Modificará el Senado la iniciativa de Calderón sobre extinción de dominio

El paquete de reformas secundarias en materia de justicia penal del presidente Felipe Calderón, especialmente la nueva Ley sobre Extinción de Dominio será modificada en el Senado para evitar que se aplique de manera abusiva y discrecional, y afecte los derechos de terceros, advirtió el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Pedro Joaquín Coldwell.

Dijo que su bancada está de acuerdo en proporcionar mayores instrumentos legales para combatir el crimen organizado y quitar a narcotraficantes o secuestradores los bienes y propiedades producto de actos ilícitos, ya que ocurre que, aun estando presos, sus empresas u organizaciones económicas siguen intactas.

Sin embargo, recalcó, se debe cuidar que no se violenten derechos fundamentales ni se den al Ministerio Público Federal facultades discrecionales que posibiliten la corrupción.

Por ello, aunque el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, tenía listo ya el dictamen para aprobar en sus términos la propuesta de Calderón, priístas y perredistas decidieron analizarla de manera minuciosa, conjuntamente con otra iniciativa en la materia, ésta del senador perredista Tomás Torres.

Ayer, Joaquín Coldwell precisó que harán los cambios necesarios a la iniciativa presidencial “para cerrar el paso a toda aplicación arbitraria de esa ley, la cual propone quitar bienes muebles e inmuebles a quienes cometen delitos contra la salud, secuestros, trata de personas y robos de autos.

Se propone, explicó, que aquellos bienes utilizados como objeto o producto del delito, aun cuando no se haya acreditado la responsabilidad penal y no haya sentencia, pero existan elementos suficientes para determinar que un hecho delictivo sucedió, un juez pueda decretar que las propiedades sean sustraídas del dominio de los particulares y pasen a propiedad del Estado.

En ello, puntualizó, la bancada del PRI en el Senado de la República está de acuerdo, pero hay planteamientos que se requiere analizar con mucho cuidado. Por ejemplo, explicó, la ley señala que la extinción de dominio opera también en el caso de propiedades destinadas a ocultar a personas o mezclar bienes producto del delito, es decir, en el caso de lavado de dinero, o bien los que fueron utilizados por terceros para cometer un delito, si el dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad con el fin de impedirlo.

“Lo que preocupa es que algunos ciudadanos queden en la disyuntiva de arriesgar su vida al denunciar a bandas criminales o puedan perder sus bienes. También que una viuda que renta su casa de buena fe, que a lo mejor es su único patrimonio, resulta que se la quita el Estado”, ejemplificó.

Indicó que en la iniciativa hay artículos que no respetan el principio constitucional de igualdad de las partes en los procesos penales, además de contradicciones sobre cuándo habría elementos suficientes para decir que se cometió un delito.

Un punto “que no gusta nada” a los priístas es que se permita al Ministerio Público llegar a acuerdos con los procesados respecto de cuáles bienes van a ser objeto de la extinción de dominio.

–¿Ello significaría que un narcotraficante o un secuestrador puede negociar con la autoridad qué propiedades le quitarán?

–Exactamente, y nosotros rechazamos este margen de discrecionalidad, porque se va a prestar a muchas corruptelas..

Senadores de PRI, PRD y PAN se reunieron ayer para analizar tanto la iniciativa de Calderón como la del perredista Tomás Torres, para tratar de llegar con puntos de acuerdo a la sesión de la Comisión de Justicia.

Andrea Becerril, La Jornada, 30 de octubre.