Uribe destituye a 27 oficiales del ejército por desaparición y muerte de unos 20 jóvenes

Bogotá, 29 de octubre. La aparición de múltiples evidencias contra oficiales de alto rango involucrados en el asesinato de jóvenes que eran presentados como integrantes de grupos irregulares muertos en combate, obligó hoy al gobierno colombiano a retirar de las filas castrenses a 27 oficiales del ejército, entre ellos tres generales.

La decisión, notificada públicamente por el presidente Álvaro Uribe, ocurre casi dos meses después de que familiares de una veintena de jóvenes de la población de Soacha denunciaron la desaparición de sus seres queridos, cuyos cadáveres fueron hallados semanas más tarde en apartados parajes selváticos del nororiente del país, cerca a la frontera con Venezuela.

Según organismos de investigación oficiales y voceros de organizaciones de derechos humanos, la desaparición y posterior muerte de los jóvenes hace parte de un macabro negocio en el que oficiales del ejército lucran, cobrando premios y recompensas derivados de supuestos éxitos militares, más conocidos en Colombia como “falsos positivos”.

Miguel González, abogado especializado en derechos humanos, dijo a La Jornada que la destitución de los altos mandos militares se debió “a la presión de los familiares de las víctimas, así como a la aparición de evidencias incontrovertibles que involucraban a los militares”.

Según González, el presidente Uribe no tenía alternativas distintas al relevo de los oficiales “sobre todo teniendo en cuenta que una delegación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas inició ayer una visita a nuestro país”.

Los generales Roberto Pico, José Joaquín Cortés y Paulino Coronado, cuatro coroneles, siete tenientes, tres mayores, un capitán y nueve suboficiales, fueron notificados de su retiro de las filas castrenses en horas de la mañana de hoy por el propio presidente Uribe, quien anunció la decisión en directo por televisión para todo el país.

El hecho desencadenó de inmediato un verdadero vendaval político, en momentos en que el gobierno enfrenta conmociones sociales y laborales de gran envergadura, así como escándalos por espionaje de organismos de inteligencia contra los principales líderes de la oposición.

Los principales partidos opositores, el Polo Democrático y el Partido Liberal, exigieron esta tarde la renuncia del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a quien acusaron de negligencia frente a las sucesivas denuncias sobre los denominados “falsos positivos”.

En tanto, voceros de los partidos que integran la coalición de gobierno aplaudieron la decisión de Uribe, que calificaron de “valiente y radical”. No obstante, varios de ellos consideraron que la destitución de los oficiales traerá graves consecuencias para el país, pues desatará una oleada de demandas contra la nación, “lo cual podría afectar las finanzas públicas”.

Organizaciones de derechos humanos se preguntaron si el relevo de los oficiales es una medida suficiente y expresaron que la destitución en sí misma no castiga conductas tan graves como el asesinato masivo y continuado de jóvenes.

Según la fiscalía general, en la actualidad se investigan más de 700 casos similares a los de los jóvenes de Soacha, principalmente en los departamentos de Antioquia, Meta, Cundinamarca y Norte de Santander.

Al anuncio de la fiscalía se une la publicación hoy de un informe de la Misión Internacional de Observación en el que se asegura que desde 2002, año de posesión del actual mandatario, se han producido en Colombia mil 800 ejecuciones extrajudiciales.

Jorge Enrique Botero, La Jornada, 30 de octubre.