Hoy en día, México es el segundo país con más trata de blancas, después de Tailandia.
Según un estudio de la Cámara de Diputados, la cercanía con Estados Unidos ha provocado que en algunos estados se incite al comercio de entre 16 y hasta 20 mil menores anualmente.
Es el municipio de Tapachula, en Chiapas, donde se realiza la mayor venta de mujeres, niñas y niños con fines de trata, quienes suelen ser trasladados a los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y el Distrito Federal.
“Manifestamos nuestra indignación y repudio total a esas prácticas delictivas; condenamos enérgicamente a los funcionarios que por omisión o comisión han actuado en complicidad con este tipo de organizaciones y hacemos un llamado a los tres órdenes de gobierno a sumar esfuerzos”, apunta el texto que en las próximas sesiones llevarán a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Con base en estadísticas de la organización internacional End Child Prostitution Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes —ECPAT por sus siglas en inglés—, adolescentes centroamericanas son prostituidas en mil 552 bares y burdeles de Tapachula y otros municipios fronterizos.“
Al menos 50% de esas niñas son guatemaltecas, salvadoreñas, hondureñas y nicaragüenses, de entre 8 y 14 años de edad —en promedio—, y fueron vendidas por los tratantes de blancas en 200 dólares más o menos cada una”, explica el documento.
Las comisiones encargadas de atención a grupos vulnerables, la especial de infancia, y otra más que busca reforzar las leyes mexicanas en contra de la trata de personas en la Cámara de Diputados, llevarán el tema a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pues el problema crece y no puede permitirse que ninguna autoridad ponga un alto al comercio de menores de edad en los miles de burdeles y bares del municipio fronterizo.
El punto de acuerdo pretende exhortar al Instituto Nacional de Migración para que en el ámbito de sus atribuciones supervise, evalúe e informe al Congreso sobre el tipo de servicios migratorios en la frontera sur de México, específicamente en el municipio de Tapachula, Chiapas, relacionados con las niñas, niños y adolescentes indocumentados.
“Hacer un llamado al gobernador de Chiapas para que coordine mesas de trabajo con organizaciones civiles, dependencias del gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas del estado para evaluar la política implementada de combate al delito de trata de personas”, propone el punto de acuerdo.
La Cámara de Diputados solicitará un diagnóstico fidedigno sobre el tratamiento de casos por el delito de trata de personas que involucre a niñas, niños y adolescentes nacionales e indocumentados y el número de consignaciones por este delito
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