Entre 16 mil y 20 mil niños y niñas son víctimas de explotación sexual cada año en México, lo que convierte al país en la segunda nación que más víctimas de trata provee a Estados Unidos, superado únicamente por Tailandia, afirmó la diputada, Cora Pinedo Alonso, del Partido Nueva Alianza.
La también secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara baja precisó que el municipio de Tapachula, Chiapas, es el lugar donde se realiza la mayor venta de mujeres, niñas y niños con fines de trata.
Muchos de esos menores son "redistribuidos" a los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y el Distrito Federal, señaló con base a estudios de la organización internacional End Child Prostitution Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT).
Frente a esta situación, la diputada Pinedo Alonso presentó un punto de acuerdo que fue turnado a la Segunda Comisión de la Permanente para frenar este problema con medidas más estrictas de investigación y castigo a los responsables.
Propuso exhortar al titular del Instituto Nacional de Migración para que en el ámbito de sus atribuciones supervise, evalúe e informe al Congreso sobre el tipo de servicios migratorios en la frontera sur de México, específicamente en el municipio de Tapachula, Chiapas,
Según el estudio del organismo internacional, añadió la legisladora, adolescentes centroamericanas, en su mayoría menores de edad, "son prostituidas en mil 552 bares y burdeles de Tapachula, Chiapas, y otros municipios fronterizos".
Señaló que al menos el 50 por ciento de esas niñas son guatemaltecas, salvadoreñas, hondureñas y nicaragüenses, de entre ocho y 14 años de edad en promedio y "fueron vendidas por los tratantes en 200 dólares cada una", denunció.
De igual forma, llamó al gobernador del estado de Chiapas, Juan Sabines, para que coordine mesas de trabajo con organizaciones civiles, dependencias del gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas del estado de Chiapas, a fin de evaluar la política implementada de combate al delito de trata de personas.
Solicitó un diagnóstico sobre el tratamiento de casos por el delito de trata de personas que involucre a niñas, niños y adolescentes nacionales e indocumentados y el número de consignaciones por este delito.
"Manifestamos nuestra indignación y repudio total a esas prácticas delictivas; condenamos enérgicamente a los funcionarios que por omisión o comisión han actuado en complicidad con este tipo de organizaciones y hacemos un llamado a los tres órdenes de gobierno a sumar esfuerzos"
La también secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara baja precisó que el municipio de Tapachula, Chiapas, es el lugar donde se realiza la mayor venta de mujeres, niñas y niños con fines de trata.
Muchos de esos menores son "redistribuidos" a los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y el Distrito Federal, señaló con base a estudios de la organización internacional End Child Prostitution Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT).
Frente a esta situación, la diputada Pinedo Alonso presentó un punto de acuerdo que fue turnado a la Segunda Comisión de la Permanente para frenar este problema con medidas más estrictas de investigación y castigo a los responsables.
Propuso exhortar al titular del Instituto Nacional de Migración para que en el ámbito de sus atribuciones supervise, evalúe e informe al Congreso sobre el tipo de servicios migratorios en la frontera sur de México, específicamente en el municipio de Tapachula, Chiapas,
Según el estudio del organismo internacional, añadió la legisladora, adolescentes centroamericanas, en su mayoría menores de edad, "son prostituidas en mil 552 bares y burdeles de Tapachula, Chiapas, y otros municipios fronterizos".
Señaló que al menos el 50 por ciento de esas niñas son guatemaltecas, salvadoreñas, hondureñas y nicaragüenses, de entre ocho y 14 años de edad en promedio y "fueron vendidas por los tratantes en 200 dólares cada una", denunció.
De igual forma, llamó al gobernador del estado de Chiapas, Juan Sabines, para que coordine mesas de trabajo con organizaciones civiles, dependencias del gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas del estado de Chiapas, a fin de evaluar la política implementada de combate al delito de trata de personas.
Solicitó un diagnóstico sobre el tratamiento de casos por el delito de trata de personas que involucre a niñas, niños y adolescentes nacionales e indocumentados y el número de consignaciones por este delito.
"Manifestamos nuestra indignación y repudio total a esas prácticas delictivas; condenamos enérgicamente a los funcionarios que por omisión o comisión han actuado en complicidad con este tipo de organizaciones y hacemos un llamado a los tres órdenes de gobierno a sumar esfuerzos"
Luciano Franco, La Crónica, 31 de mayo.
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