gobierno... a no ser que lo apoyen, primero, para cobrarles a ellos mismos más impuestos, y luego, que se los paguen sin rechistar, se me hace muy desagradable.
Sobre todo porque ahora que los empresarios españoles le echaron cacayacas sobre el mismo tema al presidente Calderón, delante del presidente Zapatero, Felipe no les dijo ni lo mínimo que debió decirles, que si no les gustaba la Riviera Maya, que se fueran para su casa.
Pero todavía más feo se me hace lo que queda implícito, y ello es que si apoyan la reforma fiscal y luego pagan los impuestos, el gobierno ayudará a los emprendedores mexicanos a hacer negocios en los que recuperarán con creces lo que hayan pagado en impuestos y trascenderán graciosamente las pérdidas de figura y de efectivo que les haya ocasionado el apoyo al gobierno y a su Presidente.
Felipe Díaz Garza, Reforma, 21 de julio.
Por eso, en el debate actual es posible encontrar acuerdos. Nadie puede estar en contra de un sistema tributario solidario, equitativo y adecuado a las necesidades del país, que proteja a los que menos tienen al mismo tiempo que acaba con los privilegios que han afectado de manera colosal la hacienda pública. Ése es el tipo de reforma que es necesario construir. El paso hay que darlo porque una política de gasto público con prioridades productivas y sociales requiere ineludiblemente de una verdadera reforma fiscal que garantice el aumento de los ingresos. Pero dicho esquema tendría que consolidarse a partir de acentuar el carácter progresivo del impuesto sobre la renta, ampliar la base de contribuyentes, combatir la evasión fiscal y simplificar los trámites. El acuerdo es posible. La receta es sencilla: el diálogo y la participación incluyente, como en esa ocasión nos lo demostró la UNAM
Rosario Robles, Milenio, 28 de julio.
Mientras la política social del gobierno no se refleje en menor pobreza entre los mexicanos, cualquier propuesta de reforma fiscal compartirá el mismo grado de rechazo y desconfianza hacia una política económica que no refleja sus beneficios “macros” en la mesa de los mexicanos.
En síntesis, más que una explicación propagandística sobre el “impacto social” de la CETU, necesitamos una reforma fiscal sustentada en un “pacto social”. Un pacto donde las necesidades del ciudadano común (empleo, educación, salud y pensiones) estén por encima de los requerimientos del Estado de excepción fiscal (pidiregas, rescates, burocracia) que nos ha dejado dos décadas de ineficaces políticas económicas neoliberales.
Ricardo Monreal, Milenio, 31 de julio.
Dicen que la esperanza muere al último para lograr que se emitan los dictámenes de la reforma hacendaria antes del martes. También hay un compromiso de los representantes del presidente Felipe Calderón de que todos los recursos que se obtengan de la reforma se destinen a inversión, gasto en salud y educativo con un esquema de compromiso definido que pueda incorporarse en paralelo a la integración del presupuesto que está corriendo. El dictamen es pretexto, pues la negociación ya tiene consensos claros.
Alicia Salgado, “La chequera”, El Financiero, 10 de agosto.
Para quienes todavía albergaban alguna duda de que la "Reforma Hacendaria por los que menos tienen" ya "está cocinada", ayer nuevamente el "jefe de jefes", o sea, el senador Manlio Fabio Beltrones, se refirió al asunto. "Vamos a aprobar las iniciativas fiscales, incluida la CETU, sólo si se hacen diversas modificaciones que no afecten el empleo, que no disminuyan la competitividad de México; y también si buena parte de los recursos van al rescate de Pemex; y si se impulsa un gasto con mayor destino al crecimiento económico, un gasto con responsabilidad." Bueno, eso ya lo prometió el propio secretario de Hacienda.
Luis Soto, “Agenda confidencial”, El Financiero, 14 de agosto.
El coordinador de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, quiso demostrarle al doctor Agustín Carstens por qué le dicen El Diablo; aprovechó dos expresiones del secretario (la de "desmitificar el gasto corriente" y "darle gasolina para financiar las políticas del gobierno federal"), no tanto para reclamarle sino para "lucirse" y de paso darles la nota a los medios de comunicación.
"México tiene hambre", dijo cínicamente Beltrones, y si no se reorienta el destino del presupuesto, la gasolina que tanto pide la Secretaría de Hacienda "sólo va a servirle para que se incendie el país". Lo que no explicó Manlio Fabio es que fueron los priistas que gobernaron al país durante más de 70 años quienes no sólo dejaron "hambrienta" a la mayoría de la población, sino también "desarrapada". Antes (o después, pues para el caso da lo mismo), el coordinador de los senadores priistas había "denunciado" que "el mayor uso de los recursos a los que tuvo acceso la anterior administración (la del ‘cambio sin rumbo’, acota el columnista) fue a parar a lo que se ha dado en llamarse gasto corriente y yo no creo que el gasto corriente sea un mito, ya es una leyenda en México, y una leyenda auténtica y perniciosa si no la detenemos". Una leyenda creada y alimentada por el mismo PRI, le faltó decir al Jefe de jefes.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 17 de agosto.
Habrá que ver cuál es el costo político de esta reforma. No hay duda de que es fundamentalmente recaudatoria. El mayor costo inmediato recae sobre las empresas; pero subir la carga fiscal a éstas repercutirá en incrementos en los precios o en una menor inversión y creación de empleos. La verdad es que no hay mayor carga fiscal que no termine pagando, tarde o temprano, el ciudadano común y corriente.
Una parte importante de lo que se recaude con este aumento de impuestos se irá a cubrir los crecientes costos por pensiones de los trabajadores del sector público y los Pidiregas que empiezan a vencerse. Otra cubrirá la previsible disminución en los ingresos petroleros por el agotamiento de Cantarell. El impuesto a los combustibles nutrirá a los gobiernos estatales, que no tienen muy buen historial en el manejo del gasto público. Esperemos que cuando menos una parte mínima quede para inversión en infraestructura y programas sociales.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 23 de agosto.
En vísperas del Informe que será entregado por escrito y siguió al que no se dio hace un año con Vicente Fox, las ataduras de la ortodoxia fiscal que Francisco Gil dejara atadas y bien atadas obligan a presentar el amargo subejercicio del gasto público como logro de la disciplina, prolongación del portento que reduce el déficit fiscal para aproximarlo al cero anhelado. Pero el crecimiento de la economía apenas supera 2 por ciento, el del empleo es de cero, nulo en términos reales. Y al filo de la era del conocimiento el gobierno invierte cada vez menos en educación, y a pesar de logros y reconocimientos 80 por ciento de jóvenes en edad de recibir educación media y superior no tienen acceso a las aulas. ¿Dónde está el Estado?, pregunta Juan Ramón de la Fuente, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
León García Soler, “A la mitad del foro”, La jornada, 2 de septiembre.
