Con vigilancia rigurosa desde hace una semana, policías, oficiales vestidos de civil, francotiradores, perros detectores de explosivos y miembros del Ejército realizan operativos en la mayor parte de Colombia, en especial en las regiones con mayor presencia de grupos armados como la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), El Ejército de Liberación Nacional (ELN), células de paramilitares y grupos del narcotráfico, que amenazaron con boicotear hoy la jornada en la que más de 29 millones de personas con derecho a voto elegirán al sucesor del presidente Álvaro Uribe para el periodo 2010-2014.
Desde enero pasado los nueve candidatos a la presidencia han contado con vigilancia discreta para evitar ataques por parte de grupos del crimen organizado que han lanzado consignas y amenazas a los colombianos para no acudir a las urnas.
Ataques contra algunos funcionarios allegados a los presidenciables y ocurridos en meses pasados, hicieron temer que la “campaña del miedo” de 1990, cuando tres aspirantes a la presidencia fueron asesinados durante actos de campaña, se repetiría.
En aquella ocasión, Luis Carlos Galán, del Partido Liberal, fue asesinado el 16 de agosto de 1989; la misma suerte corrió Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica, abatido el 22 de marzo de 1990, y en forma desafortunada también Carlos Pizarro, de la Alianza Democrática M-19, murió el 26 de abril de 1990.
En ese episodio el narcotráfico impuso las condiciones al querer comprar a candidatos y someter a su voluntad las preferencias del voto además de robar urnas y amenazar a los electores, en particular a empresarios con influencia en el gobierno.
El conflicto que hizo surgir este periodo de miedo derivó de rencillas y diferencias entre grupos del crimen organizado con las FARC, que disputaban amplias regiones de zonas urbanas de Colombia. Medellín, Cali y Bogotá, eran las rebanadas del pastel más codiciadas por ambos.
La mayor presencia de las guerrillas, entre ellas paramilitares de las ahora desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) crearon un ambiente de pánico entre los colombianos al que se denominó “narcoterrorismo”, un antecedente que ahora el saliente gobierno de Álvaro Uribe no quiere se repita y que quede como huella de su gobierno que culmina el próximo 7 de agosto.
ACTUALIDAD. El gobierno colombiano ha descrito como una de sus principales tareas, la más complicada, la de erradicar la presencia de grupos ligados al crimen organizado, entre ellos narcotraficantes y la principal guerrilla del país, las FARC.
Aunque en los medios de comunicación siempre ha destacado la presencia de las FARC, por mantener desde hace cinco décadas sus actividades de secuestro y extorsión, también figuran en la escena de la vida cotidiana de Colombia los grupos del narco, sin duda uno de los más poderosos de este país y que está formado por hombres con una riqueza exorbitante.
Informes de inteligencia de Estados Unidos y confirmado por el gobierno colombiano, refieren que existen en este país sudamericano más de 160 millonarios y multimillonarios que han hecho riqueza a raíz de este ilícito negocio de las drogas.
Sumado a estos grupos del narco aparecen también los llamados “escuadrones de la muerte”, integrados por ex militares, narcotraficantes y policías expulsados por actividades ilícitas. El gobierno de Bogotá estima que existen unos 200 escuadrones de este tipo en el país que siguen las mismas líneas del narco, aunque se ha llegado a saber que estos clanes suelen actuar en contra del crimen organizado con la intención de invadir plazas de venta y distribución de drogas.
AMENAZAS. Especialistas colombianos estiman que las amenazas de grupos armados ilegales contra los candidatos a la presidencia surgió tras el rechazo de los abanderados de los distintos partidos a tener acercamientos con líderes rebeldes y del narco pese a haber recibido mensajes intimidatorios.
Los dos principales presidenciables y favoritos a disputar la máxima jefatura del Estado como Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa y el hombre asignado por Álvaro Uribe para seguir con las tareas que dejará pendientes, en caso de ganar, expresó su rechazo contundente a negociar ni con las FARC ni con otro grupo ilegal.
La misma postura la expuso el candidato del Partido Verde, Antanas Mockus, quien aseguró que no habrá ninguna plática con la guerrilla mientras tengan a una persona cautiva. Mockus, incluso declaró en días pasados que Colombia, México y Estados Unidos deben reforzar su alianza en el combate al tráfico de drogas ilícitas y construir una cultura de legalidad para luchar con mayor rigor contra este cáncer que sigue dañando a los tres países.
