Un tema que ha sido prioritario desde el sexenio de Vicente Fox; por extraña razón, únicamente dos articulistas se refieren al tema.
El último concepto que debe resaltarse en la propuesta del presidente Calderón está vinculado con la transparencia y la rendición de cuentas, pues en ella se modifican los procedimientos para la revisión de la Cuenta Pública que por disposición constitucional el Ejecutivo debe enviar cada año a la Cámara de Diputados. La reducción de plazos en la presentación de la cuenta anual y la ampliación de los sujetos fiscalizables son los principales cambios y en ellos se incluye que todo órgano público que ejerce recursos federales, sea éste del orden estatal o municipal, deberá ser auditado por el órgano superior de fiscalización.
Las transformaciones al régimen del gasto público en México, como se aprecia, no son menores y se nos presentan como la otra cara de la moneda de la reforma fiscal, faceta que hasta ahora ha sido poco estudiada. Es cierto que el país necesita más recursos y es de sobrado conocimiento los impactos positivos que en las finanzas públicas acarrearía la aprobación de la propuesta del gobierno de la República. No menos cierto es, sin embargo, que el país también exige mayor eficacia y transparencia en el ejercicio del gasto.
Si empresarios, productores, comerciantes y ciudadanos en general aportarán más, con sobrada razón habrán de demandar que sus impuestos sean bien utilizados. El gobierno federal lo entiende con claridad y con las reformas ofrecidas para aumentar la calidad del gasto, para evaluar las políticas y para transparentar el ejercicio de los recursos públicos se apunta en esa dirección.
Rogelio Carvajal, Crónica, 16 de julio.
Para modificar tales percepciones, dañinas a la salud fiscal y económica, tendría que haber una aplicación regular de la rendición de cuentas. Pero ésta, no entendida como lo hacen los panistas, un mero ejercicio de información (generalmente sesgada e incompleta) sobre lo que se hace o deja de hacer con esos recursos, sino la punición a los funcionarios que desvían los fondos públicos a los bolsillos privados. Si se corrompen, si no cooperan con la sociedad, entonces, “cuello”.
Eso se dijo también cuando Vicente Fox planteó en 2001 su proyecto de reforma hacendaria, cuando se esperaba que llamara a cuentas a algunos de los múltiples corruptos del pasado que pululaban en los distintos niveles del poder nacional. Pero nada. Fox se convirtió en el campeón de la impunidad. Y ahora que vuelve a discutirse la reforma fiscal, la pregunta es si Calderón tiene la voluntad de acompañar los nuevos impuestos con mayor rendición de cuentas. Hay mucha tela de donde cortar. Lo que no parece haber es la disposición para cortarla. Hay muchos peces gordos navegando en las aguas de la política. Lo que no se ve es la intención de pescarlos y freírlos en la sartén de la ley
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 23 de julio.
El último concepto que debe resaltarse en la propuesta del presidente Calderón está vinculado con la transparencia y la rendición de cuentas, pues en ella se modifican los procedimientos para la revisión de la Cuenta Pública que por disposición constitucional el Ejecutivo debe enviar cada año a la Cámara de Diputados. La reducción de plazos en la presentación de la cuenta anual y la ampliación de los sujetos fiscalizables son los principales cambios y en ellos se incluye que todo órgano público que ejerce recursos federales, sea éste del orden estatal o municipal, deberá ser auditado por el órgano superior de fiscalización.
Las transformaciones al régimen del gasto público en México, como se aprecia, no son menores y se nos presentan como la otra cara de la moneda de la reforma fiscal, faceta que hasta ahora ha sido poco estudiada. Es cierto que el país necesita más recursos y es de sobrado conocimiento los impactos positivos que en las finanzas públicas acarrearía la aprobación de la propuesta del gobierno de la República. No menos cierto es, sin embargo, que el país también exige mayor eficacia y transparencia en el ejercicio del gasto.
Si empresarios, productores, comerciantes y ciudadanos en general aportarán más, con sobrada razón habrán de demandar que sus impuestos sean bien utilizados. El gobierno federal lo entiende con claridad y con las reformas ofrecidas para aumentar la calidad del gasto, para evaluar las políticas y para transparentar el ejercicio de los recursos públicos se apunta en esa dirección.
Rogelio Carvajal, Crónica, 16 de julio.
Para modificar tales percepciones, dañinas a la salud fiscal y económica, tendría que haber una aplicación regular de la rendición de cuentas. Pero ésta, no entendida como lo hacen los panistas, un mero ejercicio de información (generalmente sesgada e incompleta) sobre lo que se hace o deja de hacer con esos recursos, sino la punición a los funcionarios que desvían los fondos públicos a los bolsillos privados. Si se corrompen, si no cooperan con la sociedad, entonces, “cuello”.
Eso se dijo también cuando Vicente Fox planteó en 2001 su proyecto de reforma hacendaria, cuando se esperaba que llamara a cuentas a algunos de los múltiples corruptos del pasado que pululaban en los distintos niveles del poder nacional. Pero nada. Fox se convirtió en el campeón de la impunidad. Y ahora que vuelve a discutirse la reforma fiscal, la pregunta es si Calderón tiene la voluntad de acompañar los nuevos impuestos con mayor rendición de cuentas. Hay mucha tela de donde cortar. Lo que no parece haber es la disposición para cortarla. Hay muchos peces gordos navegando en las aguas de la política. Lo que no se ve es la intención de pescarlos y freírlos en la sartén de la ley
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 23 de julio.
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