En este apartado consignamos diecisiete comentarios relacionados con las insuficiencias que columnistas y articulistas perciben en la propuesta de reforma fiscal. Una percepción que no tiene un eje rector sino que es producto del análisis y la reflexión sobre el tema.
La reciente propuesta fiscal es una señal interesante de qué clase de gobierno estamos teniendo: un extraño centrismo. Le pega a los ricos, le pega a los informales, ataca a los que eluden sus responsabilidades fiscales, no toca a los pobres. Es, a todas luces, una reforma incompleta y de alcance limitado, pero es un primer paso importantísimo para resolver el problema de recaudación. Es, también, una demostración de que el gobierno no está tan comprometido con los grandes capitales como se decía.
Andrés Pascoe, Crónica, 30 de junio.
No le gustó. El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, le hizo gestos al proyecto de reforma fiscal del gobierno federal. Le parece insuficiente para recaudar lo necesario con el fin de reducir las desigualdades sociales, pues con tres puntos del PIB no se saca al buey de la barranca
“Frentes Políticos”, Excélsior, 30 de junio.
Más allá de sus ostensibles limitaciones técnicas: —sin estrategia básica sobre IVA o ISR y el recurso a impuestos indirectos; elusión de la cuestión Pemex; renuncia a la ampliación de la base de contribuyentes y focalización en los cautivos de ingresos medios y bajos; abdicación de cobro impositivo a los dividendos de los accionistas; complicación barroca de los sistemas de pago, control, contabilización y restricción a la evasión y la elusión; incentivos a un sistema financiero gris o ilegal; multiplicación de IEPS; falso federalismo fiscal sin transparencia ni rendición de cuentas; dosis altas de demagogia— la propuesta del presidente Calderón naufraga, además, en virtud de ser eminentemente preventiva y, por ende, de objetivos recaudatorios deliberadamente limitados.
Alan Arias, Milenio, 1º de julio.
La reforma no aspira a corregir los defectos estructurales de la hacienda pública, cancela cualquier intención trascendente como incentivar el desarrollo, instrumentar políticas anticíclicas (crecimiento estancado desde hace dos décadas) o atender los graves déficits sociales, tan sólo quiere prevenir un déficit fiscal inmanejable. Se calcula 2.9% del PIB, al finalizar el sexenio (aunque está incorrectamente medido pues no incluye Pidiriegas, IPAB, ni rescates carreteros), se trata de compensarlo. La reforma aspira a incrementar la recaudación en 3% del PIB, coincidente con el déficit esperado y evitar los desequilibrios de “la tendencia inercial de los compromisos ineludibles del gasto público” (90% del presupuesto).
Alan Arias, Milenio, 1º de julio.
Hay muchos detalles en la propuesta de reforma fiscal presentada por el gobierno de la República que, a mi juicio, pueden y deben mejorarse. En ocasiones anteriores he señalado que una reforma fiscal, digna de ese nombre, no debe buscar simplemente una mayor recaudación sino promover una mayor inversión y una mayor actividad económica. Debe también ser justa: no debe beneficiar a algunas empresas, por ejemplo, las de manufacturas, a las que se les permite deducir insumos, y castigar a otras, como las de servicios, cuyo principal insumo es el trabajo humano.
Si los políticos han impedido que se extienda la aplicación del IVA a todos o casi todos los productos, es inevitable buscar una opción por el lado de la renta. Pero un sistema más complicado, que busque injustamente favorecer a unas empresas y perjudicar a otras, y que impida la deducción de los salarios, no parece ser la solución adecuada.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 4 de julio.
Sin embargo, lo que se requiere en el país es una reforma hacendaria de gran magnitud, que verdaderamente garantice que haya los recursos suficientes para el país, que sean redistribuidos y promuevan el crecimiento respetando las necesidades que tiene la mayor parte de la población.
Así, la propuesta de reforma fiscal presentada por el Ejecutivo federal es insuficiente ya que plantea alcanzar una recaudación mayor en 2% del PIB en los siguientes dos años. Sin embargo, para satisfacer realmente las necesidades de gasto que tiene el país, requerimos no de 2% sino de 5%
Amalia García Medina, El Universal, 5 de julio.
