Únicamente trece comentarios dan cuenta sobre las implicaciones de la reforma fiscal en los contribuyentes. Un sector que, dicho sea de paso, podría ser el que menos se acerca a esta información periodística.
Sin embargo, el hecho es que muchas empresas, al igual que muchas personas físicas con actividad empresarial, ni por asomo pagan el mentado 28 por ciento por concepto de ISR, ya que una buena planeación fiscal les permite pagar menos. ¿En qué consiste la mentada planeación? En aprovechar todas las oportunidades que la ley otorga para pagar lo menos posible, oportunidades que no se conceden a todos los contribuyentes, sino solamente a algunos, razón por la cual son privilegios, ventajas de las que se benefician algunos, pero no todos, lo cual, de entrada, me lleva a la siguiente pregunta: ¿dónde queda la legitimidad de un gobierno que trata de manera desigual a sus gobernados, sobretodo en materia tan delicada como lo es el cobro de impuestos? ¿Delicada? ¡Delicadísima!, o dígame si no lo es el hecho de que el gobierno obligue al contribuyente a entregar parte de sus ingresos o patrimonio.
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 2 de julio.
Además, el mayor peso de ella recae entre los asalariados y los pequeños y medianos empresarios, que son los contribuyentes cautivos. Mientras que las grandes empresas —y este es un dato de la Auditoría Superior de la Federación— no están pagando impuestos, ya que se les regresan cientos de miles de millones de pesos. El CETU, uno de los nuevos impuestos que plantea, vendría a agudizar esta disparidad. Al mismo tiempo, la simplificación propuesta en materia del Impuesto Sobre la Renta perjudicará a los asalariados con percepciones de entre 15 mil y 20 mil pesos mensuales.
La propuesta de gravar con 2% los depósitos mayores a 20 mil pesos en efectivo no ampliaría la base de contribuyentes, que es su justificación, y sí afectaría a las clases medias provocando nuevas formas de evasión, lo cual también desalentaría el ahorro en las instituciones bancarias, encarecería el dinero y se restringirán los créditos. Es decir, podría desacelerar el desarrollo económico.
La propuesta de reforma no contiene una visión federalista ni garantiza equidad, ya que las medidas que implican un mayor beneficio financiero están a favor de la Federación, mientras que las alternativas para los estados son propuestas que generan inflación.
Amalia García, El Universal, 5 de julio.
Lo que Hacienda nos está diciendo es lo siguiente: “Les voy a cobrar más impuestos (de entrada se propone la creación de tres nuevos impuestos, más las medidas para reducir la elusión), y a cambio me comprometo a gastar mejor”. Sin embargo, el orden de los factores debe ser a la inversa: que primero se demuestre que el gobierno gasta mejor, con honestidad y eficiencia, y que luego, solamente luego, se cobren más impuestos. En este caso el orden de los factores sí altera el producto: si el gobierno fuera capaz de gastar mejor probablemente no necesitaría más recursos y, por lo tanto, no habría necesidad de cobrar más impuestos.
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 11 de julio.
En México el sistema de administración de impuestos asemeja un enorme queso gruyer, con hoyos por todos lados, por los que se fuga buena parte de lo que debería recaudarse. Se estima que más del 35 por ciento de lo pagado en la cadena del IVA no llega al fisco; en el Impuesto Sobre la Renta priva la evasión (millones no pagan nada) y la elusión (millones eluden pagar lo debido). Quienes cumplen religiosamente son los contribuyentes cautivos, a los que el IVA se les cobra oculto en el precio de cada mercancía y sus patrones les retienen el Impuesto Sobre la Renta. La evasión es generalizada en la economía informal, mientras que la elusión es una ciencia oculta que dominan las grandes empresas.
La pregunta es por qué no se hace nada para arribar a un sistema tributario que sea proporcional, equitativo, general, y también simple. La respuesta es que nadie quiere pagar el costo político de suprimir privilegios, generalizar el cobro de impuestos y meter al orden a los grandes defraudadores del fisco.
Jorge Alcocer, Reforma, 21 de julio.
¿Recuerdan los diputados y senadores cuántas veces los contribuyentes, la sociedad entera, pues, ha tenido que "entrarle con su cuerno" por la vía de mayores impuestos, aumento de precios y tarifas públicas y otros gravámenes para rellenar las arcas de los banqueros, de los empresarios, de los industriales...? Pues por lo menos cinco veces, apuntan los historiadores político-financieros. La primera vez fue la más dolorosa, señalan; se debió a la devaluación en el sexenio de Luis Echeverría, cuando el gobierno tuvo que pedir prestado para tratar de tapar el "agujero" financiero" que le habían dejado los "sacadólares".