No se crea que el problemón ha surgido nada más de la mengua de los mantos petroleros: la administración panista precedente, la del señor Fox, en épocas de vacas gordas, incrementó el gasto corriente del gobierno mexicano en un ¡45 por ciento real!
Y allí no acaban los problemas: Pidiregas, las costosas deudas asumidas por el Estado para financiar proyectos de inversión y las hambrientas pensiones (que necesitan 60 mil millones de pesos adicionales cada año) se sumarán a la presión sobre las finanzas del gobierno. No es casual pues, que la suma de las propuestas de reforma fiscal hechas por Hacienda, intenten nada más que compensar estos pesos muertos y cubrir, al finalizar el sexenio, el monumental agujero que ya se empieza a vislumbrar, equivalente al 3 por ciento del PIB.
Ricardo Becerra, Crónica, 3 de septiembre.
El mayor porcentaje de ampliación del gasto público se destina a inversión que aumenta de 2.5 a 4 por ciento del PIB, con énfasis en gasto educativo, salud, fortalecimiento del Programa de Oportunidades, además de infraestructura. El 40 por ciento del ingreso recaudado se dirige a los estados en 80 por ciento y municipios 20 por ciento. Por otra parte, la coordinación del PRI en la Cámara de Diputados, a cargo de Emilio Gamboa, y la del PAN, que coordina Héctor Larios, tienen listos los dictámenes relacionados con la reforma tributaria. Éstos generarían ingresos estimados en 2.3 por ciento del PIB, derivados de la introducción del ITU y el ICI, así como el de la reforma al régimen fiscal de Pemex por 0.7 por ciento del PIB, que se resta a los ingresos federales.
Les comento que los dictámenes están casi listos en las comisiones de Hacienda de ambas cámaras que encabezan el priista Jorge Estefan en la de Diputados y el panista Gustavo Madero en la de Senadores, y han sido consensuados con legisladores de otras comisiones de ambas cámaras, gobernadores y representantes de los sectores privado social, sólo que su aprobación está sujeta a que el PAN y, en concreto, el presidente Felipe Calderón acepten el cambio de las reglas políticas inscritas en la constitución para ganar el poder.
Alicia Salgado, “La chequera”, El Financiero, 7 de septiembre.
El destino de los recursos recaudados es otro de los problemas. El senador Madero dice que irán a los que menos tienen, pero el diputado Christian Martín Lujano no habló de eso cuando presentó la iniciativa, un día antes. Los recursos serán para las entidades federativas, según la propuesta de la fracción del PAN en la Cámara baja.
Algunos afirman que esto es un ejemplo de federalismo fiscal. Más bien parece una parodia del mismo. Se les regala a los gobernadores 2 mil millones de dólares para que apoyen una reforma que se atoró. Los que legislan están regalando algo que no les pertenece y que no se compensa con el supuesto costo político porque casi nadie asume responsabilidad concreta por sus actos. Esto no es como Robin Hood, sino lo contrario. Quita a los pobres para no tener que cobrar a los que más tienen: Hood Robin.
Luis Miguel González, “Caja fuerte”, Milenio, 7 de septiembre.
De la moneda en el aire depende que México pueda enfrentar la enorme deuda social que mantiene con más del 40% de la población mexicana ubicada en los diferentes niveles de pobreza.
O que continúe ensanchándose la brecha entre los pobres y ricos.
La reforma económica permitiría un crecimiento de 3.7% del Producto Interno Bruto el próximo año.
Sin reforma crecería en 3.5 por ciento.
Aunque la diferencia parece mínima, lo cierto es que la reforma potencializaría el crecimiento económico de los siguientes años.
Sin reforma, el crecimiento económico de México seguiría atado al crecimiento económico de Estados Unidos, cuyos escenarios más optimistas plantean una fuerte desaceleración económica.
Con reforma, México tendría por primera vez en la historia moderna una mayor independencia respecto de la economía de Estados Unidos.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 10 de septiembre.
Mucha gente se pregunta qué puede pasar si no hay reforma fiscal, entendiendo por tal un aumento en el cobro de impuestos, que le permita al gobierno seguir gastando como hasta ahora y, si el incremento en la recaudación es suficiente, gastar un poco más. ¿Qué puede pasar si no hay reforma fiscal? Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda ya anunció que, en materia de Ley de Ingresos, para el 2008, tiene un plan A, con reforma, y por lo tanto, con más recaudación, y otro plan, el B, sin reforma y, por ello, sin más recursos.
Si no hay reforma fiscal, ¿no habrá reforma fiscal? No necesariamente, sobre todo si aceptamos que la reforma fiscal debe ser, antes que tributaria, presupuestaria. Que la reforma fiscal sea tributaria, o principalmente tributaria, quiere decir que las tres preguntas importantes son: qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, y a quién cobrárselos, con un fin, sino único, sí principal: que el gobierno cuente con más recursos. Por el contrario, que la reforma fiscal sea, antes que tributaria, presupuestaria, quiere decir que las tres preguntas importantes son: en qué gasta el gobierno, cuánto gasta el gobierno y cómo gasta el gobierno. Insisto: la reforma fiscal correcta, antes que tributaria, debe ser presupuestaria, y si no lo es los contribuyentes debemos oponernos a que se nos cobre un centavo más de impuestos, ya que, mientras no se revise a fondo en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno, poner un centavo más en sus manos sería tanto como mecerle dinero bueno al malo, algo a lo que los contribuyentes debemos oponernos.
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 10 de septiembre.
Ahora bien, si no hay reforma fiscal, entendida, como la entiende la mayoría de la gente, como un aumento en el cobro de impuestos (reforma fiscal principalmente tributaria), bien puede darse el caso, ¡sobre todo si se actúa con responsabilidad!, de que el gobierno se vea en la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal desde el punto de vista presupuestario, y tenga que revisar, con más cuidado del normal, y con el propósito de meter más tijera que la de costumbre, en qué, cuánto y cómo gasta, dándose cuenta, suponiendo que no se la hayan dado todavía, que muchas veces gasta en lo que no debería, razón por la cual gasta de más, sin olvidar que, muchas veces, gasta de mala manera. En una de esas, si se hace bien, los resultados pueden ser mejores de los que se lograrían con la típica reforma fiscal tributaria.
Claro que al gobierno le resulta menos complicado aumentar sus ingresos que reducir sus gastos, y ello por una razón muy sencilla: la probabilidad de que los contribuyentes respinguen es menor que la probabilidad de que lo hagan aquellos presupuestívoros a quienes se les recorte, o de plano se les elimine, su partida presupuestal, y ello, a su vez, por otra razón sencilla de entender, que tiene que ver con la capacidad de pataleo de unos y otros: los contribuyentes son más, muchos más, que los presupuestívoros, y siempre es más fácil que se organicen los pocos a que lo hagan los muchos.
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 10 de septiembre.
