Bogotá, 29 de mayo. Al amanecer en la bella Plaza Bolívar en el corazón de la capital colombiana, unas figuras entumecidas salen de sus carpas de plástico para secarse de la lluvia nocturna con los primeros rayos del sol. Son los activistas del plantón itinerante de los desplazados –2 millones y medio, según cifras más conservadoras; 4 millones, conforme datos alternativos– que siguen siendo expulsados de sus tierras en varias regiones del país. Ya no sólo por la violencia de los paramilitares y la confrontación entre guerrilla y ejército. Ahora hay un “desplazamiento forzoso” funcional al modelo económico del gobierno, que necesita territorios comunales de grupos étnicos para los megaproyectos de consorcios mineros, de biocombustibles e hidrocarburos de las corporaciones trasnacionales.
Ésta es apenas una estampa del saldo en rojo que dejará tras de sí el presidente Álvaro Uribe en diversos rubros, que analiza en detalle para La Jornada el estudioso Camilo González Posso, presidente del Instituto de Paz (economista, ex ministro de Salud con César Gaviria, y cuyo nombre, como el de muchos ciudadanos identificados en la línea crítica del uribismo, ha aparecido en las listas de “personas a asesinar” que elaboraron los grupos paramilitares en los dos últimos años basados en reportes de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Éste es otro de los muchos escándalos que tienen a Colombia “en un rumbeo” y constituyen el legado de los ocho años del uribismo. “Pero ojo –advierte–, es un saldo mixto. Uribe está desgastado, no fracasado. Muchos sectores le están agradecidos por haber abatido las galopantes cifras de homicidios, secuestros y violencia. Eso no quiere decir que esté acabado. Estoy seguro que en los próximos años va a ser una de las figuras de mayor peso en la escena nacional”.
Uno de los activos de Uribe de cara a una ciudadanía cansada de guerra y bombardeada por una bien aceitada maquinaria de propaganda “antiterrorista”, es la afirmación de que “acabó con los violentos”. Aquí también –aclara el dirigente de Indepaz– el saldo es mixto: “Uribe no derrota a la guerrilla, no liquida la violencia ni disuelve a los paras. En 2009 hubo más combates y más iniciativas de las FARC que en 2008.”
El 7 de agosto este mandatario tan cercano su homólogo mexicano Felipe Calderón, saldrá del Palacio de Nariño manchado por los más extravagantes y excesivos escándalos de corrupción y abuso del poder. A tal grado que la noche del pasado viernes, durante el último debate televisivo entre los principales candidatos a la presidencia, los conductores les preguntaron quién de ellos pondría las manos al fuego por el círculo íntimo del presidente Uribe. Ninguno respondió afirmativamente, ni siquiera su delfín, el candidato del Partido de la U, José Manuel Santos.
El “estilo mafioso” de gobernar del doctor Vartito
“Éste es el peor año de Álvaro Uribe. Lleva meses denunciado por los métodos criminales de manejo del poder. Esto, dicho no por mí sino por su gente más cercana”. Y detalla algunos:
1.- El destape de los falsos positivos, caso calificado por los relatores de Naciones Unidas y el Departamento de Estado como “ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas armadas pero como parte de una directriz de las instancias del poder”. La fiscalía ha estimado más de 2 mil casos en los que está comprometido el Ministerio de la Defensa (donde Santos era cabeza). El gobierno no tomó acción hasta que el expediente estuvo en la Corte Penal Internacional.
2.- La utilización de recursos públicos para favorecer a amigos del presidente con grandes subsidios del campo. Se creó un fondo de 500 mil millones de pesos para compensar a los agricultores que iban a ser afectados por el Tratado de Libre Comercio. El tratado se atrasó pero el fondo se repartió entre sus amigos.
3.- Servicios de inteligencia ligados a la presidencia fueron utilizados para dar información a los paramilitares con la misión de asesinar activistas de la oposición, entre ellos muchos sindicalistas.
4.- La Corte Suprema de Justicia reveló las ligas con el paramilitarismo en el Senado y señaló a todos los jefes de los partidos de la coalición de gobierno. Están en la cárcel acusados de asociación con los responsables de 37 mil asesinatos en 15 años de confrontación. Uribe desató una persecución contra los magistrados de la corte. Un grupo denominado La Oficina, ligado al paramilitarismo de Medellín, operó para conseguir testigos falsos para que el gobierno pueda denunciar a los magistrados. La fiscalía destapó el caso y entregó a la prensa los testimonios, las listas, todo.