La segunda fue con López Portillo, quien maladministró la abundancia petrolera, entró al rescate de los grandes grupos industriales y obviamente terminó endeudando al país; sobra decir que dejó las arcas de la nación completamente vacías y que los "ricardos" se fueron con su lana a otro lado, por lo que nuevamente el país tuvo que pedir prestado. Después llegó Miguel de la Madrid Hurtado, quien para "reconciliarse" con banqueros y empresarios les regresó el 34 por ciento de las acciones de la banca que había expropiado su antecesor; también le regresó miles de empresas paraestatales. Al final, los malagradecidos "ricardos" le pagaron mal, no a De la Madrid sino a la sociedad. Siguió Carlos Salinas, quien no sólo vendió las "joyas de la corona" de las empresas paraestatales sino que reprivatizó totalmente los bancos, permitió los abusos, los trinquetes, las pillerías de la "nueva generación de banqueros", de nuevos y viejos empresarios, regaló dinero a manos llenas que fue a parar a los bolsillos de los hombres más ricos del país. Antes de finalizar el sexenio, algunos funcionarios de la administración salinista le dieron "el pitazo" a los banqueros de que ahí venía la devaluación, por lo que éstos se vieron en la penosa necesidad de sacar su dinero del país, hundiendo a la nación, obviamente. Llegó Ernesto Zedillo y lo primero que hizo fue pedir prestados 40 mil millones de dólares a nuestros vecinos para pagarle a los inversionistas estadounidenses que tenían invertida su lana en instrumentos garantizados por el gobierno federal. Zedillín tuvo la ocurrencia de crear el Fobaproa, con el argumento de salvar de la ruina a los millones de ahorradores e inversionistas de los bancos, chistecito que le costó a los contribuyentes cientos de miles de millones de dólares que todavía estamos pagando. ¡Nosotros también perdimos, pero aprendimos... a hacer más dinero! Confiesan cínicamente los grandes empresarios.
Después de este breve repaso de las crisis financieras recurrentes que ha sufrido el país, habría que preguntarse: ¿cuánto le ha costado a los contribuyentes rellenarle la bolsa a los empresarios que hoy se oponen a la CETU? Hagan sus cuentas, hagan sus cuentas. Bueno, también sirve para sugerirle a los legisladores de todos los partidos políticos que no se dejen sorprender por los "cupuleros" que quieren que la sociedad entera siga pagando el costo del "relleno de sus bolsillos".
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 31 de julio.
Sobre el mismo asunto de la Reforma Hacendaria "por los que menos tienen", más de medio centenar de especialistas en economía y finanzas con amplia experiencia en el servicio público, en la academia y en el ejercicio independiente de su profesión, muchos de ellos de reconocido prestigio, algunos bisoños y dos que tres arribistas que integran el Grupo Huatusco, concluyeron en su última reunión -hace un mes-, que si bien es cierto los "atributos administrativos de la CETU en el periodo de transición no son favorables, precisamente porque se trata de una nueva contribución que conlleva una serie de elementos complejos y no es un avance hacia la simplificación ni hacia la certidumbre que debe prevalecer en materia de impuestos, hay que reconocer que sí tiene un conjunto apreciable de cualidades que han llevado al Grupo Huatusco a inclinarse a su favor".
Y las enumeran:
1) No grava de manera adicional a los trabajadores ni a otros contribuyentes cautivos.
2) Trata en condiciones de igualdad a todas las empresas, independientemente de su rama, actividad o finalidades.
3) Establece un mínimo de contribuciones empresariales en proporción al pago de los factores de la producción utilizados por las empresas.
4) Puede favorecer la inversión al permitir su deducción total e inmediata.
5) No significa una carga adicional para las empresas que ya contribuyen por la vía del ISR en más que la contribución resultante del nuevo impuesto.
6) Sustituye al Impuesto al Activo, eliminando con ello distorsiones importantes sobre la inversión.
Si a pesar de todo los legisladores "doblan las manitas" ante los empresarios, van a enfrentar el juicio de la historia.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 31 de julio.