El hecho de condicionar la reforma hacendaria a la política es, a todas luces, un despropósito del chantaje político. Sin los cambios fiscales el gobierno no podrá destinar 80,000 millones a rubros tan importantes como 29,000 millones de pesos a inversiones de Pemex; 16,000 millones a carreteras; 7,500 millones para disminuir la tarifa eléctrica a 3 millones de empresas; 4,000 millones de pesos para fortalecer policías municipales.
Con la reforma política buscan consolidar el tripartidismo en contra de la ciudadanía. Plantean cerrar la puerta a las candidaturas ciudadanas y acabar con los partidos pequeños y devastar al IFE, uno de los grandes logros de la ciudadanía.
Quieren, además, un árbitro que trabaje para ellos. Imagine por un momento que un monopolio pudiera crear sus propias normas de competencia.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 12 de septiembre.
Transferir más de 150 mil millones de pesos de la sociedad al gobierno implica reducir el consumo de los hogares y las posibilidades de inversión para las empresas. Este sacrificio tendría sentido si el gobierno utilizara ese dinero para invertir en infraestructura pertinente a costo justo o en la mejora de los servicios públicos.
No hay garantías de que será así. Si nos remitimos a la historia, podemos prever que los recursos adicionales se convertirán en mayor gasto corriente y despilfarro. Si contemplamos los compromisos del gobierno para los próximos años, debemos considerar que también habrá toneladas de dinero para tapar los agujeros que han dejado los contratos colectivos en Luz y Fuerza, IMSS, Pemex e ISSSTE.
Luis Miguel González, “Caja fuerte”, Milenio, 14 de septiembre.
La austeridad demanda que el gobierno gaste, no solamente de manera distinta, ni siquiera de mejor manera, sino menos, para lo cual se requiere que elimine partidas enteras de gasto. ¿Cuáles? Todas las relacionadas con las tareas que lleva a cabo, no como gobierno, sino como ángel de la guarda, que pretende preservarnos de todos los males, y como hada madrina, que pretende concedernos todos los bienes, y que violan la libertad y/o la propiedad de la persona. Vistas así las cosas sobra tela de donde cortar.
La austeridad debe traducirse en menos y menores impuestos y, por lo tanto, en un mayor ingreso disponible para las personas, algo que, ¡ni por error!, han propuesto, ni los integrantes del Poder Ejecutivo, ni los representantes del Legislativo, todos ellos convencidos de que un futuro mejor depende de que ellos gasten más y nosotros menos, lo cual es, por decir lo menos, mucho suponer. ¿O no?
¿Austeridad? ¡Sí, cómo no!
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 14 de septiembre.
Y es que el gobierno de Calderón está planteando que si se aprueba la reforma hacendaria, se destine el 76% de los recursos que se capten a obras de infraestructura, sobre todo carreteras, presas, infraestructura energética —que incluye la posibilidad de reducir el precio de la electricidad para uso industrial, que está muy por arriba de los precios internacionales— y que redundarían en una mayor competitividad del país.
La reforma hacendaria permitiría destinar recursos para satisfacer necesidades sociales en materia de educación y de atención a la salud.
Es decir, la reforma hacendaria, aunque no es la reforma fiscal integral que requiere el país, sí permitiría sustanciales avances a la economía nacional.
Adicionalmente, sería un paso para avanzar hacia un esquema fiscal basado en impuestos al consumo.
Con todo y las modificaciones que le harán los legisladores, es mejor esta propuesta que seguir sin ella.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 10 de septiembre.
Que la reforma fiscal permitirá aumentar de manera significativa el gasto público en materia de infraestructura y combate a la pobreza.
La realidad es que los recursos adicionales que se van a captar y que van a poder ser usados por el Gobierno federal van a tener que asignarse a las obligaciones crecientes en materia de pago a pensiones y a la deuda derivada de los Pidiregas. En los estimados de Hacienda, los requerimientos financieros totales del sector público serán en el 2012 de 4.3 por ciento del PIB, cuando se estiman en 1.7 por ciento para este año. En el mejor de los casos, la reforma fiscal daría 3 por ciento adicional para ese año. Así que el 86 por ciento de los recursos de esta reforma tendrían que destinarse simplemente a cubrir compromisos adquiridos.
Enrique Quintana, “Coordenadas”, Reforma, 14 de septiembre.
Además de lo anterior, hay que tener en cuenta que Hacienda pretende que el gobierno gaste mejor, ¡en lo que ya gasta!, pero en ningún momento propone revisar en qué gasta. Así las cosas, de las tres preguntas importantes por el lado presupuestal —en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno— la propuesta contempla únicamente la última, cómo, quedándose corta. El reto es reducir la cantidad de gasto, pero no porque el gobierno gaste mejor en todo, sino porque ha dejado de gastar en algo. ¿Cuántas tareas lleva a cabo el gobierno que, estrictamente hablando, no son parte de sus funciones naturales?
Por último, en su intención de gastar mejor, ¿se contemplan reformas como sería la sustitución del subsidio a la oferta educativa —por medio del cual el dinero se le da a la escuela pública— por el subsidio a la demanda educativa —por el cual el dinero se le daría a los padres de familia—? En general, ¿se contemplan reformas que permitan que el gobierno garantice, no la oferta de ciertos bienes y servicios, sino su demanda? Porque una cosa es que el gobierno garantice la educación de todos, y otra muy distinta que se convierta en el educador. En el segundo caso garantiza la oferta, en el primero la demanda. ¿De qué estoy hablando? De la reforma presupuestaria, primera parte de cualquier reforma fiscal correcta.
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 11 de julio.
Existe una demanda amplia, y justa, en otros dos sentidos: primero, que el gobierno federal (y asumiendo el alto porcentaje de recaudación que iría a los estados, también las administraciones locales) realice un verdadero ajuste al gasto público. También se demanda mayor claridad con respecto a en qué se gastarán esos recursos: está bien que se diga que la reforma hacendaria se hace en beneficio de los pobres y se presione, sobre todo, a los sectores de mayores ingresos, mas ello no evita la pregunta acerca de en qué se van a gastar los mismos. El gobierno federal anunciará en estos días el plan nacional de infraestructura, que contendrá muchos de esos elementos, pero quizás habría que colocar aún más el acento en tales temas.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 13 de julio.
