El pleno del Senado aprobó anoche en lo general la Ley General del Servicio Profesional Docente, tal como la envió la Cámara de Diputados. Al cierre de esta edición se aprestaba a hacerlo también en lo particular.
Con 102 votos a favor, entre ellos cinco del PRD y el resto del PRI, PAN y PVEM, y 22 en contra, PRD, PT y MC, fue avalada la ley, con la cual se pretende evaluar la calidad y los resultados de la función docente.
En la sesión de ayer, votaron 124 de un total de 128 senadores. Según se informó, entre quienes faltaron de votar estaban Martha Palafox, del PT, y Martha Elena García, del PAN, ambas por cuestiones de salud.
Los cinco perredistas que votaron a favor de la ley fueron: Isidro Pedraza, Zoé Robledo, Angélica de la Peña, Alejandra Barrales, Luz María Beristáin.
En menos de 48 horas, los senadores recibieron la minuta de ley, la turnaron a las Comisiones de Educación y de Estudios Legislativos, las que –previo acuerdo de los coordinadores de las bancadas— la aprobaron y enviaron al pleno para su discusión y votación.
Después, a las 18:05 horas, tras un receso de dos horas y media, se reanudó la sesión ordinaria del pleno, en la que de inmediato se puso a consideración el dictamen aprobado por las comisiones, del que se omitió su lectura para pasar a las posturas por fracción parlamentaria y después la discusión en pro y contra.
Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, al presentar el dictamen dijo que se establecen numerosos derechos para los docentes
Tras señalar que actualmente hay entre 80 mil y cien mil maestros comisionados, el ex gobernador de Guanajuato dijo que “las comisiones entonces tienen que reducirse a su mínima expresión sin goce de sueldo, esto no es negociable”.
El senador perredista Alejandro Encinas dijo que es grave la violación a los derechos laborales de los maestros establecida en la ley, donde el ingreso, la formación, el reconocimiento y la permanencia del empleo, principios básicos de derecho laboral, se convierten en condiciones administrativas, y dejan de ser derechos laborales.
Refirió que la justificación que el Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, dio para promover como base de una reforma educativa fue recuperar la rectoría del Estado sobre el sistema educativo, prisionero de los poderes fácticos.
Y cuestionó: “¿Quiénes son esos poderes fácticos?
“Yo creo que hay que analizarlo con mayor detenimiento, los poderes fácticos son ustedes mismos (legisladores), es el Estado mexicano y los gobiernos priistas y panistas quienes han hundido en esta crisis al sistema educativo que no se va a resolver, porque ésta no es una reforma educativa, ésta es la creación, como lo dijo el todavía secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, de un nuevo estatuto laboral”.
En tanto, la senadora Mónica Arriola –única de Nueva Alianza—quien votó a favor, dijo que hacer responsable de la crisis estructural por la que atraviesa la educación del país a uno solo de los actores, esto es, a los docentes, constituye una visión simplista de un asunto más complejo y destacó que la educación de calidad no solo se basa en la mera legislación.
La senadora panista Luisa María Calderón expresó que “lo que no podemos seguir aceptando es ese atavismo de que las plazas le pertenecen a unos líderes que pasan los días tomando calles, escuelas, oficinas y que lo que menos les importa es dar clase”.
Dos senadores perredistas, en contraposición de su bancada, dijeron estar a favor de la ley. Uno de ellos, Isidro Pedraza, quien consideró que con la nueva normatividad se combatirán muchos vicios que han impedido que los auténticos maestros asciendan laboralmente.
El otro, Zoé Robledo, quien expresó que “no estamos en contra de los profesores, y es falso y muy injusto intentar achacarles a ellos la responsabilidad del fracaso y mediocridad educativa de nuestro país, pero también es muy injusto para las futuras generaciones dejar las cosas como están hoy”.
Luego de tres horas de discusión a favor y en contra, en la que participaron 17 legisladores, se votó en lo general para después ´pasar a la discusión en lo particular.
Con 102 votos a favor, entre ellos cinco del PRD y el resto del PRI, PAN y PVEM, y 22 en contra, PRD, PT y MC, fue avalada la ley, con la cual se pretende evaluar la calidad y los resultados de la función docente.
En la sesión de ayer, votaron 124 de un total de 128 senadores. Según se informó, entre quienes faltaron de votar estaban Martha Palafox, del PT, y Martha Elena García, del PAN, ambas por cuestiones de salud.
Los cinco perredistas que votaron a favor de la ley fueron: Isidro Pedraza, Zoé Robledo, Angélica de la Peña, Alejandra Barrales, Luz María Beristáin.
En menos de 48 horas, los senadores recibieron la minuta de ley, la turnaron a las Comisiones de Educación y de Estudios Legislativos, las que –previo acuerdo de los coordinadores de las bancadas— la aprobaron y enviaron al pleno para su discusión y votación.
