La irritación de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) contra las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aumentó ayer cuando cuestionaron con duros términos una resolución sobre los procedimientos que deben adoptarse para desahogar recursos.
Es momento de replantear la relación, sostuvo el consejero Marco Antonio Baños, mientras Alfredo Figueroa descalificó a los magistrados: “no es un término de relación aceptable para dos instituciones de Estado”.
La sesión del Consejo General del IFE en la que se acataron resoluciones bajo procedimientos ordenados por los magistrados no sólo recibió críticas de los consejeros, sino el respaldo de algunos partidos que censuraron los excesos del TEPJF, que en este caso impusieron criterios alejados de las disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.
‘“Los órganos límite (tribunales) sólo tienen frente a sí los controles sociales que se activan cuando quienes tienen la posibilidad difieren públicamente”, aseveró el panista Roberto Gil.
Paradójicamente, también en la sesión del TEPJF celebrada casi al mismo tiempo, el magistrado Pedro Penagos aludió a las críticas de los consejeros contra la resolución mediante la cual el tribunal avaló la compra de espots por parte de legisladores en periodo de intercampañas para difundir “informes legislativos”.
En el IFE se rechazó un proyecto de la secretaría ejecutiva que pretendía sancionar al gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, por presuntos contenidos ilegales en su página de Internet, en especial la inclusión de su currícula. Aunque fue unánime el rechazo a la aplicación de otro criterio del TEPJF planteado para el caso del alcalde de Jalpa de Méndez, también de Tabasco, el perredista Rafael Hernández censuró la decisión, porque se trataba de casos similares.
Sin embargo, la parte medular de las tres sesiones del Consejo General del IFE realizadas ayer (dos convocadas de manera urgente para acatar sentencias del TEPJF) fue el hartazgo de los consejeros acerca de las decisiones y las formas que han venido imponiendo los magistrados.
“Si de repente modifican los manuales de capacitación de funcionarios de casilla o me dicen que el director de Prerrogativas y el secretario general no pueden emitir ninguna opinión en ningún tema de materia electoral, y ahora nos dicen que se tiene que reunir el colegiado para remitirles un expediente, ¡hasta dónde hemos llegado! La parodia está sobre la mesa en este instante, el presidente y el secretario firmando un conjunto de documentos” en aras de acatar los criterios, cuestionó Baños.
Agregó: “lo que sigue es un replanteamiento del sistema para modificar el carácter de las instituciones electorales y convertir a este colegiado en una instancia subordinada –ironizó–, cuando es la máxima autoridad electoral, y no lo digo yo, lo dicen la Constitución y la ley, así de sencillo”.
Antes, Macarita Elizondo expuso sus razonamientos jurídicos sobre la inviabilidad de los criterios del TEPJF –que fueron aprobados– en el contexto del Sistema de Medios de Impugnación. Su postura fue secundada por Figueroa, quien arremetió contra los magistrados: “lamento mucho que el tribunal intente construir un procedimiento adicional, contrario al Sistema de Medios de Impugnación”, que sólo retrasa los procedimientos cuando debiera privilegiarse la expeditez”.
Ridiculizó los criterios del TEPJF, que ordenó al Consejo General que se reuniera para remitirle un expediente. Esto no es “una relación aceptable entre autoridades del Estado mexicano; estamos a tiempo de revisar estas fórmulas y debemos construir mecanismos diáfanos, como han sido en el pasado, entre ambas autoridades”.
Es momento de replantear la relación, sostuvo el consejero Marco Antonio Baños, mientras Alfredo Figueroa descalificó a los magistrados: “no es un término de relación aceptable para dos instituciones de Estado”.
La sesión del Consejo General del IFE en la que se acataron resoluciones bajo procedimientos ordenados por los magistrados no sólo recibió críticas de los consejeros, sino el respaldo de algunos partidos que censuraron los excesos del TEPJF, que en este caso impusieron criterios alejados de las disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.
‘“Los órganos límite (tribunales) sólo tienen frente a sí los controles sociales que se activan cuando quienes tienen la posibilidad difieren públicamente”, aseveró el panista Roberto Gil.
Paradójicamente, también en la sesión del TEPJF celebrada casi al mismo tiempo, el magistrado Pedro Penagos aludió a las críticas de los consejeros contra la resolución mediante la cual el tribunal avaló la compra de espots por parte de legisladores en periodo de intercampañas para difundir “informes legislativos”.
En el IFE se rechazó un proyecto de la secretaría ejecutiva que pretendía sancionar al gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, por presuntos contenidos ilegales en su página de Internet, en especial la inclusión de su currícula. Aunque fue unánime el rechazo a la aplicación de otro criterio del TEPJF planteado para el caso del alcalde de Jalpa de Méndez, también de Tabasco, el perredista Rafael Hernández censuró la decisión, porque se trataba de casos similares.
Sin embargo, la parte medular de las tres sesiones del Consejo General del IFE realizadas ayer (dos convocadas de manera urgente para acatar sentencias del TEPJF) fue el hartazgo de los consejeros acerca de las decisiones y las formas que han venido imponiendo los magistrados.
“Si de repente modifican los manuales de capacitación de funcionarios de casilla o me dicen que el director de Prerrogativas y el secretario general no pueden emitir ninguna opinión en ningún tema de materia electoral, y ahora nos dicen que se tiene que reunir el colegiado para remitirles un expediente, ¡hasta dónde hemos llegado! La parodia está sobre la mesa en este instante, el presidente y el secretario firmando un conjunto de documentos” en aras de acatar los criterios, cuestionó Baños.
Agregó: “lo que sigue es un replanteamiento del sistema para modificar el carácter de las instituciones electorales y convertir a este colegiado en una instancia subordinada –ironizó–, cuando es la máxima autoridad electoral, y no lo digo yo, lo dicen la Constitución y la ley, así de sencillo”.
Antes, Macarita Elizondo expuso sus razonamientos jurídicos sobre la inviabilidad de los criterios del TEPJF –que fueron aprobados– en el contexto del Sistema de Medios de Impugnación. Su postura fue secundada por Figueroa, quien arremetió contra los magistrados: “lamento mucho que el tribunal intente construir un procedimiento adicional, contrario al Sistema de Medios de Impugnación”, que sólo retrasa los procedimientos cuando debiera privilegiarse la expeditez”.
Ridiculizó los criterios del TEPJF, que ordenó al Consejo General que se reuniera para remitirle un expediente. Esto no es “una relación aceptable entre autoridades del Estado mexicano; estamos a tiempo de revisar estas fórmulas y debemos construir mecanismos diáfanos, como han sido en el pasado, entre ambas autoridades”.
Alonso Urrutia, La Jornada, 14 de mayo.
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