Porque según él, dicha "reforma" fiscal servirá para, entre muchísimas otras cosas (agárrense, porque la lista es larga): generación de empleo; incremento de la inversión, nacional y extranjera; pagar la deuda social; distribuir la riqueza y el ingreso; fomentar a las exportaciones; finanzas públicas mucho menos dependientes de los recursos petroleros; combatir la pobreza; justicia social; desarrollo y crecimiento económicos; infraestructura social, económica, de comunicaciones, salud, educación, drenaje, agua potable, la competitividad y la productividad; recursos suficientes para escuelas y hospitales; acabar con los privilegios en el sistema tributario; fondos para el estado de México y el Distrito Federal; ídem para todos los estados de la República; tren suburbano en la zona metropolitana que la colocará a la altura de las urbes más modernas del mundo; más obras de infraestructura en el valle de México; tarifas eléctricas más justas para la población y más competitivas para la industria; supercarreteras; servicios más elementales para la población; disminuir la brecha de la desigualdad; superar lacerantes rezagos; liberar recursos públicos para programas sociales; construir un México más justo, un México mejor; solidaridad entre las mexicanas y los mexicanos; trabajar en favor de los que menos tienen; transformar sustancialmente la lucha contra la pobreza y la desigualdad; acelerar el paso en el compromiso que todos tenemos por la justicia, porque no hay calidad sin justicia; disminuir las diferencias que separan a México; cerrar de una vez la brecha de México con ese México agraviado, con ese México olvidado, con ese México de la pobreza que marca toda la geografía nacional; construir el México unido que todos queremos; transparencia y eficiencia en el gasto público; y desde luego el gasto destinado al campo... más lo que se acumule en el próximo discurso
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 14 de julio.
Si a lo anterior sumamos la oferta del operador de la "reforma", Agustín Carstens, tenemos: un andamiaje moderno acorde a los desafíos del desarrollo sostenible que enfrentará México en ésta y las próximas décadas; una hacienda más justa, en la que nadie se sienta desatendido o agraviado, más fuerte para combatir la pobreza y tener un desarrollo sostenible, más eficaz para satisfacer oportunamente las necesidades de la gente, y más transparente para que el gobierno rinda cuentas puntuales y claras a los ciudadanos acerca del uso de los recursos públicos; mejorar sustancialmente el ejercicio del gasto público y la rendición de cuentas de acuerdo con resultados; establecer las bases de un nuevo federalismo fiscal que acerque la Hacienda a las necesidades diarias y más acuciantes de la población; terminar con privilegios fiscales, combatiendo la evasión y la elusión fiscales, y fortalecer la recaudación de ingresos tributarios para que el gobierno pueda hacer frente a las necesidades de un desarrollo sostenible, sin perder competitividad y, especialmente, para que pueda cumplir con la deuda social que tiene pendiente con millones de mexicanos que padecen condiciones de pobreza y que están en desventaja notoria respecto de los mexicanos más favorecidos
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 14 de julio.
Poco se ha hablado en el debate que ha surgido en torno a la reforma fiscal presentada por el presidente Felipe Calderón respecto del tema de gasto. El proyecto hacendario enviado a la Comisión Permanente contiene una sustancial parte de propuestas relacionadas con el ejercicio del presupuesto, con su evaluación y comprobación que merecen especial atención y análisis.
Centrados en la polémica que toda reforma impositiva genera, analistas, legisladores y especialistas han dejado de lado la revisión de las reformas constitucionales y legales que se proponen en el tema presupuestal. De aprobarse estas modificaciones, resultarán fundamentales en el fondo y en la forma con la cual se ejerce, se comprueba y se revisa la eficacia del gasto en México.
Rogelio Carvajal, Crónica, 16 de julio.
La exposición de motivos de la iniciativa señala que bajo el esquema se impulsarán la inversión y el crecimiento de la economía, lo que permitiría no sólo mantener los empleos existentes, sino generar nuevos.
El primer objetivo se alcanzaría vía una disminución de 100 mil millones de pesos del gasto corriente previsto para 2008, estableciéndose un régimen de austeridad y supresión de privilegios, además de combatir frontalmente la corrupción en todos los niveles de gobierno.
Más aún, se propone etiquetar 100% de los nuevos ingresos —500 mil millones de pesos, según el cálculo del Frente Amplio Progresista— para inversiones e infraestructura, energía y desarrollo regional y social.
La intención concreta es evitar que se dilapide la riqueza petrolera, al tiempo de estimular el crecimiento de la economía y el empleo, además de reducir las desigualdades extremas.
En refuerzo del escenario, se plantea combatir la discrecionalidad gubernamental en la asignación del gasto y garantizar el acceso del Congreso a la información fiscal, en afán de que “mediante un control y colaboración entre poderes y de investigación en su caso, se pueda profundizar en la información, transparencia, evaluación de la eficiencia recaudatoria, en la gestión del SAT y en las funciones propias de fiscalización”.
Bajo esa misma ruta, adicionalmente, se presentará una iniciativa de ley para establecer limitaciones severas y sanciones a quienes utilicen el gasto público para financiar campañas de publicidad en favor de funcionarios y sus partidos políticos.
La justificación general habla de un abultado gasto corriente que alimenta los exagerados sueldos de la alta burocracia y un gasto social de baja calidad y dudoso impacto, para aparentar un equilibrio fiscal que justifique las metas de inflación.
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 16 de julio.
El tercer elemento tiene que ver con la dirección del gasto. En principio de los 180 mil millones que podrían recaudarse con la CETU, una tercera parte se iría a Pemex, sin afectar participaciones a estados y municipios, y del resto la negociación se centrará, por un lado, en proyectos de inversión de infraestructura con impacto estatal y municipal, y en aumentar el gasto en los fondos generales y especiales de asignación del gasto federal en estos dos últimos órdenes de gobierno.
Este último será el tema crucial, por ello se explica la definición de los compromisos del Plan Maestro de Infraestructura de 2.8 billones de pesos que presentará el presidente Calderón este miércoles, pues conociendo obras y compromisos, los empresarios aceptarán pagar impuestos y los legisladores aprobar la reforma. Toma y daca, es la ley de la negociación básica.
Alicia Salgado, “La chequera”, El Financiero, 18 de julio.
Hoy Felipe Calderón presenta el Plan Maestro de Infraestructura y se podría decir que pocas cosas son más ridículas que “tapar el pozo después de ahogado el niño”, aunque en el caso de Pemex nunca estarán de sobra las acciones preventivas y de seguridad a cargo del general Miguel Estrada. Pero más peligrosa que los ataques del “EPR Reloaded” es la creciente importación de gasolina (42 por ciento del consumo nacional) que ha llevado a que la paraestatal a cargo de Jesús Reyes Heroles esté obligada a invertir cerca de 17 mil 500 mil millones de dólares en los próximos seis años para ampliar la producción de combustibles y reducir a 15 por ciento la dependencia externa.
La dirección de Pemex Refinación, a cargo de José Antonio Ceballos, tiene ubicada la necesidad de construir una nueva refinería, que se ubicaría en Tuxpan, para procesar 300 mil barriles diarios de crudo y que implicaría invertir 5 mil millones de dólares. A ello se agrega la urgente reconfiguración de las refinerías de Salamanca, Salina Cruz, Minatitlán, Madero y Tula con un costo cercano a 2 mil 500 mil millones de dólares por unidad.
