BUENOS AIRES.— Un nuevo revés en materia de derechos humanos recibió ayer el gobierno colombiano, luego de que el relator de las Naciones Unidas sobre ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, denunciara al Ejército de haber perpetrado “el asesinato a sangre fría de varios civiles inocentes”, en lo que en Colombia se conoce como “falsos positivos”.
Alston presentó su informe al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU después de haber investigado el caso sobre el terreno en varios viajes a Colombia, el último en octubre de 2008.
En el texto presentado, el relator del organismo cuestiona que a esos crímenes aberrantes se los llame “falsos positivos” porque, a su entender, “le brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaba por el asesinato de civiles indefensos”, a quienes se hacía pasar por supuestos guerrilleros.
El informe es la denuncia más grave que haya recibido en los últimos años el Estado colombiano, donde los reclamos por la violación de derechos humanos se multiplicaron en distintos foros y desde diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos.
Se trata de mil 800 casos de personas muertas y hechas pasar como guerrilleros muertos en combate, en un escándalo que el año pasado les costó el cargo a varios miembros de las Fuerzas Armadas.
Ayer mismo, un fiscal colombiano de Derechos Humanos emitió una orden de captura contra tres infantes de la Armada Nacional “por su posible responsabilidad” en dos casos de “falsos positivos”, en una investigación que se remonta a marzo de 2005.
Ascensos, estadísticas de efectividad en la lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fueron los motivos por los que se puso en práctica el método de “falsos positivos”, que el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, describió como “un método aberrante que sintetiza muchas de las atrocidades que llevaron adelante las dictaduras latinoamericanas”.
Alston denunció también que los familiares de las víctimas sufrían también el hostigamiento sistemático de parte de los militares, incluyendo amenazas de muerte.
Hasta el momento, la justicia colombiana lleva recogidos mil 800 casos denunciados, de los cuales 51 eran menores de edad, y se estima que aún hay mil 500 ejecuciones sin denunciar, por lo que están siendo investigados más de un millar de militares y 547 ya se encuentran detenidos.
Alston presentó su informe al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU después de haber investigado el caso sobre el terreno en varios viajes a Colombia, el último en octubre de 2008.
En el texto presentado, el relator del organismo cuestiona que a esos crímenes aberrantes se los llame “falsos positivos” porque, a su entender, “le brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaba por el asesinato de civiles indefensos”, a quienes se hacía pasar por supuestos guerrilleros.
El informe es la denuncia más grave que haya recibido en los últimos años el Estado colombiano, donde los reclamos por la violación de derechos humanos se multiplicaron en distintos foros y desde diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos.
Se trata de mil 800 casos de personas muertas y hechas pasar como guerrilleros muertos en combate, en un escándalo que el año pasado les costó el cargo a varios miembros de las Fuerzas Armadas.
Ayer mismo, un fiscal colombiano de Derechos Humanos emitió una orden de captura contra tres infantes de la Armada Nacional “por su posible responsabilidad” en dos casos de “falsos positivos”, en una investigación que se remonta a marzo de 2005.
Ascensos, estadísticas de efectividad en la lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fueron los motivos por los que se puso en práctica el método de “falsos positivos”, que el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, describió como “un método aberrante que sintetiza muchas de las atrocidades que llevaron adelante las dictaduras latinoamericanas”.
Alston denunció también que los familiares de las víctimas sufrían también el hostigamiento sistemático de parte de los militares, incluyendo amenazas de muerte.
Hasta el momento, la justicia colombiana lleva recogidos mil 800 casos denunciados, de los cuales 51 eran menores de edad, y se estima que aún hay mil 500 ejecuciones sin denunciar, por lo que están siendo investigados más de un millar de militares y 547 ya se encuentran detenidos.
José Vales corresponsal, El Universal, 25 de junio.
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