Antes de cobrar nuevos impuestos “para combatir la pobreza”, es el momento de rendir cuentas a los ciudadanos sobre el gasto social equivalente a todo el PIB de 2006 que se ha invertido en la última década. Necesitamos que el actual gobierno nos explique cómo es posible que la federación siga aumentando el gasto público destinado al ámbito social y que casi la mitad de la población siga siendo pobre. Mas allá de que los montos del gobierno mexicano son menores a los países desarrollados en materia social, es indiscutible que ese dinero sigue sin ser usado en forma eficiente. Si alguna lección nos han dejado las reformas fiscales de los últimos años es no olvidar que un mayor gasto social no necesariamente significa mayor orientación de los recursos fiscales a reducir carencias de los grupos más pobres.
Ricardo Monreal, Milenio, 31 de julio.
Ayer hablé de la urgencia de bajar la tasa de la CETU y de posibilitar la deducción del pago de los salarios y prestaciones. A estos reclamos generalizados y justos habría que sumar el fin de los privilegios a los inversionistas bursátiles y una revisión a fondo del impuesto contra la informalidad.
A los atletas mexicanos que aspiran a competir en las olimpiadas se les exige que estén entre los mejores 16 del mundo. Los aspirantes a una beca del Conacyt tienen que cumplir requisitos que garanticen, por ejemplo, que buscan un programa de excelencia. ¿Debemos conformarnos con una propuesta fiscal que merece 5.2 de calificación? ¿Nos toca aplaudir o callar ante una propuesta mediocre, como si estuviéramos viendo El traje nuevo del emperador?
Luis Miguel González, “Caja fuerte”, Milenio, 31 de julio.
La estrategia para la “venta” de la reforma fiscal estuvo equivocada. No se puede pedir más dinero a los contribuyentes si no hay un compromiso articulado con la rendición de cuentas y transparencia en el gasto público. Intentar vender la reforma bajo el argumento de que al gobierno le urge mas dinero es entrar con el pie izquierdo en un país con alto nivel de desconfianza (¿Con qué argumento serio se nos dice que si aportamos 1.8% más del PIB en impuestos vamos a ver los cambios que no hemos visto en las últimas décadas?). El argumento principal con el gasto público debió acompañarse de una acción contundente: no sólo con recortes decorativos a la burocracia, sino con decisiones efectivas que, incluso, tocan a poderes fácticos.
Samuel García, “El Observador”, Milenio, 31 de julio.
Un documento elaborado por el bufete Soriano Cervantes llama la atención sobre más de 25 aspectos “curiosos” del nuevo Código Fiscal. Las cosas más serias son: las modificaciones a los artículos 92-A y 92-B convertirían a Hacienda en coadyuvante del Ministerio Público. Esto significa que además de ser parte ofendida en el litigio, se convertirá en perseguidor.
Si prosperan los cambios en el artículo 63, Hacienda podrá acceder a información y documentación que tengan “todo tipo de autoridades administrativas nacionales e internacionales”. El sueño de un fiscalizador, tener acceso a toda la información, puede ser la pesadilla de un ciudadano.
La visita para la verificación de los documentos ahora tiene un límite. El artículo 46-A modificado pretende que la visita dure indefinidamente. ¿Se imaginan, un representante de Hacienda durando más en el negocio que un empleado contratado por outsourcing?
Luis Miguel González, “Caja Fuerte”, Milenio, 31 de agosto.
Entiendo la urgencia del gobierno por arrancar más dinero a los contribuyentes que ya tiene registrados y cautivos. Pero yo me pregunto si aumentar de forma tan importante la carga fiscal de las empresas cumplidas es el camino. El riesgo de que muchas empresas simplemente se vayan a producir en China es enorme.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 16 de agosto.
Según el SAT, el padrón de contribuyentes ronda los 22.3 millones de mexicanos, pero sólo 4 mil (1.7 por ciento) concentran las tres cuartas partes de las devoluciones. Insisto, es una expresión escandalosa de la desigualdad, del poder económico (y para eso se inventó la CETU). No obstante, en el paroxismo de la gestión del “gobierno de empresarios” ocurrió algo sorprendente: ¡apenas 400 contribuyentes recibieron la mitad de todas las devoluciones!, ¡mil 700 millones de pesos por persona moral!