Ante esa magnitud de dinero sólo es posible imaginar también una urgente reforma fiscal.
Mauricio Flores, “Gente detrás del dinero”, Milenio, 18 de julio.
Hay un punto sobre el que los priistas llaman la atención. La necesidad de que el gobierno federal firme un acuerdo a largo plazo —se habla de cinco años— en el que se comprometa públicamente a informar en qué va a utilizar los 200 mil millones de pesos adicionales que, se estima, recaudará con la reforma fiscal.
La condición es que ni un solo peso vaya al gasto corriente.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 18 de julio.
Lo más gracioso del caso es que por aquellos acalorados días previos a la elección presidencial de 2006 los barones mandaron decir a sus enjundiosos voceros que procederían con una "huelga fiscal" si Andrés Manuel López Obrador resultaba vencedor en los comicios del 2 de julio. No llegó, pero hoy, sin peje en Los Pinos y tras la "reforma" calderonista, los mismos amenazan con una "lluvia de amparos" si la ya famosa CETU (contribución empresarial de tasa única) es aprobada por el Congreso.
Se niegan a pagar impuestos, pero los grandes empresarios ya se frotan las manos con el apetitoso cuan irreal Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, y sus jugosos contratos, que ayer pomposamente hizo público el inquilino de Los Pinos. Y de entrada resulta irreal, porque la catarata de dinero en él involucrado -así sea retóricamente- tiene como base la misma "reforma" fiscal que mayoritariamente ha recibido un contundente no como respuesta de los que ahora se frotan las manos.
Carlos Fernández Vega,”México SA”, La Jornada, 19 de julio.
El inquilino de Los Pinos explicó que el "escenario base" del referido programa "parte del supuesto de que se apruebe la reforma hacendaria (...), de cuya recaudación adicional mi gobierno piensa destinar por lo menos la mitad a gasto en infraestructura... de esta manera, el gasto público en el rubro aumentaría cuando menos (...) 100 mil millones de pesos anuales... también se crearían por lo menos 700 mil nuevos empleos adicionales a lo largo del sexenio, generados directa o indirectamente por la inversión en infraestructura... este programa provee en su escenario básico una inversión de poco más de dos billones 500 mil millones de pesos en el periodo 2007-2012" (en el mejor de los casos el dinero provendría al 50 por ciento de iniciativa privada y gobierno).
Eso sí, se dijo "consciente" de que "existe la posibilidad" que el Congreso no apruebe su propuesta fiscal, y si ello sucediera "tendríamos que plantearnos un escenario inercial que parte de la premisa de que las finanzas públicas se quedarían como están... sin reforma hacendaria, la inversión en infraestructura registraría una tendencia decreciente, ya que el gobierno tendría que destinar año con año cada vez mayores recursos a las crecientes pensiones en curso de pago, y además pagar las inversiones realizadas en el pasado a través de los Pidiregas... en este escenario, se estima que la inversión en infraestructura disminuya, quedando en poco más de un billón 600 mil millones de pesos para el resto de la administración".
Cualquiera de los dos escenarios descritos es posible, de allí la genialidad del gobierno calderonista: si el "escenario base" no funciona y el "inercial" es peor del previsto, para eso existen las neuronas y una tercera posibilidad denominada "escenario sobresaliente" ("evidentemente el que más beneficios traería a los mexicanos", Calderón dixit): privaticemos lo poco que nos queda.
¿Cómo? Facilísimo: con una "secuencia de reformas estructurales exitosas en los planos laboral, energético o de telecomunicaciones", es decir, lo mismo que ha hecho el gobierno en sus cuatro presentaciones previas (de MMH a VFQ, a lo largo de los últimos 25 años) y que mantiene al país estancado.
Carlos Fernández Vega,”México SA”, La Jornada, 19 de julio.
El presidente Calderón presentó ayer una de las razones de más peso y trascendencia para que los congresistas aprueben la iniciativa de reforma hacendaria que les envió: el Programa Nacional de Infraestructura para el periodo 2007-2012, sujeto a la recaudación fiscal que se propone alcanzar por ese medio.
El ambicioso programa de renovación y ampliación de infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria, y la construcción de tres nuevas terminales aéreas, en el que se prevé una inversión de 2 billones 500 mil millones de pesos, tendrá una profunda y positiva repercusión para el país y la sociedad.
Esas obras, posibles únicamente si el Poder Legislativo da al Ejecutivo la oportunidad de captar los recursos que se propone en la reforma tributaria que se halla en proceso de discusión y análisis, beneficiarán de muchas maneras, directa o indirectamente, a millones de personas.
Al permitir que en el país continúen incrementándose las inversiones por la creación del entorno al que esas importantes obras abonarían, su crecimiento, producción, productividad, exportaciones y captación de divisas también mejoraría.
La reafirmación de ese círculo virtuoso se reflejaría constantemente en la apertura de nuevos centros de trabajo y de más plazas de empleo, lo que a su vez potenciaría otros factores de movilidad social, como la educación, la cultura y la ciencia y la tecnología.
Como se la vea y en cualquier lenguaje que se la nombre, esa búsqueda se llama bienestar, propósito que el Presidente no ha abandonado ni parece dispuesto a soslayar.
De ahí su insistencia en todos los foros de que se apruebe su proposición de reforma, pues sin esa palanca no habrá posibilidades de hacer mucho más por la gente que lo necesita. El país entraría en una situación lamentable de estancamiento. Y a éste sigue naturalmente el hundimiento.
Oscar Mario Beteta, “En petit comité”, Milenio, 19 de julio.
La memorable aportación de Zhenli Ye Gong a la picaresca nacional fue retomada el miércoles por Felipe Calderón, cuando en la presentación del Programa Nacional de Infraestructura advirtió que la inversión de 2.5 billones de pesos en obras estratégicas depende de la reforma fiscal elaborada por Agustín Carstens y cuyo eje de rotación es la Contribución Empresarial a Tasa Única.
Se trato del ya clásico “coopelas o cuellos” para los empresarios: “¿Quieren mejores puertos, carreteras decentes y aeropuertos viables para hacer negocios? Pues paga más aunque ya seas contribuyente cautivo”, fue el mensaje a las réplicas de Armando Paredes del CEE y Claudio X. González en el CMHN para reducir de 16 a 12 por ciento la CETU.
Claro, si el nuevo gravamen fuera tan bueno como la manzanilla nadie estaría alarmado. De hecho en la SHCP, a la callada, reconocen excesos a corregir en esquema que pretende “capturar” a evasores y evasores. Le adelanto una corrección: deducibilidad inmediata a 100% de las inversiones en activo fijo.
Mauricio Flores, “Gente detrás del dinero”, Milenio, 20 de julio.
