No habrá fuero partidista para los servidores públicos que sirvan a los criminales", advirtió, por segundo día consecutivo, el presidente Felipe Calderón.
En la inauguración de los trabajos de la XVI sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (que sesionó por vez primera en el marco de lo dispuesto por la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública), el mandatario expresó: "Sé que a todos nos preocupan los acontecimientos recientes y tanto a los gobernadores como a los ciudadanos de Morelos, Michoacán y Nuevo León les digo que, al igual que ustedes, estaré al pendiente de que se aplique la ley con justicia y sin distingo".
En el salón Tesorería de Palacio Nacional, Calderón mencionó que el de la delincuencia no es un problema nuevo sino que se ha venido acumulando y creciendo a lo largo de mucho tiempo.
Quizá se pensó, dijo, que no tendría consecuencias serias, pero el hecho es que "ahora estamos pagando los costos de años de permisividad y tolerancia ante la criminalidad".
Ante los integrantes del gabinete de seguridad y los gobernadores y jefe de Gobierno del Distrito Federal, acusó que el arreglo tácito o explícito en instituciones de seguridad y delincuentes fue acrecentando la impunidad y ésta ha propiciado la multiplicación de delitos de diverso orden.
En alusión a los operativos ocurridos en tres estados, el jefe del Ejecutivo justificó que las pesquisas que lleva a cabo la Procuraduría General de la República corroboran la existencia de redes de cobertura y protección al crimen dentro de las propias instancias de gobierno. "Ese es el verdadero problema".
Indicó que, más allá de las comprensibles diferencias de opinión respecto a estas acciones, "en lo que estoy seguro que coincidimos es en la imperiosa necesidad de romper las redes de complicidad y cobertura que el crimen ha venido tejiendo en las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia, lo mismo en el orden federal que en el estatal o municipal y sin distingo del origen partidista de los gobernantes".
Para el primer mandatario, estas redes de complicidad buscan garantizar la impunidad de los criminales, someter a su capricho la capacidad del Estado de procurar justicia y garantizar la seguridad pública. "Eso es algo que no podemos ni debemos permitir", dijo.
Señaló que no se permitirá más la captura, por parte de las organizaciones criminales, de instituciones básicas de la república como son los órganos de administración de justicia y de seguridad, por un lado, y, por otro, de diversas instancias de gobierno, desde el plano federal hasta las básicas de convivencia ciudadana, muy cercana a los ciudadanos, como son los gobiernos municipales.
Sostuvo el presidente Calderón que "claramente estamos ante una grave amenaza para la sociedad y ante un desafío directo a las autoridades del Estado".
Tras subrayar que es momento de cerrar filas, llamó a redoblar esfuerzos porque la responsabilidad es nueva y el reto no admite demora.
Hizo un recuento de los alcances que se han presentado desde la firma del Acuerdo por la Seguridad y la Legalidad al señalar que se ha detenido a 917 presuntos secuestradores, se desarticularon 133 bandas y se liberaron 671 víctimas.
Refirió que hoy en día 14 entidades de la república cuentan ya con unidades antisecuestro.
En la inauguración de los trabajos de la XVI sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (que sesionó por vez primera en el marco de lo dispuesto por la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública), el mandatario expresó: "Sé que a todos nos preocupan los acontecimientos recientes y tanto a los gobernadores como a los ciudadanos de Morelos, Michoacán y Nuevo León les digo que, al igual que ustedes, estaré al pendiente de que se aplique la ley con justicia y sin distingo".
En el salón Tesorería de Palacio Nacional, Calderón mencionó que el de la delincuencia no es un problema nuevo sino que se ha venido acumulando y creciendo a lo largo de mucho tiempo.
Quizá se pensó, dijo, que no tendría consecuencias serias, pero el hecho es que "ahora estamos pagando los costos de años de permisividad y tolerancia ante la criminalidad".
Ante los integrantes del gabinete de seguridad y los gobernadores y jefe de Gobierno del Distrito Federal, acusó que el arreglo tácito o explícito en instituciones de seguridad y delincuentes fue acrecentando la impunidad y ésta ha propiciado la multiplicación de delitos de diverso orden.
En alusión a los operativos ocurridos en tres estados, el jefe del Ejecutivo justificó que las pesquisas que lleva a cabo la Procuraduría General de la República corroboran la existencia de redes de cobertura y protección al crimen dentro de las propias instancias de gobierno. "Ese es el verdadero problema".
Indicó que, más allá de las comprensibles diferencias de opinión respecto a estas acciones, "en lo que estoy seguro que coincidimos es en la imperiosa necesidad de romper las redes de complicidad y cobertura que el crimen ha venido tejiendo en las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia, lo mismo en el orden federal que en el estatal o municipal y sin distingo del origen partidista de los gobernantes".
Para el primer mandatario, estas redes de complicidad buscan garantizar la impunidad de los criminales, someter a su capricho la capacidad del Estado de procurar justicia y garantizar la seguridad pública. "Eso es algo que no podemos ni debemos permitir", dijo.
Señaló que no se permitirá más la captura, por parte de las organizaciones criminales, de instituciones básicas de la república como son los órganos de administración de justicia y de seguridad, por un lado, y, por otro, de diversas instancias de gobierno, desde el plano federal hasta las básicas de convivencia ciudadana, muy cercana a los ciudadanos, como son los gobiernos municipales.
Sostuvo el presidente Calderón que "claramente estamos ante una grave amenaza para la sociedad y ante un desafío directo a las autoridades del Estado".
Tras subrayar que es momento de cerrar filas, llamó a redoblar esfuerzos porque la responsabilidad es nueva y el reto no admite demora.
Hizo un recuento de los alcances que se han presentado desde la firma del Acuerdo por la Seguridad y la Legalidad al señalar que se ha detenido a 917 presuntos secuestradores, se desarticularon 133 bandas y se liberaron 671 víctimas.
Refirió que hoy en día 14 entidades de la república cuentan ya con unidades antisecuestro.
Cecilia Téllez Cortés, Crónica, 3 de junio.
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