Una nueva controversia en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) será dirimida el próximo lunes respecto de la solicitud de ampliación presupuestal para ese organismo.
La Comisión de Radio y Televisión busca la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para obtener cerca de mil millones de pesos adicionales al presupuesto de 2008, para hacer frente a las nuevas obligaciones que le marca la ley electoral, especialmente para comprar un soporte tecnológico para monitorear los mensajes en radio y televisión de los partidos políticos.
En tanto, los partidos políticos buscan que el IFE haga un esfuerzo para bajar el rango de su solicitud, fijada en el orden de los mil 141 millones de pesos.
El PAN propone (de la misma forma en que lo hacen funcionarios del gobierno federal) que sea el Estado la instancia que compre el llamado “sistema de ingesta digital de las señales satelitales”. Este partido considera que el equipo que se pretende adquirir sería subutilizado porque sólo serviría para monitorear 12 por ciento de los tiempos oficiales, destinados para la transmisión de mensajes de los partidos políticos.
En tanto, integrantes de la comisión de Radio y Televisión argumentan que, por el contrario, la inversión referida bajaría los costos para el servicio del monitoreo. En 2006 vigilaron el contenido difundido por 336 concesionarios en 20 ciudades, lo que originó gastos para el IFE de 65 pesos por hora de grabación monitoreada.
En cambio, agregan, con la pretendida inversión, podría monitorearse a 2 mil 500 estaciones (de radio y televisión) y contar con grabaciones las 24 horas, con costo de 15 pesos por hora, en los próximos cinco años, esto es, más de 10 millones de segundos.
Los involucrados en estos cálculos consideran que aun cuando sea una inversión millonaria, se adquiriría infraestructura que se convertiría en “patrimonio del Estado mexicano”, la cual podrán utilizar otras instancias públicas.
En la sesión del consejo general del lunes, los integrantes del antedicho comité expondrán argumentos con base en lo que ordena el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en particular el artículo 76, párrafo 6: “El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones en materia de radio y televisión”.
De acuerdo con fuentes consultadas, la propuesta incluye la disposición de recursos para la contratación de unos 400 nuevos empleados para las nuevas funciones.
La Comisión de Radio y Televisión busca la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para obtener cerca de mil millones de pesos adicionales al presupuesto de 2008, para hacer frente a las nuevas obligaciones que le marca la ley electoral, especialmente para comprar un soporte tecnológico para monitorear los mensajes en radio y televisión de los partidos políticos.
En tanto, los partidos políticos buscan que el IFE haga un esfuerzo para bajar el rango de su solicitud, fijada en el orden de los mil 141 millones de pesos.
El PAN propone (de la misma forma en que lo hacen funcionarios del gobierno federal) que sea el Estado la instancia que compre el llamado “sistema de ingesta digital de las señales satelitales”. Este partido considera que el equipo que se pretende adquirir sería subutilizado porque sólo serviría para monitorear 12 por ciento de los tiempos oficiales, destinados para la transmisión de mensajes de los partidos políticos.
En tanto, integrantes de la comisión de Radio y Televisión argumentan que, por el contrario, la inversión referida bajaría los costos para el servicio del monitoreo. En 2006 vigilaron el contenido difundido por 336 concesionarios en 20 ciudades, lo que originó gastos para el IFE de 65 pesos por hora de grabación monitoreada.
En cambio, agregan, con la pretendida inversión, podría monitorearse a 2 mil 500 estaciones (de radio y televisión) y contar con grabaciones las 24 horas, con costo de 15 pesos por hora, en los próximos cinco años, esto es, más de 10 millones de segundos.
Los involucrados en estos cálculos consideran que aun cuando sea una inversión millonaria, se adquiriría infraestructura que se convertiría en “patrimonio del Estado mexicano”, la cual podrán utilizar otras instancias públicas.
En la sesión del consejo general del lunes, los integrantes del antedicho comité expondrán argumentos con base en lo que ordena el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en particular el artículo 76, párrafo 6: “El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones en materia de radio y televisión”.
De acuerdo con fuentes consultadas, la propuesta incluye la disposición de recursos para la contratación de unos 400 nuevos empleados para las nuevas funciones.
Nota de Fabiola Martínez, La Jornada, 29 de marzo.
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