El gobierno arrancará un ambicioso plan de inversiones, anunció esta semana el presidente Calderón, denominado Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, que contempla proyectos en las áreas de energía, comunicaciones y transportes y telecomunicaciones, en los que se invertirán 2 billones y medio de pesos. La inversión será hecha mancomunadamente por el gobierno federal, que por supuesto se reservará las áreas exclusivas del sector público, y la iniciativa privada, que obviamente se concentrará, no en forma total pero si mayoritaria, en áreas en las que la participación privada está permitida por la ley.
En el área de energéticos, de su exclusiva competencia, el gobierno hará la inversión total, un billón y medio de pesos. Pero en el renglón de comunicaciones y transportes permitirá que el 66 por ciento de la inversión, 496 mil millones de pesos, sean aportados por empresarios privados. En el sector de telecomunicaciones, la inversión particular será casi el total requerido, el 93 por ciento, 264 mil millones de pesos.
Felipe Díaz Garza, Reforma, 21 de julio.
En este marco idílico el gobierno permitirá al empresariado mexicano asociarse con el Estado para que ambos sectores alcancen juntos felizmente metas que parecerían ser discordantes, las sociales del gobierno y las económicas de los empresarios. Eso siempre y cuando, señaló Calderón, sea aprobada la reforma fiscal, a la que los empresarios, los principales socios del gobierno en el ambicioso proyecto calderonista, se han opuesto enfáticamente en los últimos días, particularmente en lo referente a la CETU.
Si no hay reforma no habrá socio gubernamental, lo que es igual a que no habrá tampoco socio particular, pues el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 es un proyecto gubernamental, aunque favorezca la inversión de los empresarios particulares. Sin gobierno no hay proyecto, pues, y sin dinero de la CETU no hay gobierno en el proyecto. Y, si no hay proyecto ni gobierno, tampoco habrá empresarios asociados con el gobierno en el proyecto. A no ser, apuntó el presidente Calderón en una acotación estilo Elba Esther Gordillo, que los empresarios dejen de lado su díscola actitud contra la elevación de impuestos y el gobierno (Felipe Calderón para ser precisos) logre la aprobación de su propuesta de reforma fiscal, a la que definió como sine qua non de la inversión privada en los negocios públicos.
Felipe Díaz Garza, Reforma, 21 de julio.
Y si me atrevo a referirme en forma tan irreverente a la acotación presidencial es porque su enfoque me sonó extorsionador y amenazante, como Elba Esther Gordillo me suena siempre que habla. No es que me asuste porque Calderón habló feo, ni que crea que se asusten los empresarios amenazados, tan bravos o más que yo. Pero francamente me parece inapropiado que el Presidente amenace a los empresarios mexicanos con que no los va a dejar hacer negocios con el gobierno... a no ser que lo apoyen, primero, para cobrarles a ellos mismos más impuestos, y luego, que se los paguen sin rechistar, se me hace muy desagradable.
Sobre todo porque ahora que los empresarios españoles le echaron cacayacas sobre el mismo tema al presidente Calderón, delante del presidente Zapatero, Felipe no les dijo ni lo mínimo que debió decirles, que si no les gustaba la Riviera Maya, que se fueran para su casa.
Pero todavía más feo se me hace lo que queda implícito, y ello es que si apoyan la reforma fiscal y luego pagan los impuestos, el gobierno ayudará a los emprendedores mexicanos a hacer negocios en los que recuperarán con creces lo que hayan pagado en impuestos y trascenderán graciosamente las pérdidas de figura y de efectivo que les haya ocasionado el apoyo al gobierno y a su Presidente.
Felipe Díaz Garza, Reforma, 21 de julio.
Por eso, en el debate actual es posible encontrar acuerdos. Nadie puede estar en contra de un sistema tributario solidario, equitativo y adecuado a las necesidades del país, que proteja a los que menos tienen al mismo tiempo que acaba con los privilegios que han afectado de manera colosal la hacienda pública. Ése es el tipo de reforma que es necesario construir. El paso hay que darlo porque una política de gasto público con prioridades productivas y sociales requiere ineludiblemente de una verdadera reforma fiscal que garantice el aumento de los ingresos. Pero dicho esquema tendría que consolidarse a partir de acentuar el carácter progresivo del impuesto sobre la renta, ampliar la base de contribuyentes, combatir la evasión fiscal y simplificar los trámites. El acuerdo es posible. La receta es sencilla: el diálogo y la participación incluyente, como en esa ocasión nos lo demostró la UNAM
Rosario Robles, Milenio, 28 de julio.
Mientras la política social del gobierno no se refleje en menor pobreza entre los mexicanos, cualquier propuesta de reforma fiscal compartirá el mismo grado de rechazo y desconfianza hacia una política económica que no refleja sus beneficios “macros” en la mesa de los mexicanos.
En síntesis, más que una explicación propagandística sobre el “impacto social” de la CETU, necesitamos una reforma fiscal sustentada en un “pacto social”. Un pacto donde las necesidades del ciudadano común (empleo, educación, salud y pensiones) estén por encima de los requerimientos del Estado de excepción fiscal (pidiregas, rescates, burocracia) que nos ha dejado dos décadas de ineficaces políticas económicas neoliberales.
Ricardo Monreal, Milenio, 31 de julio.
Dicen que la esperanza muere al último para lograr que se emitan los dictámenes de la reforma hacendaria antes del martes. También hay un compromiso de los representantes del presidente Felipe Calderón de que todos los recursos que se obtengan de la reforma se destinen a inversión, gasto en salud y educativo con un esquema de compromiso definido que pueda incorporarse en paralelo a la integración del presupuesto que está corriendo. El dictamen es pretexto, pues la negociación ya tiene consensos claros.
Alicia Salgado, “La chequera”, El Financiero, 10 de agosto.
Para quienes todavía albergaban alguna duda de que la "Reforma Hacendaria por los que menos tienen" ya "está cocinada", ayer nuevamente el "jefe de jefes", o sea, el senador Manlio Fabio Beltrones, se refirió al asunto. "Vamos a aprobar las iniciativas fiscales, incluida la CETU, sólo si se hacen diversas modificaciones que no afecten el empleo, que no disminuyan la competitividad de México; y también si buena parte de los recursos van al rescate de Pemex; y si se impulsa un gasto con mayor destino al crecimiento económico, un gasto con responsabilidad." Bueno, eso ya lo prometió el propio secretario de Hacienda.
Luis Soto, “Agenda confidencial”, El Financiero, 14 de agosto.
El coordinador de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, quiso demostrarle al doctor Agustín Carstens por qué le dicen El Diablo; aprovechó dos expresiones del secretario (la de "desmitificar el gasto corriente" y "darle gasolina para financiar las políticas del gobierno federal"), no tanto para reclamarle sino para "lucirse" y de paso darles la nota a los medios de comunicación.