ALERTA. Ante las amenazas de narcos y guerrillas, Volmar Pérez, de la Defensoría del Pueblo, una dependencia del gobierno que vela por los derechos humanos de los colombianos, reveló que en al menos 19 provincias y en 82 municipios del país, es “altamente probable’’ ocurran hechos violentos por parte de esos grupos que amenazaron con atacar puestos de votación o robar material electoral.
Ante estas y otras amenazas, el director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, aseguró que 150 mil policías y un igual número de militares vigilarán los 10 mil puestos de votación, en los que funcionarán más de 70 mil mesas, así como las principales zonas urbanas y los accesos por carretera a los cerca de mil municipios colombianos.
FAVORITOS. Los dos candidatos sobre los que estarán puestas las miradas son Antanas Mockus, un ex alcalde de Bogotá y candidato del Partido Verde que aspira por tercera vez a la presidencia. Sustenta su propuesta de gobierno en una política de seguridad con un enfoque integral, preventivo, participativo y corresponsable entre la sociedad y el Estado, con especial respeto a los derechos humanos. Tiene 58 años, es casado y tiene cuatro hijos. Es egresado como matemático de la Universidad de Dijón, en Francia. Las intenciones del voto lo colocan con el candidato oficialista Juan Manuel Santos en una segunda vuelta electoral el próximo 20 de junio.
El otro contendiente es Juan Manuel Santos, candidato del oficialista Partido Social de Unidad Nacional (Partido de La U). Propone en su programa mantener bajo presión a las bandas criminales, guerrilleros y terroristas para que no tengan más opción que la rendición, la reinserción y la aceptación de la Constitución.
Asegura que aumentará la presencia policial en las ciudades y modernizará el sistema de investigación criminal.
Tiene 58 años, es casado y tiene tres hijos. Estudió Economía y Administración de Empresas en la Universidad de Kansas, Estados Unidos. Fue ministro de Defensa, de Hacienda y de Comercio Exterior.
SONDEOS. Analistas coinciden en que será difícil que el representante del Partido Verde Antanas Mockus o el oficialista Juan Manuel Santos ganen en la primera vuelta con la mayoría absoluta, y es que según una de las últimas encuestas Mockus llega con el 33 por ciento de la intención de voto, contra 29 por ciento de Santos, lo que confirma que ambos están lejos de lograr la mayoría absoluta, por lo que es un hecho que se verán nuevamente en una segunda vuelta.
De los restantes siete candidatos ninguno tiene oportunidad ante los dos favoritos, por lo que su presencia en la jornadas electoral es considerada como de relleno para ampliar el calificativo de contienda democrática.
Desde enero pasado los nueve candidatos a la presidencia han contado con vigilancia discreta para evitar ataques por parte de grupos del crimen organizado que han lanzado consignas y amenazas a los colombianos para no acudir a las urnas.
Ataques contra algunos funcionarios allegados a los presidenciables y ocurridos en meses pasados, hicieron temer que la “campaña del miedo” de 1990, cuando tres aspirantes a la presidencia fueron asesinados durante actos de campaña, se repetiría.
En aquella ocasión, Luis Carlos Galán, del Partido Liberal, fue asesinado el 16 de agosto de 1989; la misma suerte corrió Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica, abatido el 22 de marzo de 1990, y en forma desafortunada también Carlos Pizarro, de la Alianza Democrática M-19, murió el 26 de abril de 1990.
En ese episodio el narcotráfico impuso las condiciones al querer comprar a candidatos y someter a su voluntad las preferencias del voto además de robar urnas y amenazar a los electores, en particular a empresarios con influencia en el gobierno.
El conflicto que hizo surgir este periodo de miedo derivó de rencillas y diferencias entre grupos del crimen organizado con las FARC, que disputaban amplias regiones de zonas urbanas de Colombia. Medellín, Cali y Bogotá, eran las rebanadas del pastel más codiciadas por ambos.
La mayor presencia de las guerrillas, entre ellas paramilitares de las ahora desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) crearon un ambiente de pánico entre los colombianos al que se denominó “narcoterrorismo”, un antecedente que ahora el saliente gobierno de Álvaro Uribe no quiere se repita y que quede como huella de su gobierno que culmina el próximo 7 de agosto.
ACTUALIDAD. El gobierno colombiano ha descrito como una de sus principales tareas, la más complicada, la de erradicar la presencia de grupos ligados al crimen organizado, entre ellos narcotraficantes y la principal guerrilla del país, las FARC.
Aunque en los medios de comunicación siempre ha destacado la presencia de las FARC, por mantener desde hace cinco décadas sus actividades de secuestro y extorsión, también figuran en la escena de la vida cotidiana de Colombia los grupos del narco, sin duda uno de los más poderosos de este país y que está formado por hombres con una riqueza exorbitante.
