Legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron en la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra los siete magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La solicitud se fundamenta en la actuación de los juzgadores electorales en torno a las resoluciones emitidas sobre las impugnaciones a la elección interna del sol azteca en Iztapalapa.
Los diputados federales perredistas Aleida Alavez Ruiz y Víctor Varela refirieron que en la madrugada del 12 de junio pasado la sala superior del TEPJF resolvió modificar los resultados de la elección interna perredista, retirando el registro a Clara Brugada para otorgárselo a Silvia Oliva Fragoso.
“Como parte de las violaciones a la Constitución y a las leyes federales en que incurrieron los magistrados, está el haberse convertido en quejosos, sustituyendo a Silvia Oliva en el planteamiento de su queja. Reconstituyendo la queja misma por motivos que ella misma nunca alegó. Los magistrados violentaron las reglas durante todo el proceso, pues no sólo fue inusual que se tramitara un escrito simple solicitando la atracción como un expediente que debiera resolver la sala superior, sino que se resolvió después de 10 días, es decir, del 23 de mayo al 2 de junio”, argumentó Alavez.
A pesar de la omisión legal de la peticionaria Silvia Oliva y la extemporaneidad del tribunal para resolver, de manera irregular los magistrados de la sala superior decidieron ejercer de oficio la facultad de atracción del caso por su importancia y trascendencia.
“Desde el 18 de mayo Silvia Oliva presentó recursos, al 12 de junio de 2009 pasaron más de 26 días para que el tribunal resolviera las impugnaciones, dejando indefensa a una de las partes, pero sobre todo en detrimento de la ciudadanía y de la función de Estado para organizar procesos electorales dotados de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, principios rectores en todo proceso electoral, pues mientras la sala superior resolvía escritos frívolos y fuera de la ley, como la solicitud que presentó Oliva Fragoso, el instituto electoral local realizaba la impresión de las boletas electorales que se usarán el 5 de julio de 2009.”
Lo anterior forma parte de los argumentos que ambos diputados presentaron ayer ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, que acreditarían la instauración de juicio político a María del Carmen Alanís Figueroa, Flavio Galván Rivera, Constancio Carrasco Daza, Manuel González Oropeza, José Alejandro Luna Ramos, Salvador Olimpo Nava Gomar, Pedro Esteban Penagos López, en su carácter de magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Los diputados federales perredistas Aleida Alavez Ruiz y Víctor Varela refirieron que en la madrugada del 12 de junio pasado la sala superior del TEPJF resolvió modificar los resultados de la elección interna perredista, retirando el registro a Clara Brugada para otorgárselo a Silvia Oliva Fragoso.
“Como parte de las violaciones a la Constitución y a las leyes federales en que incurrieron los magistrados, está el haberse convertido en quejosos, sustituyendo a Silvia Oliva en el planteamiento de su queja. Reconstituyendo la queja misma por motivos que ella misma nunca alegó. Los magistrados violentaron las reglas durante todo el proceso, pues no sólo fue inusual que se tramitara un escrito simple solicitando la atracción como un expediente que debiera resolver la sala superior, sino que se resolvió después de 10 días, es decir, del 23 de mayo al 2 de junio”, argumentó Alavez.
A pesar de la omisión legal de la peticionaria Silvia Oliva y la extemporaneidad del tribunal para resolver, de manera irregular los magistrados de la sala superior decidieron ejercer de oficio la facultad de atracción del caso por su importancia y trascendencia.
“Desde el 18 de mayo Silvia Oliva presentó recursos, al 12 de junio de 2009 pasaron más de 26 días para que el tribunal resolviera las impugnaciones, dejando indefensa a una de las partes, pero sobre todo en detrimento de la ciudadanía y de la función de Estado para organizar procesos electorales dotados de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, principios rectores en todo proceso electoral, pues mientras la sala superior resolvía escritos frívolos y fuera de la ley, como la solicitud que presentó Oliva Fragoso, el instituto electoral local realizaba la impresión de las boletas electorales que se usarán el 5 de julio de 2009.”
Lo anterior forma parte de los argumentos que ambos diputados presentaron ayer ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, que acreditarían la instauración de juicio político a María del Carmen Alanís Figueroa, Flavio Galván Rivera, Constancio Carrasco Daza, Manuel González Oropeza, José Alejandro Luna Ramos, Salvador Olimpo Nava Gomar, Pedro Esteban Penagos López, en su carácter de magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Roberto Garduño, La Jornada, 1º de julio.
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