Para el consejero del IFE Virgilio Andrade, fue una jurisprudencia del Tribunal Electoral emitida en septiembre de 2008 la que impidió castigar la promoción mediática del Gobernador del Estado de México Enrique Peña.
Ahora, explicó Andrade, el IFE ni siquiera tiene elementos para actuar de oficio utilizando el testimonio del periodista español José María Siles, quien balconeó a Peña al relatar cómo los directivos de Televisa contrataron los servicios de su agencia ANews, con sede en Bruselas, para cubrir la visita del Gobernador al Foro Mundial del Agua en Estambul, con el argumento de que "Televisa cobra del Estado de México y Peña es un prioridad informativa".
Según el consejero electoral, a lo largo de 2008, y luego de la reforma electoral al IFE, la Comisión de Quejas y Denuncias que él encabezaba impulsó una serie de procedimientos de oficio en contra de servidores públicos por presuntas violaciones al 134 constitucional y otros ordenamientos electorales que prohíben la utilización de recursos públicos a favor de un funcionario.
Todos, dijo, fueron declarados infundados a raíz de la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
"Iniciamos más de 100 denuncias por presunta violación al 134 Constitucional por parte de servidores públicos y acabaron en infundado o en la no observación de la falta, entre otras cosas porque hubo una jurisprudencia del Tribunal que señaló tres o cuatro elementos que... no te voy a decir que lo frenaron, pero después de esa jurisprudencia teníamos otro criterio inicial", relató.
"La jurisprudencia del Tribunal señalaba que el IFE no podía observar el artículo 134 Constitucional mientras no se comprobara que se tratara de uso de recursos públicos por parte de servidores públicos y además se tratara de situaciones en donde los funcionarios públicos hicieran uso de su libertad de expresión", explicó Andrade.
Explicó que ni siquiera el testimonio del periodista español resulta suficiente para reabrir, de oficio, la investigación contra Peña.
"Se habla de la relación del periodista (Siles) con la empresa Televisa, de la relación de la empresa Televisa con el Gobierno del Estado de México, y el otro elemento que es la triangulación o contratación para fines informativos. Eso es lo que no quedaría suficientemente claro", opinó Andrade.
Según el consejero, se estaría en la misma circunstancia en caso de que algún partido político presentara una queja ante el IFE sobre el caso, aunque las instancias correspondientes tendrían más tiempo para analizar todo el expediente y las pruebas que presentara el denunciante para valorar si procede o no abrir un expediente e investigar.
Ahora, explicó Andrade, el IFE ni siquiera tiene elementos para actuar de oficio utilizando el testimonio del periodista español José María Siles, quien balconeó a Peña al relatar cómo los directivos de Televisa contrataron los servicios de su agencia ANews, con sede en Bruselas, para cubrir la visita del Gobernador al Foro Mundial del Agua en Estambul, con el argumento de que "Televisa cobra del Estado de México y Peña es un prioridad informativa".
Según el consejero electoral, a lo largo de 2008, y luego de la reforma electoral al IFE, la Comisión de Quejas y Denuncias que él encabezaba impulsó una serie de procedimientos de oficio en contra de servidores públicos por presuntas violaciones al 134 constitucional y otros ordenamientos electorales que prohíben la utilización de recursos públicos a favor de un funcionario.
Todos, dijo, fueron declarados infundados a raíz de la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
"Iniciamos más de 100 denuncias por presunta violación al 134 Constitucional por parte de servidores públicos y acabaron en infundado o en la no observación de la falta, entre otras cosas porque hubo una jurisprudencia del Tribunal que señaló tres o cuatro elementos que... no te voy a decir que lo frenaron, pero después de esa jurisprudencia teníamos otro criterio inicial", relató.
"La jurisprudencia del Tribunal señalaba que el IFE no podía observar el artículo 134 Constitucional mientras no se comprobara que se tratara de uso de recursos públicos por parte de servidores públicos y además se tratara de situaciones en donde los funcionarios públicos hicieran uso de su libertad de expresión", explicó Andrade.
Explicó que ni siquiera el testimonio del periodista español resulta suficiente para reabrir, de oficio, la investigación contra Peña.
"Se habla de la relación del periodista (Siles) con la empresa Televisa, de la relación de la empresa Televisa con el Gobierno del Estado de México, y el otro elemento que es la triangulación o contratación para fines informativos. Eso es lo que no quedaría suficientemente claro", opinó Andrade.
Según el consejero, se estaría en la misma circunstancia en caso de que algún partido político presentara una queja ante el IFE sobre el caso, aunque las instancias correspondientes tendrían más tiempo para analizar todo el expediente y las pruebas que presentara el denunciante para valorar si procede o no abrir un expediente e investigar.
Guadalupe Irízar, Reforma, 24 de julio.
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