La evaluación de los docentes debe ser formativa y diagnóstica, no es un interés punitivo, expresó el senador panista, Carlos Romero Hicks.
El presidente de la Comisión de Educación del Senado dijo que, en general, en los términos que planteó el Ejecutivo federal la Ley del Servicio Profesional Docente está bien diseñada, con dos supuestos: uno, para los de primer ingreso y, dos, para los que están en servicio.
El ex gobernador de Guanajuato detalló que para los que están en servicio hay un respeto irrestricto, absoluto de los derechos laborales de los trabajadores, “y se da con mucha precisión el alcance técnico, el alcance jurídico y se protegen los derechos de los trabajadores”.
En el caso de los docentes de primer ingreso, se establece una ruta claramente diseñada para que prevalezca el interés superior que es el derecho a una educación de calidad para los niños y los jóvenes.
Respecto a las reuniones que han sostenido integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y legisladores, para tratar de conciliar posiciones respecto a la evaluación de los docentes, Romero Hicks expresó que hasta el momento no han hecho una propuesta específica, redactada, respecto a la ley, como se les ha pedido.
“Lo que se les ha dicho a los miembros de la Coordinadora son varias cosas: primero, la reforma constitucional no se va a abrogar; segundo, las leyes generales, tanto de Educación como la Ley del INEE, ya fueron expedidas por el Congreso de la Unión, están solamente en espera de la promulgación por el Ejecutivo federal, y tercero, la ventana de oportunidad en este momento es si la Coordinadora tiene aportaciones específicas en redacción sobre la Ley del Servicio Profesional Docente”.
Refirió que hay un dictamen de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que se hizo desde la semana pasada, “y lo que los legisladores están escuchando es si hay redacciones específicas de propuesta”.
Mencionó que a la Coordinadora le preocupa que se conculquen derechos laborales, pero remarcó que no hay ninguna afectación a los derechos laborales.
“Dejar de ir a clase no es un derecho laboral; llegar tarde a clase no es un derecho laboral; incumplir el programa de estudios no es un derecho laboral; entonces tenemos también que trazar normalidades mínimas.
“En la normalidad mínima de más de 90 por ciento del país, el lunes 19 de agosto los maestros llegaron a clase, asisten a tiempo y están integrados con sus comunidades de aprendizaje, eso es lo que esperaríamos de cualquier maestro. Y si eventualmente, por más justa que sea una causa de parte en asuntos de carácter laboral, hay un debido proceso para atenderlo, pero incumplir la responsabilidad de ir a clase no es un derecho, es una falta”.
La Constitución no se va abrogar, dijo Romero Hicks, como tampoco las leyes expedidas, como la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), ni las reformas a la Ley General de Educación.
Romero Hicks dijo que los trabajadores de la educación están en su derecho de manifestarse, pero confió en que hoy, 1 de septiembre, lo hagan con el máximo de responsabilidad y civilidad.
Blanca Estela Botello, La Crónica, 1º de septiembre.
Romero Hicks considera que evaluación de docentes debe ser formativa y diagnóstica
PAN, Reforma Educativa Medios México domingo, 1 de septiembre de 2013 0 comentarios
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