Pide la CNDH al Senado adecuar ley de población a la problemática migratoria

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, solicitó al Senado de la República que realice cambios a la Ley General de Población y su reglamento “porque son insuficientes e incapaces de responder a las exigencias actuales del problema migratorio”.

El ombudsman nacional sostiene en el oficio que turnó al presidente del Senado, el panista Gustavo Madero, que “la ley referida y su reglamento se basan en una visión restrictiva de la migración, a partir de la cual se ha desplegado una política represora y limitativa que resulta incongruente y contraria al espiritu de los instrumentos internacionales que en la materia México ha suscrito, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre la Condición de los Extranjeros, y la Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares”.

Soberanes Fernández destaca en su comunicación al Senado, que México, país de origen, tránsito y destino de migrantes “se ha convertido en escenario propicio para las más penosas violaciones de los derechos humanos de este grupo vulnerable. A su paso por territorio nacional enfrentan no sólo abusos y extorsión, sino hasta la privación ilegal de su libertad en la modalidad de secuestro, todos ellos delitos cometidos por miembros del crimen organizado y grupos de personas que lucran con la vulnerabilidad del migrante”.

El titular de la CNDH reconoce que si bien apenas el 22 de julio de este año entró en vigor la reforma a la Ley General de Población, conforme a la cual se derogaron diversas disposiciones para despenalizar la migración y con ello “cancela nichos de oportunidad para la corrupción, la delincuencia y la violación sistemática de los derechos de los migrantes, es importante que en ese afán de evolución legislativa se permita el acceso a la justicia a todos los migrantes carentes de documentación que acredite su estancia legal en el país, quienes sufren en su perjuicio conductas antijurídicas como las expuestas, y se privilegie su estatus de víctima del delito”.

El ombudsman nacional pidió al Senado que se debe otorgar a los migrantes el acceso a la protección a que está obligado “a brindar el Estado mexicano; por ello, la derogación del artículo 67 de la Ley General de Población es indispensable”.

Precisó en el escrito que ese artículo establece que: “las autoridades de la República, sean federales, locales o municipales, así como notarios públicos, los que sustituyan a éstos y los corredores de comercio, están obligados a exigir a los extranjeros que tramitan ante ellos asuntos de su competencia, que previamente les comprueben su legal estancia en el país, y que en los casos que establezca el reglamento, acrediten que su condición y calidad migratoria les permita realizar el acto o contrato de que se trate, o en su defecto, el permiso especial de la Secretaría de Gobernación.

“En los casos que señale el Reglamento, darán aviso a la Secretaría de Gobernación en un plazo no mayor de 15 días, a partir del acto o contrato celebrado ante ellas y el correspondiente en el reglamento de dicha ley”.

Por ello, Soberanes insiste en que se propongan las reformas y adecuaciones necesarias para proteger los derechos de los migrantes, “sin importar la nacionalidad ni el estatus migratorio de éstos”.

Víctor Ballinas, La Jornada, 31 de octubre.