5.- Los jefes paramilitares presos –entre ellos Mancuso y Castaño– revelan su intervención para favorecer el triunfo de Uribe en las elecciones de 2002.
6.- En la resolución del Congreso que permitió su relección de 2006, la mayoría de los votos fueron comprados.
7.- Apenas la semana pasada, por órdenes de la Fiscalía, fue allanada la casa presidencial. Se encontraron las pruebas de la infiltración del DAS, cómo espiaron a los magistrados, cómo persiguieron a sus familias para incriminarlos.
8.- Se están investigando las elecciones legislativas de marzo, ya que se sabe que en departamentos enteros los cárteles del narcotráfico compraron 80 por ciento de las mesas de votación.
Concluye González: “Este estilo mafioso de gobernar terminó por chocar con importantes grupos económicos, también conservadores, que ven en Uribe una competencia desleal en los negocios”.
Reprobado en derechos humanos
Uribe viaja por el mundo precedido de su prestigio como campeón del restablecimiento de la seguridad pública. Pero esto también tiene sus bemoles: “Si se compara 2002 con 2010 el saldo es positivo en temas de tasas de homicidio, secuestro, masacres. Pero al lado de esos indicadores hay otros. En ocho años de uribismo un promedio anual de 250 mil personas (la Iglesia dice que son 300 mil) han sido desplazadas principalmente en la zona Pacífico (Chocó, Cauca y Nariño) y en el sur (Cauca y Putumayo), donde hay una ofensiva de la gran minería trasnacional. Esto va acompañado de militarización.
“En el tema de persistencia de grupos armados, hubo un saldo positivo para el gobierno por lo menos hasta 2005. Las FARC fueron muy disminuidas en su capacidad de acción, diezmadas, golpeadas en su cúpula. Y los grandes grupos paramilitares con sus estructuras monstruosas fueron desmovilizados. Pero en los dos últimos años esto cambió. Hay una recomposición de estos grupos.Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional se están rearmando en alianza con el narco. De los poderosísimos grupos paramilitares, al menos los cuatro grandes tienen presencia en 300 municipios de Colombia, en una cuarta parte del país. En la zona del Pacífico, Antioquia y Córdoba, y el Orinoco, actúan verdaderos ejércitos de mil 500 hombres comandados por los capos que nunca se desmovilizaron: Señor Cuchillo, Lococa, el Loco Barrera. Y que mantienen complicidades con el ejército, no los combate nadie, los dejan hacer”.
Ésta es apenas una estampa del saldo en rojo que dejará tras de sí el presidente Álvaro Uribe en diversos rubros, que analiza en detalle para La Jornada el estudioso Camilo González Posso, presidente del Instituto de Paz (economista, ex ministro de Salud con César Gaviria, y cuyo nombre, como el de muchos ciudadanos identificados en la línea crítica del uribismo, ha aparecido en las listas de “personas a asesinar” que elaboraron los grupos paramilitares en los dos últimos años basados en reportes de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Éste es otro de los muchos escándalos que tienen a Colombia “en un rumbeo” y constituyen el legado de los ocho años del uribismo. “Pero ojo –advierte–, es un saldo mixto. Uribe está desgastado, no fracasado. Muchos sectores le están agradecidos por haber abatido las galopantes cifras de homicidios, secuestros y violencia. Eso no quiere decir que esté acabado. Estoy seguro que en los próximos años va a ser una de las figuras de mayor peso en la escena nacional”.
Uno de los activos de Uribe de cara a una ciudadanía cansada de guerra y bombardeada por una bien aceitada maquinaria de propaganda “antiterrorista”, es la afirmación de que “acabó con los violentos”. Aquí también –aclara el dirigente de Indepaz– el saldo es mixto: “Uribe no derrota a la guerrilla, no liquida la violencia ni disuelve a los paras. En 2009 hubo más combates y más iniciativas de las FARC que en 2008.”
El 7 de agosto este mandatario tan cercano su homólogo mexicano Felipe Calderón, saldrá del Palacio de Nariño manchado por los más extravagantes y excesivos escándalos de corrupción y abuso del poder. A tal grado que la noche del pasado viernes, durante el último debate televisivo entre los principales candidatos a la presidencia, los conductores les preguntaron quién de ellos pondría las manos al fuego por el círculo íntimo del presidente Uribe. Ninguno respondió afirmativamente, ni siquiera su delfín, el candidato del Partido de la U, José Manuel Santos.
