Con el voto en contra de los consejeros que fueron auspiciados por el PRI, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó amonestar a la fracción del tricolor en el Senado –que encabeza Manlio Fabio Beltrones– por la contratación de propaganda gubernamental en tiempos prohibidos por la ley electoral, por lo que también se dio vista a dicho órgano legislativo para la indagatoria del mal uso de recursos públicos.
De igual forma, aprobó una multa de alrededor de 54 mil 800 pesos por actos anticipados de campaña de ese mismo partido, al publicar un desplegado en el que se cuestiona el desempeño del PAN en el gobierno. En el desahogo de inconformidades del blanquiazul, se declaró infundada la queja por la publicación del discurso de la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, que el panismo reclamaba como un acto anticipado de campaña.
Durante un largo debate en la sesión de Consejo General del IFE –interrumpido solamente por la evacuación súbita del edificio ante el sismo de 5.7 grados Richter ocurrido ayer–, la disputa entre los consejeros se centró en el desplegado publicado el pasado 3 de mayo por los senadores priístas, cuando ya había empezado la campaña electoral y, por tanto, estaba restringida toda publicidad de instancias gubernamentales o institucionales derivada del uso de recursos públicos, como es el caso del Legislativo.
El largo debate fue definido por el presidente del IFE, Leonardo Valdés, quien modificó su postura inicial de exonerar al PRI para inclinarse por la de los consejeros Alfredo Figueroa, Arturo Sánchez, Benito Nacif y Macarita Elizondo. En contraste, quienes defendieron al tricolor fueron Marco Antonio Baños, Marco Antonio Gómez Alcántar, Francisco Guerrero y Virgilio Andrade.
Figueroa fue el primero en exponer su inconformidad con el proyecto que pretendía exonerar al PRI de toda acusación. Descalificó el argumento de que la propaganda de los senadores priístas había sido ordenada en tiempos aún permitidos por la ley comicial, pues el tricolor sabía que aparecería ya empezada la campaña.
Subrayó su convencimiento de que cuando hay propaganda institucional en el periodo de campaña, ésta tiene carácter ilegal, porque la prohibición constitucional es absoluta. Dijo que el IFE está a tiempo de salvaguardar el principio legal que restringe el proselitismo a la competencia entre partidos políticos, y no, como ha ocurrido en el pasado, terceros entrando a la contienda; volviéndola desigual e incidiendo en el proceso electoral.
Para los consejeros que se opusieron a la sanción, el desplegado de los senadores priístas no puede ser considerado como propaganda gubernamental porque los grupos parlamentarios no tienen personalidad propia ni son el órgano de gobierno del Senado. “No tengo la menor duda –dijo Gómez Alcántar–, con independencia de que hayan pagado con recursos públicos, que no contiene fines electorales, sino informativos”.
Sin embargo, su homólogo Arturo Sánchez argumentó en sentido contrario y fue más crítico sobre los alcances que tendría exonerar al PRI por el desplegado de sus senadores: es querer que no tenga vigencia la reforma electoral y buscar cómo ensanchamos formas de hacer propaganda y presencia pública, que era justamente lo que se tenía como objetivo, que no hubiera dinero involucrado para que no existiera desigualdad y fueran solamente los recursos de los partidos.
La insistencia de quienes se oponían a la sanción se centró en el carácter de los grupos parlamentarios, los cuales no pueden ser considerados entes de carácter público –como definió el consejero Marco Antonio Baños–, aunque utilicen recursos del erario, pues no son los únicos que lo hacen.
Sería la consejera Macarita Elizondo quien propondría la amonestación pública en función de que la fracción del PRI sabía que la publicación se daría ya en periodo de campaña. En este sentido, dijo que el tricolor habría incurrido en una conducta de omisión de vigilar el comportamiento de sus militantes, por lo que consideró que esto implicaría una falta del partido, que por ser leve, ameritaría una amonestación.
En su oportunidad, el panista Roberto Gil, quien fue áspero al criticar la postura de los consejeros defensores del PRI, recordó el caso de Amigos de Fox –cuando se sancionó al PAN por involucramiento de recursos del Legislativo en campaña– y citó, por ejemplo, que los diputados priístas tienen un presupuesto de 67 millones de pesos, que bajo esta lógica podrían involucrarse en la campaña.
A lo largo del debate, los representantes del PAN y del PRI apuntalaron las argumentaciones de los consejeros para que, hacia el final, a pesar de que originalmente había anunciado que apoyaría en sus términos el proyecto, el cambio de opinión de Valdés motivaría la decisión de amonestar al PRI por el uso ilegal de recursos públicos en periodo de campaña.