Pues bien esas siete "reformas" fiscales han sido presentadas, oficialmente, por el inquilino de Los Pinos en turno, pero existe una verdadera catarata de iniciativas, propuestas, agendas y conexos a las leyes fiscales presentadas en el Congreso por los propios legisladores, a las que -según el diputado postulante- sólo le falta un grado para ser "reforma".
En este sentido, y con la generosidad de los investigadores legislativos que laboran fueran de reflectores en San Lázaro y Xicoténcatl, se pueden documentar cuando menos 99 iniciativas, en los últimos seis años, presentadas individualmente por diputados de todos los partidos, con la finalidad de "mejorar" la ley del impuesto sobre la renta. Junto a ellas, otras 80, más o menos, para "redistribuir de mejor forma" la renta petrolera, incluidos excedentes. Además, las relativas al IVA, al IEPS y otros, independientemente de las tradicionales misceláneas fiscales.
Ello, en un país donde el "diálogo se da" (Calderón dixit), pero nadie se pone de acuerdo. El gobierno no quiere ganarse el enojo del gran capital; éste se niega a pagar impuestos; las empresas juegan a la doble nacionalidad para duplicar la raja (las maquiladoras, por ejemplo) y así por el estilo.
De allí la innegable relevancia que impuestos como el ICI y el grafitero tienen para el desarrollo nacional, porque quienes más deben contribuir se niegan a hacerlo, y el gobierno no sólo los cobija, les aplaude, siempre pensando en las "soluciones definitivas" y el "pago de la deuda social" (michoacano dixit).
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 6 de julio.
La cuestión fiscal se encuentra complicada debido a los egresos. El gobierno federal hace dispendio de recursos y no parece estar dispuesto a limitarse: en los siete meses de gestión ha gastado más de dos mil 500 millones de pesos en propagada. Tampoco existen posibilidades claras de acuerdo concreto sobre las prioridades de gasto, especialmente debido a que hay divergencia en cuanto a las tareas del Estado en materias de inversión pública productiva y política social.
Sin embargo, la actitud de una oposición fuerte y propositiva no debería ser la de un rechazo antes del debate. Si así fuera, el PRD quedaría como un partido sin propuesta, lo que no se ajusta a la verdad, sino sólo a las acusaciones de sus asiduos críticos. En cambio, decir que se tiene una propuesta distinta y que se busca la más amplia discusión pública, podría dar mayor claridad sobre las profundas divergencias políticas que existen en el país, las cuales tampoco quieren ser admitidas como válidas por los reaccionarios.
Pablo Gómez, Milenio, 6 de julio.
En México cualquier reforma fiscal correcta debe comenzar por reconocer plenamente, definir puntualmente, y garantizar jurídicamente, el derecho de propiedad del contribuyente sobre sus ingresos y patrimonio, algo que en México no está, ni plenamente reconocido ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado, y a las pruebas me remito: en nuestro país basta y sobra que el Ejecutivo proponga cobrar más impuestos, y que el Legislativo lo apruebe, para que los contribuyentes terminemos tributando más.
¿Qué quiere decir lo anterior? Que en México la discrecionalidad del gobierno a la hora de cobrar impuestos no es enorme, es total. Que en nuestro país no existe un límite a la capacidad recaudatoria del gobierno. Que el derecho de propiedad del contribuyente sobre sus ingresos y patrimonio no está, ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado, lo cual es muy grave, clara muestra de lo mucho que falta para tener un verdadero Estado de Derecho que es, como todo mundo sabe, el gobierno de las leyes justas, siendo justas las leyes que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de la persona, entre los que se encuentra el de propiedad, mismo que en México, dada la total discrecionalidad del gobierno (tanto por el lado del Ejecutivo, como por el flanco del Legislativo) a la hora de cobrar impuestos, no está, ¡va de nuevo!, ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado, lo cual, ¡nunca estará de más señalarlo!, es gravísimo.
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 9 de julio.