El “estilo mafioso” de gobernar del doctor Vartito
“Éste es el peor año de Álvaro Uribe. Lleva meses denunciado por los métodos criminales de manejo del poder. Esto, dicho no por mí sino por su gente más cercana”. Y detalla algunos:
1.- El destape de los falsos positivos, caso calificado por los relatores de Naciones Unidas y el Departamento de Estado como “ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas armadas pero como parte de una directriz de las instancias del poder”. La fiscalía ha estimado más de 2 mil casos en los que está comprometido el Ministerio de la Defensa (donde Santos era cabeza). El gobierno no tomó acción hasta que el expediente estuvo en la Corte Penal Internacional.
2.- La utilización de recursos públicos para favorecer a amigos del presidente con grandes subsidios del campo. Se creó un fondo de 500 mil millones de pesos para compensar a los agricultores que iban a ser afectados por el Tratado de Libre Comercio. El tratado se atrasó pero el fondo se repartió entre sus amigos.
3.- Servicios de inteligencia ligados a la presidencia fueron utilizados para dar información a los paramilitares con la misión de asesinar activistas de la oposición, entre ellos muchos sindicalistas.
4.- La Corte Suprema de Justicia reveló las ligas con el paramilitarismo en el Senado y señaló a todos los jefes de los partidos de la coalición de gobierno. Están en la cárcel acusados de asociación con los responsables de 37 mil asesinatos en 15 años de confrontación. Uribe desató una persecución contra los magistrados de la corte. Un grupo denominado La Oficina, ligado al paramilitarismo de Medellín, operó para conseguir testigos falsos para que el gobierno pueda denunciar a los magistrados. La fiscalía destapó el caso y entregó a la prensa los testimonios, las listas, todo.
5.- Los jefes paramilitares presos –entre ellos Mancuso y Castaño– revelan su intervención para favorecer el triunfo de Uribe en las elecciones de 2002.
6.- En la resolución del Congreso que permitió su relección de 2006, la mayoría de los votos fueron comprados.
7.- Apenas la semana pasada, por órdenes de la Fiscalía, fue allanada la casa presidencial. Se encontraron las pruebas de la infiltración del DAS, cómo espiaron a los magistrados, cómo persiguieron a sus familias para incriminarlos.
8.- Se están investigando las elecciones legislativas de marzo, ya que se sabe que en departamentos enteros los cárteles del narcotráfico compraron 80 por ciento de las mesas de votación.
Concluye González: “Este estilo mafioso de gobernar terminó por chocar con importantes grupos económicos, también conservadores, que ven en Uribe una competencia desleal en los negocios”.
Reprobado en derechos humanos
Uribe viaja por el mundo precedido de su prestigio como campeón del restablecimiento de la seguridad pública. Pero esto también tiene sus bemoles: “Si se compara 2002 con 2010 el saldo es positivo en temas de tasas de homicidio, secuestro, masacres. Pero al lado de esos indicadores hay otros. En ocho años de uribismo un promedio anual de 250 mil personas (la Iglesia dice que son 300 mil) han sido desplazadas principalmente en la zona Pacífico (Chocó, Cauca y Nariño) y en el sur (Cauca y Putumayo), donde hay una ofensiva de la gran minería trasnacional. Esto va acompañado de militarización.
“En el tema de persistencia de grupos armados, hubo un saldo positivo para el gobierno por lo menos hasta 2005. Las FARC fueron muy disminuidas en su capacidad de acción, diezmadas, golpeadas en su cúpula. Y los grandes grupos paramilitares con sus estructuras monstruosas fueron desmovilizados. Pero en los dos últimos años esto cambió. Hay una recomposición de estos grupos.Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional se están rearmando en alianza con el narco. De los poderosísimos grupos paramilitares, al menos los cuatro grandes tienen presencia en 300 municipios de Colombia, en una cuarta parte del país. En la zona del Pacífico, Antioquia y Córdoba, y el Orinoco, actúan verdaderos ejércitos de mil 500 hombres comandados por los capos que nunca se desmovilizaron: Señor Cuchillo, Lococa, el Loco Barrera. Y que mantienen complicidades con el ejército, no los combate nadie, los dejan hacer”.
Blanche Petrich, La Jornada, 30 de mayo.
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