Así lo manifestaron los comisionados de la Cofetel, quienes añadieron que más allá de las facultades que tiene el Legislativo para reformar las leyes y aparte de las opiniones de otros actores, el Congreso tiene que analizar los resultados de esta administración tomando en cuenta datos duros.
Durante la presentación del informe sobre el primer año de labores al frente de la Cofetel, Héctor Osuna Jaime, afirmó que “no sólo estamos observando sino que también estamos dispuestos a contestar, apoyar y ofrecer información a los legisladores para aportarles nuestro punto de vista”, en torno a la eventual reforma del sector.
Respecto a su permanencia en el puesto dijo que “está difícil jugar al adivino, pero el compromiso del pleno de la Cofetel es trabajar como si fuera el primer día, es decir, siempre dando resultados, y por lo que respecta a la relación con el legislativo nosotros hemos mostrado una postura de colaboración, de apertura y de transparencia”.
Comentó que desde muchas partes “podrán opinar lo que quieran de nosotros pero a final de cuentas lo que importa son los resultados”.
A su vez, Ernesto Gil Elorduy, comisionado de la Cofetel, explicó que “la especulación que se da por la permanencia del pleno de la Cofetel se resolvió ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una votación de ocho ministros a favor de que el pleno tiene toda la legalidad y que tiene una solidez constitucional”.
Recordó que “los nombramientos fueron otorgados a los miembros de la comisión por un tiempo determinado, lo que indica inamovilidad, pero también escalonados y con la protección legal de que para su remoción deberá fundamentarse por una causa grave”.
En ese sentido comentó que la discusión sobre una nueva ley “está sustentada en un acuerdo que se tiene que respetar y que está firmado por los propios senadores.
Este acuerdo establece que se debe analizar el resolutivo de la acción de inconstitucionalidad viendo qué se puede legislar, tomando en cuenta esa resolución”.
Confió que la decisión de los legisladores sea bien sustentada jurídicamente.
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