En esas condiciones, los contribuyentes prefieren optar por litigar y por pagar a quien sabe y puede mantener el pleito legal. Así, surge el fenómeno de los “créditos sujetos a controversia”, que constituyen el 40 por ciento del total de los trámites de pago con Hacienda. Una perla es elocuente: un contribuyente, mantiene él solo, mil 453 créditos fiscales, uno solo que prefiere enfrentar la infinita barandilla de juzgados, antes que pagar el ISR, el IVA y los demás impuestos que le corresponden. Su dinero no acaba yendo a las arcas públicas, no va a los programas sociales ni a crear bienes públicos, sino a las chequeras de lujosos consultores fiscales entrenados a pescar en el océano de la elusión nacional.
Así son las cosas: nuestro sistema fiscal, intrincado y barroco, permite que los muy ricos e influyentes, los que pueden contratar a sabihondos despachos contables, tengan la capacidad para pagar menos, mientras que el resto, pagamos el costo fiscal de lo que por ley nos toca, y también del costo en contadores, los únicos que nos permiten descifrar la complejidades de la ley de Hacienda.
Agregadas, las devoluciones de impuestos en el periodo 2001-2005, suman los 604 mil 366 millones de pesos, lo que duplica el incremento en la inversión privada en el mismo periodo y constituye el doble de lo que se pretendía sumar con la reforma fiscal.
Pero ¿quiere usted indignarse de veras ante el espanto de nuestra elusión fiscal? Vea esta cifra: en el año 2005, 50 contribuyentes con ingresos anuales superiores a los 500 millones de pesos, pagaron por concepto de ISR ¡74 pesos!, eso sí, perfectamente asesorados por los pomposos despachos, especialistas de la elusión. Según la teoría, en el caso del IVA se cuecen otras habas, pues se supone un impuesto más fácil de recaudar. Aún así —siempre con datos de la ASF— hubo 50 grandes contribuyentes que pagaron un IVA ¡menor a 70 pesos! en 2005.
Estas son las cifras, ese es el tamaño de la elusión… De veras, señores diputados, ¿alguien cree que no necesitamos la CETU?
Ricardo Becerra, Crónica, 20 de agosto.
Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa deberían entender que detener la reforma fiscal por el chantaje de la hacendaria implica, entre otras cosas, un costo para los contribuyentes de más de 80,000 millones de pesos en obras y servicios de beneficio para los mexicanos.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 11 de septiembre.
Sin embargo, el hecho es que muchas empresas, al igual que muchas personas físicas con actividad empresarial, ni por asomo pagan el mentado 28 por ciento por concepto de ISR, ya que una buena planeación fiscal les permite pagar menos. ¿En qué consiste la mentada planeación? En aprovechar todas las oportunidades que la ley otorga para pagar lo menos posible, oportunidades que no se conceden a todos los contribuyentes, sino solamente a algunos, razón por la cual son privilegios, ventajas de las que se benefician algunos, pero no todos, lo cual, de entrada, me lleva a la siguiente pregunta: ¿dónde queda la legitimidad de un gobierno que trata de manera desigual a sus gobernados, sobretodo en materia tan delicada como lo es el cobro de impuestos? ¿Delicada? ¡Delicadísima!, o dígame si no lo es el hecho de que el gobierno obligue al contribuyente a entregar parte de sus ingresos o patrimonio.
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 2 de julio.
Además, el mayor peso de ella recae entre los asalariados y los pequeños y medianos empresarios, que son los contribuyentes cautivos. Mientras que las grandes empresas —y este es un dato de la Auditoría Superior de la Federación— no están pagando impuestos, ya que se les regresan cientos de miles de millones de pesos. El CETU, uno de los nuevos impuestos que plantea, vendría a agudizar esta disparidad. Al mismo tiempo, la simplificación propuesta en materia del Impuesto Sobre la Renta perjudicará a los asalariados con percepciones de entre 15 mil y 20 mil pesos mensuales.
La propuesta de gravar con 2% los depósitos mayores a 20 mil pesos en efectivo no ampliaría la base de contribuyentes, que es su justificación, y sí afectaría a las clases medias provocando nuevas formas de evasión, lo cual también desalentaría el ahorro en las instituciones bancarias, encarecería el dinero y se restringirán los créditos. Es decir, podría desacelerar el desarrollo económico.
La propuesta de reforma no contiene una visión federalista ni garantiza equidad, ya que las medidas que implican un mayor beneficio financiero están a favor de la Federación, mientras que las alternativas para los estados son propuestas que generan inflación.
