Agentes servían al mejor postor

En la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) la corrupción alcanzó niveles insospechados. Agentes y funcionarios que encabezaban la lucha antinarcotráfico vendían de todo al mejor postor.

Informes de la PGR revelan que funcionarios de la SIEDO acusados de filtrar información trabajaron con cada uno de los principales cárteles de la droga en México.


Un ejemplo de este colaboración se dio con la organización de los hermanos Beltrán Leyva, que cuando trabajaron aliados al cártel de Sinaloa, como cuando lo hicieron asociados con Los Zetas, cubrían la “famosa nómina SIEDO” a funcionarios, con “salarios” que iban de 150 mil a 450 mil dólares.



El cártel de Sinaloa está comandado por Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Isamel El Mayo Zambada e Ignacio Nacho Coronel. Los hermanos Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, y Alfredo, El Mochomo, eran aliados del cártel de Sinaloa. En enero de 2008, cuando un comando del Ejército mexicano detuvo a El Mochomo en Culiacán, Arturo se separa y ahora su grupo es considerado un cártel.



Las entregas de dinero ocurrían incluso a unas calles de las oficinas de la SIEDO.


El dinero nunca fue suficiente, y también agentes y funcionarios de primer nivel de ese organismo negociaban con gente de otros cárteles de la droga, como el de Tijuana, del Golfo, del Milenio, de Juárez, de Díaz Parada y La Familia Michoacana, según una averiguación previa de la PGR.


En la denominada Operación Limpieza, la PGR investiga cómo los funcionarios y agentes de la SIEDO, Miguel Colorado González, Fernando Rivera Hernández, José Antonio Mejía, Jorge Alberto Zavala, Fernando, Milton Carlos Cilia Pérez y Roberto García García, encargados del combate al crimen organizado, fueron coptados por el cártel de Sinaloa, la organización de los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva y otros grupos criminales desde varios años atrás, lo que provocó fracasos dentro del principal organismo de lucha antimafia en México.


El testigo protegido David dijo que cuando se iniciaba una investigación contra miembros del crimen organizado, ésta se asignaba a los agentes que trabajan con esa organización. Ellos podían proporcionar “numero de averiguación previa, qué sujetos, inmuebles o diligencia se estaba investigando, nombre del agente del Ministerio Público que llevaba la investigación y si ésta era relacionada con alguno de los cárteles de la droga”.


“Dichas investigaciones le son asignadas a agentes que reciben una mensualidad por dichas organizaciones, para que supieran y tomaran medidas preventivas... Dichos roles de trabajo los realizaba Toño y Zavala con autorización del ingeniero Colorado”, dijo.
Francisco Gómez, El Universal, 30 de octubre.

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