¿Cómo es posible que los legisladores, quienes deben de tener claro, —o no—, que su tarea es la redacción de leyes justas, que reconozcan y garanticen los derechos de la persona, comenzando por la propiedad, permitan que la discrecionalidad del gobierno a la hora de cobrar impuestos sea total? ¿No les da vergüenza? ¿No les quita el sueño? ¿No les da pena cada vez que, quincena tras quincena, cobran su sueldo? Claro que la primera pregunta que hay que hacerle a los legisladores es si están conscientes de la mentada discrecionalidad y de lo que ella supone en términos del derecho de propiedad. ¿Lo están?
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 9 de julio.
El hecho es que una reforma fiscal correcta debe comenzar por reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente el derecho de propiedad del contribuyente sobre sus ingresos y patrimonio, algo que en México deja mucho que desear, y que, por lo visto, seguirá dejándolo. Es cierto, la Secretaría de Hacienda señala que, entre sus propuestas de reforma, se encuentran algunas destinadas a “otorgar mayor seguridad jurídica al contribuyente”, pero nada que, ni remotamente, suponga establecer limites a la capacidad recaudatoria del gobierno. Insisto: nada que, ni por equivocación, suponga el establecimiento de dicho límite.
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 9 de julio.
Hoy, nadie del equipo de Agustín Carstens y en Los Pinos puede cantar victoria. Los empresarios, banqueros, analistas y partidos de oposición, querido lector, han afirmado que la iniciativa de reforma fiscal es insuficiente y muy limitada como para decir con descaro que se recaudará cerca de 3 por ciento del PIB. Eso es una verdad a medias que más bien es una mentira completa.
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 10 de julio.
EL SEXENIO de Vicente Fox dejó una moraleja presupuestaria de la que deberían tomar nota en Los Pinos y en Hacienda.
CON NÚMEROS sólidos e irrefutables, Fox demostró que de nada sirve una mayor recaudación o ingresos abultados, si no hay control en el gasto o el dinero se utiliza nomás para alimentar la burocracia.
PORQUE el sexenio anterior recibió el equivalente a dos reformas fiscales como la que hoy impulsa Felipe Calderón, pero de todo ese dinero al país le quedó, extrañamente, ¡un recorte en la inversión de infraestructura!
BUENO, eso más prebendas para el magisterio y el pago a asesores y empleados que menudearon en la administración.
ÉSE ES EL PELIGRO que los críticos le ven a la actual reforma que es principalmente recaudatoria y dista mucho de ser un verdadero cambio del status quo fiscal.
DE HECHO, tal vez otro gallo le cantaría a la pretendida reforma, que hasta ahora ha cosechado sólo rechazo, si en lugar de pura recaudación se hablara también de un plan para bajar el gasto corriente, elevar la inversión en infraestructura y dar más incentivos a la productividad.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 21 de julio.
Sin embargo, en el momento de sentarse a la mesa, muchos descubrirán cuán modesto es el menú. Cuán pequeñas son las porciones. Cuán lejos está la comida posible del alimento necesario. Cuán chica es la alita y todo lo que las empresas comenzarán a hacer -buscando nuevos agujeros fiscales- para reducir su tamaño aún más. Cuánto trabajo costará seguir las indicaciones que la receta exige y un ejército de contadores tendrá que descifrar. Cuánto faltará para resolver de fondo la penuria recaudatoria del país. Tal y como está contemplada, la reforma fiscal aumentará ligeramente la recaudación y proveerá de recursos a un Estado que los necesita. Pero faltará aún mucho por hacer; mucho por cambiar; mucho por cocinar. Combatir la evasión popular y reducirla; cerrar los boquetes existentes y evitar el surgimiento de otros nuevos; encontrar formas de aumentar el peso del pollo y maneras de repartirlo mejor.
Denisse Dresser, Reforma, 27 de agosto.
La reforma fiscal tiene dos debilidades.
Sólo generará los recursos necesarios para enfrentar las demandas adicionales de dinero en el corto plazo, derivadas de los compromisos financieros que ya se han adquirido, como las pensiones y los Pidiregas.
Se quedará muy corta respecto a las necesidades de dinero para modernizar la infraestructura y los aparatos del Estado.
