El debate en que el Consejo General del Instituto Federal Electoral exculpó al PAN de auspiciar el video aparecido en YouTube, en el que se acusa de corrupto al gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, mostró las diferencias entre los consejeros sobre tratar de regular Internet. En una discusión de madrugada, las posturas oscilaron entre quienes pugnan por impedir el crecimiento de las campañas negras en la red y aquellos que consideran inviable censurar a ciudadanos en este medio.
Con la decisión de la Comisión de Quejas de ordenar el retiro del video “vinieron a mi memoria escenas medievales de quema de libros, cosas que no se pueden ver. Me parece que es un grave error envuelto en una serie de falsedades”, dijo el consejero Arturo Sánchez para quien avalar esta actitud del IFE le daría razón a la crítica social de que pretendemos ser censores”.
En el otro extremo, para el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar no retirar propaganda denigratoria actualizaría la actitud omisa del instituto en 2006. A su juicio, a pesar de que no se identifique a un partido detrás de dicha propaganda, el IFE debe ordenar su retiro por ser denigratoria y, en ese contexto, acusó a YouTube –sitio donde estuvo el video– de no colaborar en la aplicación de una medida cautelar ordenada por el IFE y sí ordenar el retiro del video cuando lo requiere una empresa.
Era el último punto del orden del día y a las 2 de la madrugada, el IFE discutía sobre los alcances de la regulación en Internet. El consejero presidente, Leonardo Valdés, sostuvo que el IFE “no debe censurar ni coartar la libertad de expresión de los mexicanos, por el contrario, debe salvaguardar ese derecho”.
Sin embargo, advirtió que “a pesar de que la autoridad electoral no tiene facultades para regular el acceso a Internet, ni para limitar la libertad de expresión de nadie, sí tiene atribuciones para salvaguardar la equidad en las elecciones, promover la civilidad democrática y sancionar toda propaganda partidaria encaminada a denigrar y calumniar instituciones o ciudadanos”.
Descalificaciones partidistas
El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, justificó las medidas cautelares tomadas –ordenar el retiro del video–, pero también el incumplimiento de YouTube ante las complejidades técnicas y jurídicas de Internet. Asimismo, alertó que por las características de este medio, las acciones pueden resultar contraproducentes, en alusión a la aparición de decenas de copias del video tras la orden del IFE.
Mientras, PRI y PAN utilizaban el debate para una segunda ronda de descalificaciones mutuas, tras la previa exculpación que hizo el IFE del gobernador Fidel Herrera, al que el PAN acusaba de entrometerse en la campaña electoral utilizando programas de gobierno y recursos públicos.
Ya en el debate sobre YouTube, Roberto Gil, representante del PAN, advirtió que la pretensión del IFE era convertirse en “tribunal de inquisición de los ciudadanos para proteger la santidad de los políticos (…) porque un gobernador pide ahora el amparo del IFE. Me temo que los ciudadanos no van a permitir que se metan con Internet” Y añadió: “el IFE debe ser espacio de ciudadanía, no lavandería de la maltrecha imagen de los viejos políticos del PRI”.
Tras defender la libertad de expresión en Internet, el priísta Sebastián Lerdo de Tejada dijo que el IFE no puede abdicar de sus funciones, aunque reconoció que el tema del Internet es algo que rebasa a la autoridad electoral y requiere de un debate amplio.
En su oportunidad, el consejero Benito Nacif cuestionó las facultades del IFE para tratar de regular mensajes ciudadanos, pues solo puede hacerlo cuando se trate de propaganda partidista. En su caso, dijo, existen otras autoridades abocadas a resolver juicios civiles, si alguien considera que se le calumnia por este medio.
Tras el largo debate quedaron claras dos cosas: no había elementos que pudieran acreditar la responsabilidad del PAN en la difusión del video, y la preocupación de la mayoría de los consejeros, por la ineficacia de las medidas cautelares dictadas y que no fueron acatadas por YouTube.
Con la decisión de la Comisión de Quejas de ordenar el retiro del video “vinieron a mi memoria escenas medievales de quema de libros, cosas que no se pueden ver. Me parece que es un grave error envuelto en una serie de falsedades”, dijo el consejero Arturo Sánchez para quien avalar esta actitud del IFE le daría razón a la crítica social de que pretendemos ser censores”.
En el otro extremo, para el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar no retirar propaganda denigratoria actualizaría la actitud omisa del instituto en 2006. A su juicio, a pesar de que no se identifique a un partido detrás de dicha propaganda, el IFE debe ordenar su retiro por ser denigratoria y, en ese contexto, acusó a YouTube –sitio donde estuvo el video– de no colaborar en la aplicación de una medida cautelar ordenada por el IFE y sí ordenar el retiro del video cuando lo requiere una empresa.
Era el último punto del orden del día y a las 2 de la madrugada, el IFE discutía sobre los alcances de la regulación en Internet. El consejero presidente, Leonardo Valdés, sostuvo que el IFE “no debe censurar ni coartar la libertad de expresión de los mexicanos, por el contrario, debe salvaguardar ese derecho”.
Sin embargo, advirtió que “a pesar de que la autoridad electoral no tiene facultades para regular el acceso a Internet, ni para limitar la libertad de expresión de nadie, sí tiene atribuciones para salvaguardar la equidad en las elecciones, promover la civilidad democrática y sancionar toda propaganda partidaria encaminada a denigrar y calumniar instituciones o ciudadanos”.
Descalificaciones partidistas
El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, justificó las medidas cautelares tomadas –ordenar el retiro del video–, pero también el incumplimiento de YouTube ante las complejidades técnicas y jurídicas de Internet. Asimismo, alertó que por las características de este medio, las acciones pueden resultar contraproducentes, en alusión a la aparición de decenas de copias del video tras la orden del IFE.
Mientras, PRI y PAN utilizaban el debate para una segunda ronda de descalificaciones mutuas, tras la previa exculpación que hizo el IFE del gobernador Fidel Herrera, al que el PAN acusaba de entrometerse en la campaña electoral utilizando programas de gobierno y recursos públicos.
Ya en el debate sobre YouTube, Roberto Gil, representante del PAN, advirtió que la pretensión del IFE era convertirse en “tribunal de inquisición de los ciudadanos para proteger la santidad de los políticos (…) porque un gobernador pide ahora el amparo del IFE. Me temo que los ciudadanos no van a permitir que se metan con Internet” Y añadió: “el IFE debe ser espacio de ciudadanía, no lavandería de la maltrecha imagen de los viejos políticos del PRI”.
Tras defender la libertad de expresión en Internet, el priísta Sebastián Lerdo de Tejada dijo que el IFE no puede abdicar de sus funciones, aunque reconoció que el tema del Internet es algo que rebasa a la autoridad electoral y requiere de un debate amplio.
En su oportunidad, el consejero Benito Nacif cuestionó las facultades del IFE para tratar de regular mensajes ciudadanos, pues solo puede hacerlo cuando se trate de propaganda partidista. En su caso, dijo, existen otras autoridades abocadas a resolver juicios civiles, si alguien considera que se le calumnia por este medio.
Tras el largo debate quedaron claras dos cosas: no había elementos que pudieran acreditar la responsabilidad del PAN en la difusión del video, y la preocupación de la mayoría de los consejeros, por la ineficacia de las medidas cautelares dictadas y que no fueron acatadas por YouTube.
Alonso Urrutia, La Jornada, 17 de mayo.
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