De igual forma, aprobó una multa de alrededor de 54 mil 800 pesos por actos anticipados de campaña de ese mismo partido, al publicar un desplegado en el que se cuestiona el desempeño del PAN en el gobierno. En el desahogo de inconformidades del blanquiazul, se declaró infundada la queja por la publicación del discurso de la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, que el panismo reclamaba como un acto anticipado de campaña.
Durante un largo debate en la sesión de Consejo General del IFE –interrumpido solamente por la evacuación súbita del edificio ante el sismo de 5.7 grados Richter ocurrido ayer–, la disputa entre los consejeros se centró en el desplegado publicado el pasado 3 de mayo por los senadores priístas, cuando ya había empezado la campaña electoral y, por tanto, estaba restringida toda publicidad de instancias gubernamentales o institucionales derivada del uso de recursos públicos, como es el caso del Legislativo.
El largo debate fue definido por el presidente del IFE, Leonardo Valdés, quien modificó su postura inicial de exonerar al PRI para inclinarse por la de los consejeros Alfredo Figueroa, Arturo Sánchez, Benito Nacif y Macarita Elizondo. En contraste, quienes defendieron al tricolor fueron Marco Antonio Baños, Marco Antonio Gómez Alcántar, Francisco Guerrero y Virgilio Andrade.
Figueroa fue el primero en exponer su inconformidad con el proyecto que pretendía exonerar al PRI de toda acusación. Descalificó el argumento de que la propaganda de los senadores priístas había sido ordenada en tiempos aún permitidos por la ley comicial, pues el tricolor sabía que aparecería ya empezada la campaña.
Subrayó su convencimiento de que cuando hay propaganda institucional en el periodo de campaña, ésta tiene carácter ilegal, porque la prohibición constitucional es absoluta. Dijo que el IFE está a tiempo de salvaguardar el principio legal que restringe el proselitismo a la competencia entre partidos políticos, y no, como ha ocurrido en el pasado, terceros entrando a la contienda; volviéndola desigual e incidiendo en el proceso electoral.
Para los consejeros que se opusieron a la sanción, el desplegado de los senadores priístas no puede ser considerado como propaganda gubernamental porque los grupos parlamentarios no tienen personalidad propia ni son el órgano de gobierno del Senado. “No tengo la menor duda –dijo Gómez Alcántar–, con independencia de que hayan pagado con recursos públicos, que no contiene fines electorales, sino informativos”.
Sin embargo, su homólogo Arturo Sánchez argumentó en sentido contrario y fue más crítico sobre los alcances que tendría exonerar al PRI por el desplegado de sus senadores: es querer que no tenga vigencia la reforma electoral y buscar cómo ensanchamos formas de hacer propaganda y presencia pública, que era justamente lo que se tenía como objetivo, que no hubiera dinero involucrado para que no existiera desigualdad y fueran solamente los recursos de los partidos.
La insistencia de quienes se oponían a la sanción se centró en el carácter de los grupos parlamentarios, los cuales no pueden ser considerados entes de carácter público –como definió el consejero Marco Antonio Baños–, aunque utilicen recursos del erario, pues no son los únicos que lo hacen.
Sería la consejera Macarita Elizondo quien propondría la amonestación pública en función de que la fracción del PRI sabía que la publicación se daría ya en periodo de campaña. En este sentido, dijo que el tricolor habría incurrido en una conducta de omisión de vigilar el comportamiento de sus militantes, por lo que consideró que esto implicaría una falta del partido, que por ser leve, ameritaría una amonestación.
En su oportunidad, el panista Roberto Gil, quien fue áspero al criticar la postura de los consejeros defensores del PRI, recordó el caso de Amigos de Fox –cuando se sancionó al PAN por involucramiento de recursos del Legislativo en campaña– y citó, por ejemplo, que los diputados priístas tienen un presupuesto de 67 millones de pesos, que bajo esta lógica podrían involucrarse en la campaña.
A lo largo del debate, los representantes del PAN y del PRI apuntalaron las argumentaciones de los consejeros para que, hacia el final, a pesar de que originalmente había anunciado que apoyaría en sus términos el proyecto, el cambio de opinión de Valdés motivaría la decisión de amonestar al PRI por el uso ilegal de recursos públicos en periodo de campaña.
Alonso Urrutia, La Jornada, 23 de mayo.
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