La segunda debilidad es que no cambia esencialmente los mecanismos de asignación del dinero público por lo que el propio aparato del Estado, en su ámbito federal, estatal y municipal, habrá de consumir pronto los recursos obtenidos, como si fuera agua que se filtra en la arena.
Enrique Quintana, “Coordenadas”, Reforma, 12 de septiembre.
La reforma fiscal fue recaudatoria. Y tan lo fue, que giró en torno al aumento en los impuestos a las gasolinas. El aumento en los ingresos se convirtió en un fin en sí mismo. Pero toda política fiscal forma parte del modelo de desarrollo. Por tanto, los legisladores de todos los partidos privilegiaron los ingresos -peor aún: sin reorganizar el gasto- sin cambiar el modelo de desarrollo.
El problema económico del país no radica en la baja en los ingresos públicos sino en el agotamiento del modelo de desarrollo. El modelo de economía cerrada tronó en 1976 con el fin de la política cambiaria. En 1992 se optó por la globalización por medio del tratado de comercio libre con Estados Unidos y Canadá. Pero esa integración convirtió a México en un país de consumo, no es un eslabón productivo. México no podrá aumentar su grado de desarrollo sin tres necesidades básicas que los partidos no han querido debatir: educación, capacitación laboral y ahorro.
Los legisladores quieren vender como reforma hacendaria integral lo que fue un simple ajuste en los impuestos. Y si la economía necesita ingresos adicionales de siete puntos porcentuales del PIB, la reforma fiscal no llegará a tres puntos. Por tanto, pronto se requerirá de otra reforma fiscal. Y así hasta el infinito.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 14 de septiembre.
Gobierno ganó, todos perdimos. En estas cuatro palabras estilo Fernando Marcos se sintetiza la reforma hacendaria.
La reciente propuesta fiscal es una señal interesante de qué clase de gobierno estamos teniendo: un extraño centrismo. Le pega a los ricos, le pega a los informales, ataca a los que eluden sus responsabilidades fiscales, no toca a los pobres. Es, a todas luces, una reforma incompleta y de alcance limitado, pero es un primer paso importantísimo para resolver el problema de recaudación. Es, también, una demostración de que el gobierno no está tan comprometido con los grandes capitales como se decía.
Andrés Pascoe, Crónica, 30 de junio.
No le gustó. El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, le hizo gestos al proyecto de reforma fiscal del gobierno federal. Le parece insuficiente para recaudar lo necesario con el fin de reducir las desigualdades sociales, pues con tres puntos del PIB no se saca al buey de la barranca
“Frentes Políticos”, Excélsior, 30 de junio.
Más allá de sus ostensibles limitaciones técnicas: —sin estrategia básica sobre IVA o ISR y el recurso a impuestos indirectos; elusión de la cuestión Pemex; renuncia a la ampliación de la base de contribuyentes y focalización en los cautivos de ingresos medios y bajos; abdicación de cobro impositivo a los dividendos de los accionistas; complicación barroca de los sistemas de pago, control, contabilización y restricción a la evasión y la elusión; incentivos a un sistema financiero gris o ilegal; multiplicación de IEPS; falso federalismo fiscal sin transparencia ni rendición de cuentas; dosis altas de demagogia— la propuesta del presidente Calderón naufraga, además, en virtud de ser eminentemente preventiva y, por ende, de objetivos recaudatorios deliberadamente limitados.
Alan Arias, Milenio, 1º de julio.
La reforma no aspira a corregir los defectos estructurales de la hacienda pública, cancela cualquier intención trascendente como incentivar el desarrollo, instrumentar políticas anticíclicas (crecimiento estancado desde hace dos décadas) o atender los graves déficits sociales, tan sólo quiere prevenir un déficit fiscal inmanejable. Se calcula 2.9% del PIB, al finalizar el sexenio (aunque está incorrectamente medido pues no incluye Pidiriegas, IPAB, ni rescates carreteros), se trata de compensarlo. La reforma aspira a incrementar la recaudación en 3% del PIB, coincidente con el déficit esperado y evitar los desequilibrios de “la tendencia inercial de los compromisos ineludibles del gasto público” (90% del presupuesto).