Amalia García, El Universal, 5 de julio.
Lo que Hacienda nos está diciendo es lo siguiente: “Les voy a cobrar más impuestos (de entrada se propone la creación de tres nuevos impuestos, más las medidas para reducir la elusión), y a cambio me comprometo a gastar mejor”. Sin embargo, el orden de los factores debe ser a la inversa: que primero se demuestre que el gobierno gasta mejor, con honestidad y eficiencia, y que luego, solamente luego, se cobren más impuestos. En este caso el orden de los factores sí altera el producto: si el gobierno fuera capaz de gastar mejor probablemente no necesitaría más recursos y, por lo tanto, no habría necesidad de cobrar más impuestos.
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 11 de julio.
En México el sistema de administración de impuestos asemeja un enorme queso gruyer, con hoyos por todos lados, por los que se fuga buena parte de lo que debería recaudarse. Se estima que más del 35 por ciento de lo pagado en la cadena del IVA no llega al fisco; en el Impuesto Sobre la Renta priva la evasión (millones no pagan nada) y la elusión (millones eluden pagar lo debido). Quienes cumplen religiosamente son los contribuyentes cautivos, a los que el IVA se les cobra oculto en el precio de cada mercancía y sus patrones les retienen el Impuesto Sobre la Renta. La evasión es generalizada en la economía informal, mientras que la elusión es una ciencia oculta que dominan las grandes empresas.
La pregunta es por qué no se hace nada para arribar a un sistema tributario que sea proporcional, equitativo, general, y también simple. La respuesta es que nadie quiere pagar el costo político de suprimir privilegios, generalizar el cobro de impuestos y meter al orden a los grandes defraudadores del fisco.
Jorge Alcocer, Reforma, 21 de julio.
¿Recuerdan los diputados y senadores cuántas veces los contribuyentes, la sociedad entera, pues, ha tenido que "entrarle con su cuerno" por la vía de mayores impuestos, aumento de precios y tarifas públicas y otros gravámenes para rellenar las arcas de los banqueros, de los empresarios, de los industriales...? Pues por lo menos cinco veces, apuntan los historiadores político-financieros. La primera vez fue la más dolorosa, señalan; se debió a la devaluación en el sexenio de Luis Echeverría, cuando el gobierno tuvo que pedir prestado para tratar de tapar el "agujero" financiero" que le habían dejado los "sacadólares".
La segunda fue con López Portillo, quien maladministró la abundancia petrolera, entró al rescate de los grandes grupos industriales y obviamente terminó endeudando al país; sobra decir que dejó las arcas de la nación completamente vacías y que los "ricardos" se fueron con su lana a otro lado, por lo que nuevamente el país tuvo que pedir prestado. Después llegó Miguel de la Madrid Hurtado, quien para "reconciliarse" con banqueros y empresarios les regresó el 34 por ciento de las acciones de la banca que había expropiado su antecesor; también le regresó miles de empresas paraestatales. Al final, los malagradecidos "ricardos" le pagaron mal, no a De la Madrid sino a la sociedad. Siguió Carlos Salinas, quien no sólo vendió las "joyas de la corona" de las empresas paraestatales sino que reprivatizó totalmente los bancos, permitió los abusos, los trinquetes, las pillerías de la "nueva generación de banqueros", de nuevos y viejos empresarios, regaló dinero a manos llenas que fue a parar a los bolsillos de los hombres más ricos del país. Antes de finalizar el sexenio, algunos funcionarios de la administración salinista le dieron "el pitazo" a los banqueros de que ahí venía la devaluación, por lo que éstos se vieron en la penosa necesidad de sacar su dinero del país, hundiendo a la nación, obviamente. Llegó Ernesto Zedillo y lo primero que hizo fue pedir prestados 40 mil millones de dólares a nuestros vecinos para pagarle a los inversionistas estadounidenses que tenían invertida su lana en instrumentos garantizados por el gobierno federal. Zedillín tuvo la ocurrencia de crear el Fobaproa, con el argumento de salvar de la ruina a los millones de ahorradores e inversionistas de los bancos, chistecito que le costó a los contribuyentes cientos de miles de millones de dólares que todavía estamos pagando. ¡Nosotros también perdimos, pero aprendimos... a hacer más dinero! Confiesan cínicamente los grandes empresarios.
