La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reveló que en los últimos dos meses ha recibido varias denuncias sobre actos delictivos en los que participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Judicial local.
A unos días de que se descubrió la red de mandos de la SIEDO que brindaba protección al narcotráfico, el presidente de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza, indicó que como parte de la consulta “La policía que queremos” han surgido denuncias sobre la participación de servidores públicos en la comisión de delitos.
“Tenemos algunos policías jugando del lado de la delincuencia y eso es muy grave porque son delincuentes con placa”, dijo.
En ese sentido, expuso que la autoridad está obligada a actuar de manera más enérgica, porque “no sólo es un delito, sino un abuso de confianza en detrimento de la gente. Pagamos a unos servidores públicos por estar cometiendo delitos; eso es gravísimo”.
Indicó que por el momento no puede precisar el número de funcionarios de la SSP y la PGJDF involucrados con delincuentes, debido a que la gente no denuncia por temor a represalias.
No obstante, informó que la CDHDF abrió una investigación contra servidores públicos corruptos que están en contacto directo con los ciudadanos, como policías judiciales y patrulleros.
Álvarez Icaza comentó que otra problemática que evidenció la consulta es la política de ascensos dentro de las corporaciones policiacas. Las denuncias refieren que en la mayoría de casos los movimientos “tienen un claro carácter discrecional y sólo se consideran las relaciones personales; no hay un premio a la capacidad, a la profesionalización, sino al compadrazgo y a los amigos”.
A unos días de que se descubrió la red de mandos de la SIEDO que brindaba protección al narcotráfico, el presidente de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza, indicó que como parte de la consulta “La policía que queremos” han surgido denuncias sobre la participación de servidores públicos en la comisión de delitos.
“Tenemos algunos policías jugando del lado de la delincuencia y eso es muy grave porque son delincuentes con placa”, dijo.
En ese sentido, expuso que la autoridad está obligada a actuar de manera más enérgica, porque “no sólo es un delito, sino un abuso de confianza en detrimento de la gente. Pagamos a unos servidores públicos por estar cometiendo delitos; eso es gravísimo”.
Indicó que por el momento no puede precisar el número de funcionarios de la SSP y la PGJDF involucrados con delincuentes, debido a que la gente no denuncia por temor a represalias.
No obstante, informó que la CDHDF abrió una investigación contra servidores públicos corruptos que están en contacto directo con los ciudadanos, como policías judiciales y patrulleros.
Álvarez Icaza comentó que otra problemática que evidenció la consulta es la política de ascensos dentro de las corporaciones policiacas. Las denuncias refieren que en la mayoría de casos los movimientos “tienen un claro carácter discrecional y sólo se consideran las relaciones personales; no hay un premio a la capacidad, a la profesionalización, sino al compadrazgo y a los amigos”.
Georgina Pineda, Milenio, 30 de octubre.
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