La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó este viernes las acusaciones que lanzó en su contra el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Jaime Antonio López Portillo, quien aseguró que este organismo está siendo utilizado por narcotraficantes que presentan quejas para desprestigiar al Ejército Mexicano en la lucha contra el crimen organizado.
La comisión que dirige José Luis Soberanes Fernández subrayó en un comunicado que, de acuerdo con el mandato constitucional, la CNDH defiende a personas “sin solicitar a los quejosos cartas de buena conducta o de no antecedentes penales, y estima que el prestigio del Ejército no depende de lo que digan o dejen de decir los delincuentes”.
El general Jaime Antonio López Portillo señaló el pasado jueves que abogados de narcotraficantes están presentando ante la CNDH quejas por presuntas violaciones a las garantías individuales para, con ello, desacreditar la labor del Ejército Mexicano en la llamada guerra contra el crimen organizado y obtener además información en el proceso de averiguación previa.
“Hemos visto casos en los que hay una serie de quejas presentadas como en machote, incluso con el mismo texto, lo que pudiera obedecer también a una estrategia de hostigamiento hacia las fuerzas armadas, para desacreditarnos”, expresó el militar.
Agregó que “hemos notado casos de abogados que están defendiendo a personas que cometieron ilícitos, de las que nosotros participamos en su detención, y que emplean precisamente el procedimiento de la CNDH para allegarse pruebas en su favor durante la investigación de la propia comisión o de una averiguación previa que se abre contra personal militar”.
Ante estas aseveraciones, la CNDH informó que sólo dos de cada 100 quejas que recibe las inician presuntos delincuentes, de tal manera que “la CNDH no investiga a los quejosos ni a sus abogados ni discrimina con criterios subjetivos a quienes acuden a ella, sino que investiga a fondo cada una de las quejas que se resuelven conforme a su normatividad y su mandato constitucional”.
Añadió que este organismo considera que la lucha contra el crimen organizado no tiene que pasar por actos violatorios a la ley y que continuará cumpliendo con su mandato constitucional, por lo que, “sin traicionar la vocación del ombudsman como protector de la sociedad, las recomendaciones que emita a la autoridad por violaciones a los derechos fundamentales siempre estarán legalmente fundadas”.
La comisión que dirige José Luis Soberanes Fernández subrayó en un comunicado que, de acuerdo con el mandato constitucional, la CNDH defiende a personas “sin solicitar a los quejosos cartas de buena conducta o de no antecedentes penales, y estima que el prestigio del Ejército no depende de lo que digan o dejen de decir los delincuentes”.
El general Jaime Antonio López Portillo señaló el pasado jueves que abogados de narcotraficantes están presentando ante la CNDH quejas por presuntas violaciones a las garantías individuales para, con ello, desacreditar la labor del Ejército Mexicano en la llamada guerra contra el crimen organizado y obtener además información en el proceso de averiguación previa.
“Hemos visto casos en los que hay una serie de quejas presentadas como en machote, incluso con el mismo texto, lo que pudiera obedecer también a una estrategia de hostigamiento hacia las fuerzas armadas, para desacreditarnos”, expresó el militar.
Agregó que “hemos notado casos de abogados que están defendiendo a personas que cometieron ilícitos, de las que nosotros participamos en su detención, y que emplean precisamente el procedimiento de la CNDH para allegarse pruebas en su favor durante la investigación de la propia comisión o de una averiguación previa que se abre contra personal militar”.
Ante estas aseveraciones, la CNDH informó que sólo dos de cada 100 quejas que recibe las inician presuntos delincuentes, de tal manera que “la CNDH no investiga a los quejosos ni a sus abogados ni discrimina con criterios subjetivos a quienes acuden a ella, sino que investiga a fondo cada una de las quejas que se resuelven conforme a su normatividad y su mandato constitucional”.
Añadió que este organismo considera que la lucha contra el crimen organizado no tiene que pasar por actos violatorios a la ley y que continuará cumpliendo con su mandato constitucional, por lo que, “sin traicionar la vocación del ombudsman como protector de la sociedad, las recomendaciones que emita a la autoridad por violaciones a los derechos fundamentales siempre estarán legalmente fundadas”.
Mariana Norandi, La Jornada, 25 de julio.
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