Después de este breve repaso de las crisis financieras recurrentes que ha sufrido el país, habría que preguntarse: ¿cuánto le ha costado a los contribuyentes rellenarle la bolsa a los empresarios que hoy se oponen a la CETU? Hagan sus cuentas, hagan sus cuentas. Bueno, también sirve para sugerirle a los legisladores de todos los partidos políticos que no se dejen sorprender por los "cupuleros" que quieren que la sociedad entera siga pagando el costo del "relleno de sus bolsillos".
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 31 de julio.
Sobre el mismo asunto de la Reforma Hacendaria "por los que menos tienen", más de medio centenar de especialistas en economía y finanzas con amplia experiencia en el servicio público, en la academia y en el ejercicio independiente de su profesión, muchos de ellos de reconocido prestigio, algunos bisoños y dos que tres arribistas que integran el Grupo Huatusco, concluyeron en su última reunión -hace un mes-, que si bien es cierto los "atributos administrativos de la CETU en el periodo de transición no son favorables, precisamente porque se trata de una nueva contribución que conlleva una serie de elementos complejos y no es un avance hacia la simplificación ni hacia la certidumbre que debe prevalecer en materia de impuestos, hay que reconocer que sí tiene un conjunto apreciable de cualidades que han llevado al Grupo Huatusco a inclinarse a su favor".
Y las enumeran:
1) No grava de manera adicional a los trabajadores ni a otros contribuyentes cautivos.
2) Trata en condiciones de igualdad a todas las empresas, independientemente de su rama, actividad o finalidades.
3) Establece un mínimo de contribuciones empresariales en proporción al pago de los factores de la producción utilizados por las empresas.
4) Puede favorecer la inversión al permitir su deducción total e inmediata.
5) No significa una carga adicional para las empresas que ya contribuyen por la vía del ISR en más que la contribución resultante del nuevo impuesto.
6) Sustituye al Impuesto al Activo, eliminando con ello distorsiones importantes sobre la inversión.
Si a pesar de todo los legisladores "doblan las manitas" ante los empresarios, van a enfrentar el juicio de la historia.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 31 de julio.
Antes de cobrar nuevos impuestos “para combatir la pobreza”, es el momento de rendir cuentas a los ciudadanos sobre el gasto social equivalente a todo el PIB de 2006 que se ha invertido en la última década. Necesitamos que el actual gobierno nos explique cómo es posible que la federación siga aumentando el gasto público destinado al ámbito social y que casi la mitad de la población siga siendo pobre. Mas allá de que los montos del gobierno mexicano son menores a los países desarrollados en materia social, es indiscutible que ese dinero sigue sin ser usado en forma eficiente. Si alguna lección nos han dejado las reformas fiscales de los últimos años es no olvidar que un mayor gasto social no necesariamente significa mayor orientación de los recursos fiscales a reducir carencias de los grupos más pobres.
Ricardo Monreal, Milenio, 31 de julio.
Ayer hablé de la urgencia de bajar la tasa de la CETU y de posibilitar la deducción del pago de los salarios y prestaciones. A estos reclamos generalizados y justos habría que sumar el fin de los privilegios a los inversionistas bursátiles y una revisión a fondo del impuesto contra la informalidad.
A los atletas mexicanos que aspiran a competir en las olimpiadas se les exige que estén entre los mejores 16 del mundo. Los aspirantes a una beca del Conacyt tienen que cumplir requisitos que garanticen, por ejemplo, que buscan un programa de excelencia. ¿Debemos conformarnos con una propuesta fiscal que merece 5.2 de calificación? ¿Nos toca aplaudir o callar ante una propuesta mediocre, como si estuviéramos viendo El traje nuevo del emperador?
Luis Miguel González, “Caja fuerte”, Milenio, 31 de julio.
La estrategia para la “venta” de la reforma fiscal estuvo equivocada. No se puede pedir más dinero a los contribuyentes si no hay un compromiso articulado con la rendición de cuentas y transparencia en el gasto público. Intentar vender la reforma bajo el argumento de que al gobierno le urge mas dinero es entrar con el pie izquierdo en un país con alto nivel de desconfianza (¿Con qué argumento serio se nos dice que si aportamos 1.8% más del PIB en impuestos vamos a ver los cambios que no hemos visto en las últimas décadas?). El argumento principal con el gasto público debió acompañarse de una acción contundente: no sólo con recortes decorativos a la burocracia, sino con decisiones efectivas que, incluso, tocan a poderes fácticos.
