Gobernadores de PRD y PRI reclamaron al presidente Felipe Calderón la forma en que se realizó el operativo en Michoacán para detener a funcionarios estatales presuntamente ligados con el crimen organizado, el pasado 26 de mayo; las acciones se efectuaron sin informar de ellas al gobierno estatal.
Antes, durante su intervención en la 26 sesión del Consejo Nacional de Seguridad, el Ejecutivo federal aseguró que para quien traicione desde el servicio público la confianza de la sociedad y sirva a criminales “no habrá fuero partidista o consideración política que lo libre de la acción de la justicia”.
En la reunión en Palacio Nacional, los mandatarios del PRD, en voz del jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, y los priístas, a través del gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, recriminaron la acción federal, no así el combate al crimen.
Ahí, Ebrard demandó un trato justo, como integrantes del Poder Ejecutivo en los estados, y dijo que con el desempeño unilateral sólo “se siembran desconfianza y duda”.
Por su parte, González Parás, al fijar la posición de los 18 gobernadores del PRI, y en coincidencia con Ebrard, exigió que la lucha contra la delincuencia organizada se aleje “de las estrategias de manejo políticoelectoral”.
Ambos propusieron que se añadan a los problemas de la inseguridad los derivados de la crisis económica por la que atraviesa el país.
Calderón Hinojosa admitió que el crimen organizado infiltró al gobierno en sus distintos niveles; sostuvo que ese es el verdadero problema a enfrentar y por ello “todos debemos cerrar filas” para desarticular las redes que la delincuencia ha construido por años de tolerancia, permisividad y corrupción.
Por la noche, en un comunicado, la Secretaría de Gobernación afirmó que el operativo en Michoacán se ejerció “debidamente”, y que “seguirá actuando bajo los propios criterios de seguridad, que no siempre corresponden a los de mandatarios locales”.
La dependencia explicó que la diferencia de los operativos —el gobierno ha realizado tres: en Morelos, Michoacán y Nuevo León— no radica en los gobernadores de los estados ni en su militancia política, sino en la complejidad del despliegue que se realiza. Precisó que en el caso de Michoacán la reserva de la información permitió que no resultara en un operativo cruento.
Antes, durante su intervención en la 26 sesión del Consejo Nacional de Seguridad, el Ejecutivo federal aseguró que para quien traicione desde el servicio público la confianza de la sociedad y sirva a criminales “no habrá fuero partidista o consideración política que lo libre de la acción de la justicia”.
En la reunión en Palacio Nacional, los mandatarios del PRD, en voz del jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, y los priístas, a través del gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, recriminaron la acción federal, no así el combate al crimen.
Ahí, Ebrard demandó un trato justo, como integrantes del Poder Ejecutivo en los estados, y dijo que con el desempeño unilateral sólo “se siembran desconfianza y duda”.
Por su parte, González Parás, al fijar la posición de los 18 gobernadores del PRI, y en coincidencia con Ebrard, exigió que la lucha contra la delincuencia organizada se aleje “de las estrategias de manejo políticoelectoral”.
Ambos propusieron que se añadan a los problemas de la inseguridad los derivados de la crisis económica por la que atraviesa el país.
Calderón Hinojosa admitió que el crimen organizado infiltró al gobierno en sus distintos niveles; sostuvo que ese es el verdadero problema a enfrentar y por ello “todos debemos cerrar filas” para desarticular las redes que la delincuencia ha construido por años de tolerancia, permisividad y corrupción.
Por la noche, en un comunicado, la Secretaría de Gobernación afirmó que el operativo en Michoacán se ejerció “debidamente”, y que “seguirá actuando bajo los propios criterios de seguridad, que no siempre corresponden a los de mandatarios locales”.
La dependencia explicó que la diferencia de los operativos —el gobierno ha realizado tres: en Morelos, Michoacán y Nuevo León— no radica en los gobernadores de los estados ni en su militancia política, sino en la complejidad del despliegue que se realiza. Precisó que en el caso de Michoacán la reserva de la información permitió que no resultara en un operativo cruento.
Sergio Javier Jiménez y Alberto Morales, El Universal, 3 de junio.
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