Alan Arias, Milenio, 1º de julio.
Hay muchos detalles en la propuesta de reforma fiscal presentada por el gobierno de la República que, a mi juicio, pueden y deben mejorarse. En ocasiones anteriores he señalado que una reforma fiscal, digna de ese nombre, no debe buscar simplemente una mayor recaudación sino promover una mayor inversión y una mayor actividad económica. Debe también ser justa: no debe beneficiar a algunas empresas, por ejemplo, las de manufacturas, a las que se les permite deducir insumos, y castigar a otras, como las de servicios, cuyo principal insumo es el trabajo humano.
Si los políticos han impedido que se extienda la aplicación del IVA a todos o casi todos los productos, es inevitable buscar una opción por el lado de la renta. Pero un sistema más complicado, que busque injustamente favorecer a unas empresas y perjudicar a otras, y que impida la deducción de los salarios, no parece ser la solución adecuada.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 4 de julio.
Sin embargo, lo que se requiere en el país es una reforma hacendaria de gran magnitud, que verdaderamente garantice que haya los recursos suficientes para el país, que sean redistribuidos y promuevan el crecimiento respetando las necesidades que tiene la mayor parte de la población.
Así, la propuesta de reforma fiscal presentada por el Ejecutivo federal es insuficiente ya que plantea alcanzar una recaudación mayor en 2% del PIB en los siguientes dos años. Sin embargo, para satisfacer realmente las necesidades de gasto que tiene el país, requerimos no de 2% sino de 5%
Amalia García Medina, El Universal, 5 de julio.
Pues bien esas siete "reformas" fiscales han sido presentadas, oficialmente, por el inquilino de Los Pinos en turno, pero existe una verdadera catarata de iniciativas, propuestas, agendas y conexos a las leyes fiscales presentadas en el Congreso por los propios legisladores, a las que -según el diputado postulante- sólo le falta un grado para ser "reforma".
En este sentido, y con la generosidad de los investigadores legislativos que laboran fueran de reflectores en San Lázaro y Xicoténcatl, se pueden documentar cuando menos 99 iniciativas, en los últimos seis años, presentadas individualmente por diputados de todos los partidos, con la finalidad de "mejorar" la ley del impuesto sobre la renta. Junto a ellas, otras 80, más o menos, para "redistribuir de mejor forma" la renta petrolera, incluidos excedentes. Además, las relativas al IVA, al IEPS y otros, independientemente de las tradicionales misceláneas fiscales.
Ello, en un país donde el "diálogo se da" (Calderón dixit), pero nadie se pone de acuerdo. El gobierno no quiere ganarse el enojo del gran capital; éste se niega a pagar impuestos; las empresas juegan a la doble nacionalidad para duplicar la raja (las maquiladoras, por ejemplo) y así por el estilo.
De allí la innegable relevancia que impuestos como el ICI y el grafitero tienen para el desarrollo nacional, porque quienes más deben contribuir se niegan a hacerlo, y el gobierno no sólo los cobija, les aplaude, siempre pensando en las "soluciones definitivas" y el "pago de la deuda social" (michoacano dixit).
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 6 de julio.
La cuestión fiscal se encuentra complicada debido a los egresos. El gobierno federal hace dispendio de recursos y no parece estar dispuesto a limitarse: en los siete meses de gestión ha gastado más de dos mil 500 millones de pesos en propagada. Tampoco existen posibilidades claras de acuerdo concreto sobre las prioridades de gasto, especialmente debido a que hay divergencia en cuanto a las tareas del Estado en materias de inversión pública productiva y política social.
Sin embargo, la actitud de una oposición fuerte y propositiva no debería ser la de un rechazo antes del debate. Si así fuera, el PRD quedaría como un partido sin propuesta, lo que no se ajusta a la verdad, sino sólo a las acusaciones de sus asiduos críticos. En cambio, decir que se tiene una propuesta distinta y que se busca la más amplia discusión pública, podría dar mayor claridad sobre las profundas divergencias políticas que existen en el país, las cuales tampoco quieren ser admitidas como válidas por los reaccionarios.