Samuel García, “El Observador”, Milenio, 31 de julio.
Un documento elaborado por el bufete Soriano Cervantes llama la atención sobre más de 25 aspectos “curiosos” del nuevo Código Fiscal. Las cosas más serias son: las modificaciones a los artículos 92-A y 92-B convertirían a Hacienda en coadyuvante del Ministerio Público. Esto significa que además de ser parte ofendida en el litigio, se convertirá en perseguidor.
Si prosperan los cambios en el artículo 63, Hacienda podrá acceder a información y documentación que tengan “todo tipo de autoridades administrativas nacionales e internacionales”. El sueño de un fiscalizador, tener acceso a toda la información, puede ser la pesadilla de un ciudadano.
La visita para la verificación de los documentos ahora tiene un límite. El artículo 46-A modificado pretende que la visita dure indefinidamente. ¿Se imaginan, un representante de Hacienda durando más en el negocio que un empleado contratado por outsourcing?
Luis Miguel González, “Caja Fuerte”, Milenio, 31 de agosto.
Entiendo la urgencia del gobierno por arrancar más dinero a los contribuyentes que ya tiene registrados y cautivos. Pero yo me pregunto si aumentar de forma tan importante la carga fiscal de las empresas cumplidas es el camino. El riesgo de que muchas empresas simplemente se vayan a producir en China es enorme.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 16 de agosto.
Según el SAT, el padrón de contribuyentes ronda los 22.3 millones de mexicanos, pero sólo 4 mil (1.7 por ciento) concentran las tres cuartas partes de las devoluciones. Insisto, es una expresión escandalosa de la desigualdad, del poder económico (y para eso se inventó la CETU). No obstante, en el paroxismo de la gestión del “gobierno de empresarios” ocurrió algo sorprendente: ¡apenas 400 contribuyentes recibieron la mitad de todas las devoluciones!, ¡mil 700 millones de pesos por persona moral!
En esas condiciones, los contribuyentes prefieren optar por litigar y por pagar a quien sabe y puede mantener el pleito legal. Así, surge el fenómeno de los “créditos sujetos a controversia”, que constituyen el 40 por ciento del total de los trámites de pago con Hacienda. Una perla es elocuente: un contribuyente, mantiene él solo, mil 453 créditos fiscales, uno solo que prefiere enfrentar la infinita barandilla de juzgados, antes que pagar el ISR, el IVA y los demás impuestos que le corresponden. Su dinero no acaba yendo a las arcas públicas, no va a los programas sociales ni a crear bienes públicos, sino a las chequeras de lujosos consultores fiscales entrenados a pescar en el océano de la elusión nacional.
Así son las cosas: nuestro sistema fiscal, intrincado y barroco, permite que los muy ricos e influyentes, los que pueden contratar a sabihondos despachos contables, tengan la capacidad para pagar menos, mientras que el resto, pagamos el costo fiscal de lo que por ley nos toca, y también del costo en contadores, los únicos que nos permiten descifrar la complejidades de la ley de Hacienda.
Agregadas, las devoluciones de impuestos en el periodo 2001-2005, suman los 604 mil 366 millones de pesos, lo que duplica el incremento en la inversión privada en el mismo periodo y constituye el doble de lo que se pretendía sumar con la reforma fiscal.
Pero ¿quiere usted indignarse de veras ante el espanto de nuestra elusión fiscal? Vea esta cifra: en el año 2005, 50 contribuyentes con ingresos anuales superiores a los 500 millones de pesos, pagaron por concepto de ISR ¡74 pesos!, eso sí, perfectamente asesorados por los pomposos despachos, especialistas de la elusión. Según la teoría, en el caso del IVA se cuecen otras habas, pues se supone un impuesto más fácil de recaudar. Aún así —siempre con datos de la ASF— hubo 50 grandes contribuyentes que pagaron un IVA ¡menor a 70 pesos! en 2005.
Estas son las cifras, ese es el tamaño de la elusión… De veras, señores diputados, ¿alguien cree que no necesitamos la CETU?
Ricardo Becerra, Crónica, 20 de agosto.
Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa deberían entender que detener la reforma fiscal por el chantaje de la hacendaria implica, entre otras cosas, un costo para los contribuyentes de más de 80,000 millones de pesos en obras y servicios de beneficio para los mexicanos.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 11 de septiembre.
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