Después, a las 18:05 horas, tras un receso de dos horas y media, se reanudó la sesión ordinaria del pleno, en la que de inmediato se puso a consideración el dictamen aprobado por las comisiones, del que se omitió su lectura para pasar a las posturas por fracción parlamentaria y después la discusión en pro y contra.
Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, al presentar el dictamen dijo que se establecen numerosos derechos para los docentes
Tras señalar que actualmente hay entre 80 mil y cien mil maestros comisionados, el ex gobernador de Guanajuato dijo que “las comisiones entonces tienen que reducirse a su mínima expresión sin goce de sueldo, esto no es negociable”.
El senador perredista Alejandro Encinas dijo que es grave la violación a los derechos laborales de los maestros establecida en la ley, donde el ingreso, la formación, el reconocimiento y la permanencia del empleo, principios básicos de derecho laboral, se convierten en condiciones administrativas, y dejan de ser derechos laborales.
Refirió que la justificación que el Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, dio para promover como base de una reforma educativa fue recuperar la rectoría del Estado sobre el sistema educativo, prisionero de los poderes fácticos.
Y cuestionó: “¿Quiénes son esos poderes fácticos?
“Yo creo que hay que analizarlo con mayor detenimiento, los poderes fácticos son ustedes mismos (legisladores), es el Estado mexicano y los gobiernos priistas y panistas quienes han hundido en esta crisis al sistema educativo que no se va a resolver, porque ésta no es una reforma educativa, ésta es la creación, como lo dijo el todavía secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, de un nuevo estatuto laboral”.
En tanto, la senadora Mónica Arriola –única de Nueva Alianza—quien votó a favor, dijo que hacer responsable de la crisis estructural por la que atraviesa la educación del país a uno solo de los actores, esto es, a los docentes, constituye una visión simplista de un asunto más complejo y destacó que la educación de calidad no solo se basa en la mera legislación.
La senadora panista Luisa María Calderón expresó que “lo que no podemos seguir aceptando es ese atavismo de que las plazas le pertenecen a unos líderes que pasan los días tomando calles, escuelas, oficinas y que lo que menos les importa es dar clase”.
Dos senadores perredistas, en contraposición de su bancada, dijeron estar a favor de la ley. Uno de ellos, Isidro Pedraza, quien consideró que con la nueva normatividad se combatirán muchos vicios que han impedido que los auténticos maestros asciendan laboralmente.
El otro, Zoé Robledo, quien expresó que “no estamos en contra de los profesores, y es falso y muy injusto intentar achacarles a ellos la responsabilidad del fracaso y mediocridad educativa de nuestro país, pero también es muy injusto para las futuras generaciones dejar las cosas como están hoy”.
Luego de tres horas de discusión a favor y en contra, en la que participaron 17 legisladores, se votó en lo general para después ´pasar a la discusión en lo particular.
Procedimiento
Discuten reservas presentadas por el PRD, PAN y PT
Una vez que la Ley General del Servicio Profesional Docente fue aprobada en lo general, los senadores procedieron a la discusión de las reservas del articulado, hechas por el PRD, el PAN y el PT.
De ser modificado algún artículo de los reservados, la minuta se devolverá a la Cámara de Diputado, la que determinará si acepta o no las modificaciones planteadas por los senadores.
De aceptarlas, los diputados enviarán la ley a Ejecutivo federal para su promulgación; de no aceptarlas, la devuelve al Senado, y éste tendrá que decidir si se allana o insiste en la modificación, Si insiste, la devuelve a los diputados, y éstos, al no lograr acuerdo, enviarían al Ejecutivo federal, para su promulgación, sólo lo que fue aprobado por ambas cámaras, y el resto se queda para posterior discusión.
Sin embargo, se prevé que, ante la situación que priva en las calles de la ciudad, no se acepte ninguna modificación para no prolongar el proceso y, por ende, el conflicto. (Blanca Estela Botello)
Una vez que la Ley General del Servicio Profesional Docente fue aprobada en lo general, los senadores procedieron a la discusión de las reservas del articulado, hechas por el PRD, el PAN y el PT.
De ser modificado algún artículo de los reservados, la minuta se devolverá a la Cámara de Diputado, la que determinará si acepta o no las modificaciones planteadas por los senadores.
De aceptarlas, los diputados enviarán la ley a Ejecutivo federal para su promulgación; de no aceptarlas, la devuelve al Senado, y éste tendrá que decidir si se allana o insiste en la modificación, Si insiste, la devuelve a los diputados, y éstos, al no lograr acuerdo, enviarían al Ejecutivo federal, para su promulgación, sólo lo que fue aprobado por ambas cámaras, y el resto se queda para posterior discusión.
Sin embargo, se prevé que, ante la situación que priva en las calles de la ciudad, no se acepte ninguna modificación para no prolongar el proceso y, por ende, el conflicto. (Blanca Estela Botello)
BLanca Estela Botello, La Crónica, 4 de septiembre.
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