Pablo Gómez, Milenio, 6 de julio.
En México cualquier reforma fiscal correcta debe comenzar por reconocer plenamente, definir puntualmente, y garantizar jurídicamente, el derecho de propiedad del contribuyente sobre sus ingresos y patrimonio, algo que en México no está, ni plenamente reconocido ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado, y a las pruebas me remito: en nuestro país basta y sobra que el Ejecutivo proponga cobrar más impuestos, y que el Legislativo lo apruebe, para que los contribuyentes terminemos tributando más.
¿Qué quiere decir lo anterior? Que en México la discrecionalidad del gobierno a la hora de cobrar impuestos no es enorme, es total. Que en nuestro país no existe un límite a la capacidad recaudatoria del gobierno. Que el derecho de propiedad del contribuyente sobre sus ingresos y patrimonio no está, ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado, lo cual es muy grave, clara muestra de lo mucho que falta para tener un verdadero Estado de Derecho que es, como todo mundo sabe, el gobierno de las leyes justas, siendo justas las leyes que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de la persona, entre los que se encuentra el de propiedad, mismo que en México, dada la total discrecionalidad del gobierno (tanto por el lado del Ejecutivo, como por el flanco del Legislativo) a la hora de cobrar impuestos, no está, ¡va de nuevo!, ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado, lo cual, ¡nunca estará de más señalarlo!, es gravísimo.
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 9 de julio.
¿Cómo es posible que los legisladores, quienes deben de tener claro, —o no—, que su tarea es la redacción de leyes justas, que reconozcan y garanticen los derechos de la persona, comenzando por la propiedad, permitan que la discrecionalidad del gobierno a la hora de cobrar impuestos sea total? ¿No les da vergüenza? ¿No les quita el sueño? ¿No les da pena cada vez que, quincena tras quincena, cobran su sueldo? Claro que la primera pregunta que hay que hacerle a los legisladores es si están conscientes de la mentada discrecionalidad y de lo que ella supone en términos del derecho de propiedad. ¿Lo están?
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 9 de julio.
El hecho es que una reforma fiscal correcta debe comenzar por reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente el derecho de propiedad del contribuyente sobre sus ingresos y patrimonio, algo que en México deja mucho que desear, y que, por lo visto, seguirá dejándolo. Es cierto, la Secretaría de Hacienda señala que, entre sus propuestas de reforma, se encuentran algunas destinadas a “otorgar mayor seguridad jurídica al contribuyente”, pero nada que, ni remotamente, suponga establecer limites a la capacidad recaudatoria del gobierno. Insisto: nada que, ni por equivocación, suponga el establecimiento de dicho límite.
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 9 de julio.
Hoy, nadie del equipo de Agustín Carstens y en Los Pinos puede cantar victoria. Los empresarios, banqueros, analistas y partidos de oposición, querido lector, han afirmado que la iniciativa de reforma fiscal es insuficiente y muy limitada como para decir con descaro que se recaudará cerca de 3 por ciento del PIB. Eso es una verdad a medias que más bien es una mentira completa.
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 10 de julio.
EL SEXENIO de Vicente Fox dejó una moraleja presupuestaria de la que deberían tomar nota en Los Pinos y en Hacienda.
CON NÚMEROS sólidos e irrefutables, Fox demostró que de nada sirve una mayor recaudación o ingresos abultados, si no hay control en el gasto o el dinero se utiliza nomás para alimentar la burocracia.
PORQUE el sexenio anterior recibió el equivalente a dos reformas fiscales como la que hoy impulsa Felipe Calderón, pero de todo ese dinero al país le quedó, extrañamente, ¡un recorte en la inversión de infraestructura!
BUENO, eso más prebendas para el magisterio y el pago a asesores y empleados que menudearon en la administración.
ÉSE ES EL PELIGRO que los críticos le ven a la actual reforma que es principalmente recaudatoria y dista mucho de ser un verdadero cambio del status quo fiscal.
DE HECHO, tal vez otro gallo le cantaría a la pretendida reforma, que hasta ahora ha cosechado sólo rechazo, si en lugar de pura recaudación se hablara también de un plan para bajar el gasto corriente, elevar la inversión en infraestructura y dar más incentivos a la productividad.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 21 de julio.
