Los organizadores de la jornada del 5 de julio prevén un nivel histórico de apertura de paquetes electorales debido a “errores evidentes” en el conteo y, en especial, por la posible emisión de un número elevado de votos nulos.
Para evitar problemas de conflicto electoral como los de 2006, esta vez el “voto por voto” ocurrirá a escala local y, una vez abierto el paquete en el consejo distrital correspondiente, será cancelada automáticamente la posibilidad de llevar la inconformidad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En 2006, el Instituto Federal Electoral (IFE) autorizó la apertura de sólo 3 mil paquetes y posteriormente el tribunal ordenó que se abrieran unos 11 mil más, ante la exigencia de la coalición Por el Bien de México, que encabezaba Andrés Manuel López Obrador, de que se realizara un recuento “voto por voto, casilla por casilla”.
Después de la reforma electoral de 2007, el IFE adoptó previsiones incluso para recibir la solicitud de una cascada de apertura de paquetes y podrá organizar hasta cinco grupos de conteo, por cada distrito electoral, en caso de que el posible recuento sea de un porcentaje elevado de casillas.
A pesar de las nuevas modalidades para el recuento de votos, el IFE confía en que la estructura de capacitación creada para el proceso en curso evite errores en el llenado de actas y, en consecuencia, el “voto por voto” proceda básicamente en casos de aparente “carro completo” en favor de un partido político o cuando el número de sufragios nulos sea mayor a la diferencia entre el primer y segundo lugar.
El nivel de sufragios anulados ha sido, en promedio, de 3 por ciento en las elecciones de 2000, 2003 y 2006.
La cantidad de votos nulos podría tener un nivel sin precedentes este 5 de julio; en principio, porque los electores podrían confundirse al apoyar al partido o coalición de su preferencia.
Por ejemplo, la alianza PRI-PVEM está registrada en 63 de los 300 distritos electorales; entonces, si un elector tacha uno o ambos logos partidistas en esas 63 zonas, su voto será válido, pero si cruza los dos emblemas en lugares donde esas fuerzas políticas no están coaligadas será anulado.
Otro elemento que elevará ese indicador lo constituye el movimiento anulacionista, integrado por varias organizaciones civiles, con una recepción al alza, especialmente en los partícipes de redes sociales por Internet.
“Sí, la respuesta concreta y básica (de la influencia del movimiento anulacionista) es sí. Es un derecho de quien así decide ejercer el sufragio. Es un derecho que debemos respetar”, manifestó el consejero Alfredo Figueroa, de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.
Respecto de las coaliciones, se capacitó a los funcionarios de casilla sobre el procedimiento para el registro de votos para cada fuerza política y sobre la división que harán para cada partido que participa en coalición: se registra 50 por ciento para un partido y 50 por ciento para el otro. Incluso, tendrán una “hoja de operaciones” para hacer los cálculos y evitar errores en las sumas de votos y llenado de actas.
“Éste ha sido uno de los grandes desafíos en la capacitación electoral en este proceso para que el ciudadano no se confunda. Pusimos énfasis en el llenado de actas con el propósito de no experimentar o atenuar lo que se experimentó en 2006 con los errores que se encontraron en las actas”, señaló Figueroa.
El proceso de adiestramiento para casi 30 mil capacitadores y cerca de un millón de ciudadanos tuvo un costo superior a mil millones de pesos.
Sólo el andamiaje de capacitación –integrado entre febrero y el 15 de mayo– costó 865.6 millones de pesos, es decir, la tercera parte del presupuesto total del proceso electoral federal en curso.
En informes oficiales del IFE se detalla que la contratación de 29 mil 200 capacitadores y supervisores costó 642.8 millones de pesos, y la producción de materiales para capacitación y la campaña institucional para invitar a los ciudadanos a votar 106 millones de pesos. Por ejemplo, se produjeron 60 materiales distintos, entre ellos, 8 millones de cartas-notificación para ciudadanos y se emitió más de un millón de ejemplares para funcionarios de casilla.
Del total de 865.6 millones de pesos, 34.8 millones fueron para la supervisión de actividades de capacitación y 724.7 millones para pagar sueldos de capacitadores y asistentes electorales, entre otras actividades.
En tanto, consejeros electorales rechazaron las críticas hacia la credibilidad del IFE y reiteraron sus advertencias acerca del voto nulo intencional, especialmente porque el reparto de diputaciones por la vía de representación proporcional se realizará con base en los votos emitidos válidos.