"México tiene hambre", dijo cínicamente Beltrones, y si no se reorienta el destino del presupuesto, la gasolina que tanto pide la Secretaría de Hacienda "sólo va a servirle para que se incendie el país". Lo que no explicó Manlio Fabio es que fueron los priistas que gobernaron al país durante más de 70 años quienes no sólo dejaron "hambrienta" a la mayoría de la población, sino también "desarrapada". Antes (o después, pues para el caso da lo mismo), el coordinador de los senadores priistas había "denunciado" que "el mayor uso de los recursos a los que tuvo acceso la anterior administración (la del ‘cambio sin rumbo’, acota el columnista) fue a parar a lo que se ha dado en llamarse gasto corriente y yo no creo que el gasto corriente sea un mito, ya es una leyenda en México, y una leyenda auténtica y perniciosa si no la detenemos". Una leyenda creada y alimentada por el mismo PRI, le faltó decir al Jefe de jefes.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 17 de agosto.
Habrá que ver cuál es el costo político de esta reforma. No hay duda de que es fundamentalmente recaudatoria. El mayor costo inmediato recae sobre las empresas; pero subir la carga fiscal a éstas repercutirá en incrementos en los precios o en una menor inversión y creación de empleos. La verdad es que no hay mayor carga fiscal que no termine pagando, tarde o temprano, el ciudadano común y corriente.
Una parte importante de lo que se recaude con este aumento de impuestos se irá a cubrir los crecientes costos por pensiones de los trabajadores del sector público y los Pidiregas que empiezan a vencerse. Otra cubrirá la previsible disminución en los ingresos petroleros por el agotamiento de Cantarell. El impuesto a los combustibles nutrirá a los gobiernos estatales, que no tienen muy buen historial en el manejo del gasto público. Esperemos que cuando menos una parte mínima quede para inversión en infraestructura y programas sociales.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 23 de agosto.
En vísperas del Informe que será entregado por escrito y siguió al que no se dio hace un año con Vicente Fox, las ataduras de la ortodoxia fiscal que Francisco Gil dejara atadas y bien atadas obligan a presentar el amargo subejercicio del gasto público como logro de la disciplina, prolongación del portento que reduce el déficit fiscal para aproximarlo al cero anhelado. Pero el crecimiento de la economía apenas supera 2 por ciento, el del empleo es de cero, nulo en términos reales. Y al filo de la era del conocimiento el gobierno invierte cada vez menos en educación, y a pesar de logros y reconocimientos 80 por ciento de jóvenes en edad de recibir educación media y superior no tienen acceso a las aulas. ¿Dónde está el Estado?, pregunta Juan Ramón de la Fuente, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
León García Soler, “A la mitad del foro”, La jornada, 2 de septiembre.
No se crea que el problemón ha surgido nada más de la mengua de los mantos petroleros: la administración panista precedente, la del señor Fox, en épocas de vacas gordas, incrementó el gasto corriente del gobierno mexicano en un ¡45 por ciento real!
Y allí no acaban los problemas: Pidiregas, las costosas deudas asumidas por el Estado para financiar proyectos de inversión y las hambrientas pensiones (que necesitan 60 mil millones de pesos adicionales cada año) se sumarán a la presión sobre las finanzas del gobierno. No es casual pues, que la suma de las propuestas de reforma fiscal hechas por Hacienda, intenten nada más que compensar estos pesos muertos y cubrir, al finalizar el sexenio, el monumental agujero que ya se empieza a vislumbrar, equivalente al 3 por ciento del PIB.
Ricardo Becerra, Crónica, 3 de septiembre.
El mayor porcentaje de ampliación del gasto público se destina a inversión que aumenta de 2.5 a 4 por ciento del PIB, con énfasis en gasto educativo, salud, fortalecimiento del Programa de Oportunidades, además de infraestructura. El 40 por ciento del ingreso recaudado se dirige a los estados en 80 por ciento y municipios 20 por ciento. Por otra parte, la coordinación del PRI en la Cámara de Diputados, a cargo de Emilio Gamboa, y la del PAN, que coordina Héctor Larios, tienen listos los dictámenes relacionados con la reforma tributaria. Éstos generarían ingresos estimados en 2.3 por ciento del PIB, derivados de la introducción del ITU y el ICI, así como el de la reforma al régimen fiscal de Pemex por 0.7 por ciento del PIB, que se resta a los ingresos federales.
Les comento que los dictámenes están casi listos en las comisiones de Hacienda de ambas cámaras que encabezan el priista Jorge Estefan en la de Diputados y el panista Gustavo Madero en la de Senadores, y han sido consensuados con legisladores de otras comisiones de ambas cámaras, gobernadores y representantes de los sectores privado social, sólo que su aprobación está sujeta a que el PAN y, en concreto, el presidente Felipe Calderón acepten el cambio de las reglas políticas inscritas en la constitución para ganar el poder.
Alicia Salgado, “La chequera”, El Financiero, 7 de septiembre.
El destino de los recursos recaudados es otro de los problemas. El senador Madero dice que irán a los que menos tienen, pero el diputado Christian Martín Lujano no habló de eso cuando presentó la iniciativa, un día antes. Los recursos serán para las entidades federativas, según la propuesta de la fracción del PAN en la Cámara baja.
Algunos afirman que esto es un ejemplo de federalismo fiscal. Más bien parece una parodia del mismo. Se les regala a los gobernadores 2 mil millones de dólares para que apoyen una reforma que se atoró. Los que legislan están regalando algo que no les pertenece y que no se compensa con el supuesto costo político porque casi nadie asume responsabilidad concreta por sus actos. Esto no es como Robin Hood, sino lo contrario. Quita a los pobres para no tener que cobrar a los que más tienen: Hood Robin.
Luis Miguel González, “Caja fuerte”, Milenio, 7 de septiembre.
De la moneda en el aire depende que México pueda enfrentar la enorme deuda social que mantiene con más del 40% de la población mexicana ubicada en los diferentes niveles de pobreza.
O que continúe ensanchándose la brecha entre los pobres y ricos.
La reforma económica permitiría un crecimiento de 3.7% del Producto Interno Bruto el próximo año.
Sin reforma crecería en 3.5 por ciento.
Aunque la diferencia parece mínima, lo cierto es que la reforma potencializaría el crecimiento económico de los siguientes años.
Sin reforma, el crecimiento económico de México seguiría atado al crecimiento económico de Estados Unidos, cuyos escenarios más optimistas plantean una fuerte desaceleración económica.
Con reforma, México tendría por primera vez en la historia moderna una mayor independencia respecto de la economía de Estados Unidos.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 10 de septiembre.
Mucha gente se pregunta qué puede pasar si no hay reforma fiscal, entendiendo por tal un aumento en el cobro de impuestos, que le permita al gobierno seguir gastando como hasta ahora y, si el incremento en la recaudación es suficiente, gastar un poco más. ¿Qué puede pasar si no hay reforma fiscal? Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda ya anunció que, en materia de Ley de Ingresos, para el 2008, tiene un plan A, con reforma, y por lo tanto, con más recaudación, y otro plan, el B, sin reforma y, por ello, sin más recursos.