Sin embargo, en el momento de sentarse a la mesa, muchos descubrirán cuán modesto es el menú. Cuán pequeñas son las porciones. Cuán lejos está la comida posible del alimento necesario. Cuán chica es la alita y todo lo que las empresas comenzarán a hacer -buscando nuevos agujeros fiscales- para reducir su tamaño aún más. Cuánto trabajo costará seguir las indicaciones que la receta exige y un ejército de contadores tendrá que descifrar. Cuánto faltará para resolver de fondo la penuria recaudatoria del país. Tal y como está contemplada, la reforma fiscal aumentará ligeramente la recaudación y proveerá de recursos a un Estado que los necesita. Pero faltará aún mucho por hacer; mucho por cambiar; mucho por cocinar. Combatir la evasión popular y reducirla; cerrar los boquetes existentes y evitar el surgimiento de otros nuevos; encontrar formas de aumentar el peso del pollo y maneras de repartirlo mejor.
Denisse Dresser, Reforma, 27 de agosto.
La reforma fiscal tiene dos debilidades.
Sólo generará los recursos necesarios para enfrentar las demandas adicionales de dinero en el corto plazo, derivadas de los compromisos financieros que ya se han adquirido, como las pensiones y los Pidiregas.
Se quedará muy corta respecto a las necesidades de dinero para modernizar la infraestructura y los aparatos del Estado.
La segunda debilidad es que no cambia esencialmente los mecanismos de asignación del dinero público por lo que el propio aparato del Estado, en su ámbito federal, estatal y municipal, habrá de consumir pronto los recursos obtenidos, como si fuera agua que se filtra en la arena.
Enrique Quintana, “Coordenadas”, Reforma, 12 de septiembre.
La reforma fiscal fue recaudatoria. Y tan lo fue, que giró en torno al aumento en los impuestos a las gasolinas. El aumento en los ingresos se convirtió en un fin en sí mismo. Pero toda política fiscal forma parte del modelo de desarrollo. Por tanto, los legisladores de todos los partidos privilegiaron los ingresos -peor aún: sin reorganizar el gasto- sin cambiar el modelo de desarrollo.
El problema económico del país no radica en la baja en los ingresos públicos sino en el agotamiento del modelo de desarrollo. El modelo de economía cerrada tronó en 1976 con el fin de la política cambiaria. En 1992 se optó por la globalización por medio del tratado de comercio libre con Estados Unidos y Canadá. Pero esa integración convirtió a México en un país de consumo, no es un eslabón productivo. México no podrá aumentar su grado de desarrollo sin tres necesidades básicas que los partidos no han querido debatir: educación, capacitación laboral y ahorro.
Los legisladores quieren vender como reforma hacendaria integral lo que fue un simple ajuste en los impuestos. Y si la economía necesita ingresos adicionales de siete puntos porcentuales del PIB, la reforma fiscal no llegará a tres puntos. Por tanto, pronto se requerirá de otra reforma fiscal. Y así hasta el infinito.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 14 de septiembre.
Gobierno ganó, todos perdimos. En estas cuatro palabras estilo Fernando Marcos se sintetiza la reforma hacendaria.
El gobierno obtuvo una tasa alta de CETU que será de 17.5 por ciento y se quedó con un pilón: habrá aumento a la gasolina de 5.5 por ciento diluido en 18 meses. Adicionalmente contará con un Código Fiscal de la Federación que alcanza niveles de autoritarismo sin precedentes.
Las transferencias de hogares y empresas al gobierno crecerán en el equivalente a 2 por ciento del PIB. ¿Es mejor un peso en las manos del gobierno que en las nuestras? Los diputados y la Secretaría de Hacienda piensan que sí. Somos muchos los que pensamos que no. Lo malo es que no necesitan nuestro beneplácito. Por eso se llaman impuestos.
Luis Miguel González, “Caja Fuerte”, Milenio, 14 de septiembre.
Luis Miguel González, “Caja Fuerte”, Milenio, 14 de septiembre.
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