Para evitar problemas de conflicto electoral como los de 2006, esta vez el “voto por voto” ocurrirá a escala local y, una vez abierto el paquete en el consejo distrital correspondiente, será cancelada automáticamente la posibilidad de llevar la inconformidad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En 2006, el Instituto Federal Electoral (IFE) autorizó la apertura de sólo 3 mil paquetes y posteriormente el tribunal ordenó que se abrieran unos 11 mil más, ante la exigencia de la coalición Por el Bien de México, que encabezaba Andrés Manuel López Obrador, de que se realizara un recuento “voto por voto, casilla por casilla”.
Después de la reforma electoral de 2007, el IFE adoptó previsiones incluso para recibir la solicitud de una cascada de apertura de paquetes y podrá organizar hasta cinco grupos de conteo, por cada distrito electoral, en caso de que el posible recuento sea de un porcentaje elevado de casillas.
A pesar de las nuevas modalidades para el recuento de votos, el IFE confía en que la estructura de capacitación creada para el proceso en curso evite errores en el llenado de actas y, en consecuencia, el “voto por voto” proceda básicamente en casos de aparente “carro completo” en favor de un partido político o cuando el número de sufragios nulos sea mayor a la diferencia entre el primer y segundo lugar.
El nivel de sufragios anulados ha sido, en promedio, de 3 por ciento en las elecciones de 2000, 2003 y 2006.
La cantidad de votos nulos podría tener un nivel sin precedentes este 5 de julio; en principio, porque los electores podrían confundirse al apoyar al partido o coalición de su preferencia.
Por ejemplo, la alianza PRI-PVEM está registrada en 63 de los 300 distritos electorales; entonces, si un elector tacha uno o ambos logos partidistas en esas 63 zonas, su voto será válido, pero si cruza los dos emblemas en lugares donde esas fuerzas políticas no están coaligadas será anulado.
Otro elemento que elevará ese indicador lo constituye el movimiento anulacionista, integrado por varias organizaciones civiles, con una recepción al alza, especialmente en los partícipes de redes sociales por Internet.
“Sí, la respuesta concreta y básica (de la influencia del movimiento anulacionista) es sí. Es un derecho de quien así decide ejercer el sufragio. Es un derecho que debemos respetar”, manifestó el consejero Alfredo Figueroa, de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.
Respecto de las coaliciones, se capacitó a los funcionarios de casilla sobre el procedimiento para el registro de votos para cada fuerza política y sobre la división que harán para cada partido que participa en coalición: se registra 50 por ciento para un partido y 50 por ciento para el otro. Incluso, tendrán una “hoja de operaciones” para hacer los cálculos y evitar errores en las sumas de votos y llenado de actas.
“Éste ha sido uno de los grandes desafíos en la capacitación electoral en este proceso para que el ciudadano no se confunda. Pusimos énfasis en el llenado de actas con el propósito de no experimentar o atenuar lo que se experimentó en 2006 con los errores que se encontraron en las actas”, señaló Figueroa.
El proceso de adiestramiento para casi 30 mil capacitadores y cerca de un millón de ciudadanos tuvo un costo superior a mil millones de pesos.
Sólo el andamiaje de capacitación –integrado entre febrero y el 15 de mayo– costó 865.6 millones de pesos, es decir, la tercera parte del presupuesto total del proceso electoral federal en curso.
En informes oficiales del IFE se detalla que la contratación de 29 mil 200 capacitadores y supervisores costó 642.8 millones de pesos, y la producción de materiales para capacitación y la campaña institucional para invitar a los ciudadanos a votar 106 millones de pesos. Por ejemplo, se produjeron 60 materiales distintos, entre ellos, 8 millones de cartas-notificación para ciudadanos y se emitió más de un millón de ejemplares para funcionarios de casilla.
Del total de 865.6 millones de pesos, 34.8 millones fueron para la supervisión de actividades de capacitación y 724.7 millones para pagar sueldos de capacitadores y asistentes electorales, entre otras actividades.
En tanto, consejeros electorales rechazaron las críticas hacia la credibilidad del IFE y reiteraron sus advertencias acerca del voto nulo intencional, especialmente porque el reparto de diputaciones por la vía de representación proporcional se realizará con base en los votos emitidos válidos.
Fabiola Martínez y Alonso Urrutia, La Jornada, 1º de julio.
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