Informes de inteligencia de Estados Unidos y confirmado por el gobierno colombiano, refieren que existen en este país sudamericano más de 160 millonarios y multimillonarios que han hecho riqueza a raíz de este ilícito negocio de las drogas.
Sumado a estos grupos del narco aparecen también los llamados “escuadrones de la muerte”, integrados por ex militares, narcotraficantes y policías expulsados por actividades ilícitas. El gobierno de Bogotá estima que existen unos 200 escuadrones de este tipo en el país que siguen las mismas líneas del narco, aunque se ha llegado a saber que estos clanes suelen actuar en contra del crimen organizado con la intención de invadir plazas de venta y distribución de drogas.
AMENAZAS. Especialistas colombianos estiman que las amenazas de grupos armados ilegales contra los candidatos a la presidencia surgió tras el rechazo de los abanderados de los distintos partidos a tener acercamientos con líderes rebeldes y del narco pese a haber recibido mensajes intimidatorios.
Los dos principales presidenciables y favoritos a disputar la máxima jefatura del Estado como Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa y el hombre asignado por Álvaro Uribe para seguir con las tareas que dejará pendientes, en caso de ganar, expresó su rechazo contundente a negociar ni con las FARC ni con otro grupo ilegal.
La misma postura la expuso el candidato del Partido Verde, Antanas Mockus, quien aseguró que no habrá ninguna plática con la guerrilla mientras tengan a una persona cautiva. Mockus, incluso declaró en días pasados que Colombia, México y Estados Unidos deben reforzar su alianza en el combate al tráfico de drogas ilícitas y construir una cultura de legalidad para luchar con mayor rigor contra este cáncer que sigue dañando a los tres países.
ALERTA. Ante las amenazas de narcos y guerrillas, Volmar Pérez, de la Defensoría del Pueblo, una dependencia del gobierno que vela por los derechos humanos de los colombianos, reveló que en al menos 19 provincias y en 82 municipios del país, es “altamente probable’’ ocurran hechos violentos por parte de esos grupos que amenazaron con atacar puestos de votación o robar material electoral.
Ante estas y otras amenazas, el director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, aseguró que 150 mil policías y un igual número de militares vigilarán los 10 mil puestos de votación, en los que funcionarán más de 70 mil mesas, así como las principales zonas urbanas y los accesos por carretera a los cerca de mil municipios colombianos.
FAVORITOS. Los dos candidatos sobre los que estarán puestas las miradas son Antanas Mockus, un ex alcalde de Bogotá y candidato del Partido Verde que aspira por tercera vez a la presidencia. Sustenta su propuesta de gobierno en una política de seguridad con un enfoque integral, preventivo, participativo y corresponsable entre la sociedad y el Estado, con especial respeto a los derechos humanos. Tiene 58 años, es casado y tiene cuatro hijos. Es egresado como matemático de la Universidad de Dijón, en Francia. Las intenciones del voto lo colocan con el candidato oficialista Juan Manuel Santos en una segunda vuelta electoral el próximo 20 de junio.
El otro contendiente es Juan Manuel Santos, candidato del oficialista Partido Social de Unidad Nacional (Partido de La U). Propone en su programa mantener bajo presión a las bandas criminales, guerrilleros y terroristas para que no tengan más opción que la rendición, la reinserción y la aceptación de la Constitución.
Asegura que aumentará la presencia policial en las ciudades y modernizará el sistema de investigación criminal.
Tiene 58 años, es casado y tiene tres hijos. Estudió Economía y Administración de Empresas en la Universidad de Kansas, Estados Unidos. Fue ministro de Defensa, de Hacienda y de Comercio Exterior.
SONDEOS. Analistas coinciden en que será difícil que el representante del Partido Verde Antanas Mockus o el oficialista Juan Manuel Santos ganen en la primera vuelta con la mayoría absoluta, y es que según una de las últimas encuestas Mockus llega con el 33 por ciento de la intención de voto, contra 29 por ciento de Santos, lo que confirma que ambos están lejos de lograr la mayoría absoluta, por lo que es un hecho que se verán nuevamente en una segunda vuelta.
De los restantes siete candidatos ninguno tiene oportunidad ante los dos favoritos, por lo que su presencia en la jornadas electoral es considerada como de relleno para ampliar el calificativo de contienda democrática.
Mario Camarillo Cortés, La Crónica, 30 de mayo.
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