Si no hay reforma fiscal, ¿no habrá reforma fiscal? No necesariamente, sobre todo si aceptamos que la reforma fiscal debe ser, antes que tributaria, presupuestaria. Que la reforma fiscal sea tributaria, o principalmente tributaria, quiere decir que las tres preguntas importantes son: qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, y a quién cobrárselos, con un fin, sino único, sí principal: que el gobierno cuente con más recursos. Por el contrario, que la reforma fiscal sea, antes que tributaria, presupuestaria, quiere decir que las tres preguntas importantes son: en qué gasta el gobierno, cuánto gasta el gobierno y cómo gasta el gobierno. Insisto: la reforma fiscal correcta, antes que tributaria, debe ser presupuestaria, y si no lo es los contribuyentes debemos oponernos a que se nos cobre un centavo más de impuestos, ya que, mientras no se revise a fondo en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno, poner un centavo más en sus manos sería tanto como mecerle dinero bueno al malo, algo a lo que los contribuyentes debemos oponernos.
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 10 de septiembre.
Ahora bien, si no hay reforma fiscal, entendida, como la entiende la mayoría de la gente, como un aumento en el cobro de impuestos (reforma fiscal principalmente tributaria), bien puede darse el caso, ¡sobre todo si se actúa con responsabilidad!, de que el gobierno se vea en la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal desde el punto de vista presupuestario, y tenga que revisar, con más cuidado del normal, y con el propósito de meter más tijera que la de costumbre, en qué, cuánto y cómo gasta, dándose cuenta, suponiendo que no se la hayan dado todavía, que muchas veces gasta en lo que no debería, razón por la cual gasta de más, sin olvidar que, muchas veces, gasta de mala manera. En una de esas, si se hace bien, los resultados pueden ser mejores de los que se lograrían con la típica reforma fiscal tributaria.
Claro que al gobierno le resulta menos complicado aumentar sus ingresos que reducir sus gastos, y ello por una razón muy sencilla: la probabilidad de que los contribuyentes respinguen es menor que la probabilidad de que lo hagan aquellos presupuestívoros a quienes se les recorte, o de plano se les elimine, su partida presupuestal, y ello, a su vez, por otra razón sencilla de entender, que tiene que ver con la capacidad de pataleo de unos y otros: los contribuyentes son más, muchos más, que los presupuestívoros, y siempre es más fácil que se organicen los pocos a que lo hagan los muchos.
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 10 de septiembre.
El hecho de condicionar la reforma hacendaria a la política es, a todas luces, un despropósito del chantaje político. Sin los cambios fiscales el gobierno no podrá destinar 80,000 millones a rubros tan importantes como 29,000 millones de pesos a inversiones de Pemex; 16,000 millones a carreteras; 7,500 millones para disminuir la tarifa eléctrica a 3 millones de empresas; 4,000 millones de pesos para fortalecer policías municipales.
Con la reforma política buscan consolidar el tripartidismo en contra de la ciudadanía. Plantean cerrar la puerta a las candidaturas ciudadanas y acabar con los partidos pequeños y devastar al IFE, uno de los grandes logros de la ciudadanía.
Quieren, además, un árbitro que trabaje para ellos. Imagine por un momento que un monopolio pudiera crear sus propias normas de competencia.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 12 de septiembre.
Transferir más de 150 mil millones de pesos de la sociedad al gobierno implica reducir el consumo de los hogares y las posibilidades de inversión para las empresas. Este sacrificio tendría sentido si el gobierno utilizara ese dinero para invertir en infraestructura pertinente a costo justo o en la mejora de los servicios públicos.
No hay garantías de que será así. Si nos remitimos a la historia, podemos prever que los recursos adicionales se convertirán en mayor gasto corriente y despilfarro. Si contemplamos los compromisos del gobierno para los próximos años, debemos considerar que también habrá toneladas de dinero para tapar los agujeros que han dejado los contratos colectivos en Luz y Fuerza, IMSS, Pemex e ISSSTE.
Luis Miguel González, “Caja fuerte”, Milenio, 14 de septiembre.
La austeridad demanda que el gobierno gaste, no solamente de manera distinta, ni siquiera de mejor manera, sino menos, para lo cual se requiere que elimine partidas enteras de gasto. ¿Cuáles? Todas las relacionadas con las tareas que lleva a cabo, no como gobierno, sino como ángel de la guarda, que pretende preservarnos de todos los males, y como hada madrina, que pretende concedernos todos los bienes, y que violan la libertad y/o la propiedad de la persona. Vistas así las cosas sobra tela de donde cortar.
La austeridad debe traducirse en menos y menores impuestos y, por lo tanto, en un mayor ingreso disponible para las personas, algo que, ¡ni por error!, han propuesto, ni los integrantes del Poder Ejecutivo, ni los representantes del Legislativo, todos ellos convencidos de que un futuro mejor depende de que ellos gasten más y nosotros menos, lo cual es, por decir lo menos, mucho suponer. ¿O no?
¿Austeridad? ¡Sí, cómo no!
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 14 de septiembre.
Y es que el gobierno de Calderón está planteando que si se aprueba la reforma hacendaria, se destine el 76% de los recursos que se capten a obras de infraestructura, sobre todo carreteras, presas, infraestructura energética —que incluye la posibilidad de reducir el precio de la electricidad para uso industrial, que está muy por arriba de los precios internacionales— y que redundarían en una mayor competitividad del país.
La reforma hacendaria permitiría destinar recursos para satisfacer necesidades sociales en materia de educación y de atención a la salud.
Es decir, la reforma hacendaria, aunque no es la reforma fiscal integral que requiere el país, sí permitiría sustanciales avances a la economía nacional.
Adicionalmente, sería un paso para avanzar hacia un esquema fiscal basado en impuestos al consumo.
Con todo y las modificaciones que le harán los legisladores, es mejor esta propuesta que seguir sin ella.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 10 de septiembre.
Que la reforma fiscal permitirá aumentar de manera significativa el gasto público en materia de infraestructura y combate a la pobreza.
La realidad es que los recursos adicionales que se van a captar y que van a poder ser usados por el Gobierno federal van a tener que asignarse a las obligaciones crecientes en materia de pago a pensiones y a la deuda derivada de los Pidiregas. En los estimados de Hacienda, los requerimientos financieros totales del sector público serán en el 2012 de 4.3 por ciento del PIB, cuando se estiman en 1.7 por ciento para este año. En el mejor de los casos, la reforma fiscal daría 3 por ciento adicional para ese año. Así que el 86 por ciento de los recursos de esta reforma tendrían que destinarse simplemente a cubrir compromisos adquiridos.
Enrique Quintana, “Coordenadas”, Reforma, 14 de septiembre.
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