Con la intención de evitar “que la soberanía popular resulte secuestrada por el crimen organizado”, el Instituto Federal Electoral (IFE) comenzó la segunda fase de coordinación con el gobierno federal para revisar expedientes de candidatos a puestos de elección popular dentro del llamado blindaje electoral.
Colectas, espectáculos, rifas, sorteos, cuentas bancarias, auditorías con nombres de aportantes, visitas de verificación, además de muestreos aleatorios, identificación de prestadores de servicios durante precampañas y campañas, son supervisados por el IFE en coordinación con la Secretaría de Gobernación.
Esta semana, el presidente consejero del IFE Leonardo Valdez informó que suscribió diversos convenios como parte de las adecuaciones que se realizaron al esquema de fiscalización promovido desde diciembre de 2008.
Sin embargo, los compromisos formales con Gobernación se llevarán a cabo a inicios de junio.
Los acuerdos, aprobados en el Consejo General del IFE el 14 de enero tienen la intención de intercambiar información que facilite las acciones de prevención, investigación y persecución de estos delitos para identificar a “personas políticamente expuestas”.
Las investigaciones están centradas principalmente en una lista que proporcionan las dirigencias de los ocho partidos políticos.
“En cualquier momento los partidos políticos podrán remitir a la Unidad de Fiscalización, una lista adicional de las personas que encuadren en el concepto de persona políticamente expuesta, definido por la Secretaría de Hacienda; dicha relación será entregada por el representante legal del partido ante el instituto”, apunta uno de los acuerdos del IFE.
El filtro del blindaje electoral alcanza a los mismos servidores públicos encargados de estos trabajos, ya que cuando se detecte un probable delito que deba perseguirse de oficio, tienen que rendir un informe al Ministerio Público con base en el artículo 117 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Estas denuncias deben ser monitoreadas por la secretaría ejecutiva del IFE, para dar seguimiento a posibles delitos electorales que se configuren antes, durante y después de los comicios del próximo 5 de julio, aunque cabe destacar que durante las precampañas, no se detectó ningún acto relacionado con el narco.
Los partidos han tenido que presentar una relación de proveedores y prestadores de servicios con los que han realizado operaciones durante las precampañas y campañas, cuyos montos, en su mayoría, han superado los 500 días de salario mínimo y conformar un expediente cuando las operaciones superen los 5 mil días de salario mínimo.
En este proceso de revisión, la Unidad de Fiscalización ha remitido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, las listas de candidatos a cargos de elección popular, así como de dirigentes y titulares de los órganos de finanzas de los partidos que encuadran como posibles personas políticamente expuestas.
Colectas, espectáculos, rifas, sorteos, cuentas bancarias, auditorías con nombres de aportantes, visitas de verificación, además de muestreos aleatorios, identificación de prestadores de servicios durante precampañas y campañas, son supervisados por el IFE en coordinación con la Secretaría de Gobernación.
Esta semana, el presidente consejero del IFE Leonardo Valdez informó que suscribió diversos convenios como parte de las adecuaciones que se realizaron al esquema de fiscalización promovido desde diciembre de 2008.
Sin embargo, los compromisos formales con Gobernación se llevarán a cabo a inicios de junio.
Los acuerdos, aprobados en el Consejo General del IFE el 14 de enero tienen la intención de intercambiar información que facilite las acciones de prevención, investigación y persecución de estos delitos para identificar a “personas políticamente expuestas”.
Las investigaciones están centradas principalmente en una lista que proporcionan las dirigencias de los ocho partidos políticos.
“En cualquier momento los partidos políticos podrán remitir a la Unidad de Fiscalización, una lista adicional de las personas que encuadren en el concepto de persona políticamente expuesta, definido por la Secretaría de Hacienda; dicha relación será entregada por el representante legal del partido ante el instituto”, apunta uno de los acuerdos del IFE.
El filtro del blindaje electoral alcanza a los mismos servidores públicos encargados de estos trabajos, ya que cuando se detecte un probable delito que deba perseguirse de oficio, tienen que rendir un informe al Ministerio Público con base en el artículo 117 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Estas denuncias deben ser monitoreadas por la secretaría ejecutiva del IFE, para dar seguimiento a posibles delitos electorales que se configuren antes, durante y después de los comicios del próximo 5 de julio, aunque cabe destacar que durante las precampañas, no se detectó ningún acto relacionado con el narco.
Los partidos han tenido que presentar una relación de proveedores y prestadores de servicios con los que han realizado operaciones durante las precampañas y campañas, cuyos montos, en su mayoría, han superado los 500 días de salario mínimo y conformar un expediente cuando las operaciones superen los 5 mil días de salario mínimo.
En este proceso de revisión, la Unidad de Fiscalización ha remitido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, las listas de candidatos a cargos de elección popular, así como de dirigentes y titulares de los órganos de finanzas de los partidos que encuadran como posibles personas políticamente expuestas.
José Gerardo Mejía, El Universal, 21 de mayo.
0 Responses to "IFE comienza la supervisión de precampañas"
Publicar un comentario