La reforma energética que aprobó el Congreso de la Unión deja rendijas para la privatización, advirtió el investigador Jaime Cárdenas Gracia, quien sostuvo que hay que recurrir a instancias nacionales e internacionales, porque con las modificaciones se se violaron derechos humanos.
En el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, manifestó: “No nos sorprendería nada que mañana apareciera publicada ya la reforma en el Diario Oficial de la Federación. Igual el presidente Felipe Calderón se puede tomar los diez días que tiene para hacer observaciones y luego publicarla; la verdad, dudo que ejerza su derecho al veto. Eso no va a ocurrir”.
Al participar en una mesa redonda sobre derechos humanos y recursos naturales, Cárdenas Gracia aseveró que “es inminente que esta reforma, que aprobó primero el Senado y luego la Cámara de Diputados, sea ley vigente en el derecho mexicano”. Ante ello, dijo, “la pregunta es qué podemos hacer, qué medidas podemos invocar para defender los recursos del país”.
En el ámbito interno, explicó, se puede recurrir al amparo, y en el plano internacional se puede acudir a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que se violaron los pactos de derechos sociales y políticos, y el de derechos económicos, sociales y culturales.
“Mienten los partidos y los asesores del Frente Amplio Progresista (FAP) cuando dicen que a la reforma se le quitó todo lo que fuera privatizador. Por ejemplo, dicen los asesores del FAP que las filiales se eliminaron del dictamen completamente. Eso no es cierto, ese concepto está incluido en al artículo 19 de la Ley de Pemex”, puntualizó.
Ante el auditorio, leyó ese artículo e indicó que en la fracción 10, que se refiere a las atribuciones del consejo de administración de Pemex, está la de contratar empresas filiales u organismos subsidiarios. “Entonces –cuestionó–, ¿no que desapareció ese término de la reforma? Lean bien, analicen con cuidado”.
Reveló que “cuando pedimos detalles de esta situación, los senadores dijeron que sí, que ese término ahí está. Pero argumentan que se refiere a las nuevas filiales que se crearán y no serán para actividades estratégicas”.
Otro punto, añadió, es el de los contratos: “De acuerdo con los asesores del FAP, se cerró toda la posibilidad de realizar contratos de riesgo o incentivados. Sin embargo, en el artículo 60 de la Ley de Pemex se permiten los contratos con compensación”.
Y siguió: “Según los asesores del frente, habrá mayor transparencia, pero el artículo 60 de la Ley de Pemex permite las cláusulas de confidencialidad. El contratista y el contratante establecen condiciones a las cuales ni la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrá tener acceso. Entonces, ¿cuál transparencia?”
Cárdenas Gracia expuso que de acuerdo con la reforma, “México no irá a tribunales internacionales para zanjar problemas comerciales con el petróleo. Falso: en el artículo 72 se habla de que Pemex puede recurrir a la jurisdicción internacional. Por eso digo y sostengo que hay rendijas, resquicios que se dejaron en abono a la privatización”.
Los bonos, destacó el especialista, “son los elementos mas anticonstitucionales de la reforma. Se va a pagar por ellos utilidad y esa viene de la renta petrolera. Además, ahí vamos a tener un problema, porque los tenedores van a tener información privilegiada y exclusiva con la cual no van a poder contar los demás mexicanos. Éste es un asunto muy grave, y lo reconocieron los senadores perredistas Graco Ramírez y Carlos Navarrete”.
El diputado José Antonio Almazán, por su parte, expuso en la mesa redonda que “la privatización de Pemex está ahí, en el ordenamiento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional. Está ahí contenido cómo hacer la asignación de bloques”.
En el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, manifestó: “No nos sorprendería nada que mañana apareciera publicada ya la reforma en el Diario Oficial de la Federación. Igual el presidente Felipe Calderón se puede tomar los diez días que tiene para hacer observaciones y luego publicarla; la verdad, dudo que ejerza su derecho al veto. Eso no va a ocurrir”.
Al participar en una mesa redonda sobre derechos humanos y recursos naturales, Cárdenas Gracia aseveró que “es inminente que esta reforma, que aprobó primero el Senado y luego la Cámara de Diputados, sea ley vigente en el derecho mexicano”. Ante ello, dijo, “la pregunta es qué podemos hacer, qué medidas podemos invocar para defender los recursos del país”.
En el ámbito interno, explicó, se puede recurrir al amparo, y en el plano internacional se puede acudir a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que se violaron los pactos de derechos sociales y políticos, y el de derechos económicos, sociales y culturales.
“Mienten los partidos y los asesores del Frente Amplio Progresista (FAP) cuando dicen que a la reforma se le quitó todo lo que fuera privatizador. Por ejemplo, dicen los asesores del FAP que las filiales se eliminaron del dictamen completamente. Eso no es cierto, ese concepto está incluido en al artículo 19 de la Ley de Pemex”, puntualizó.
Ante el auditorio, leyó ese artículo e indicó que en la fracción 10, que se refiere a las atribuciones del consejo de administración de Pemex, está la de contratar empresas filiales u organismos subsidiarios. “Entonces –cuestionó–, ¿no que desapareció ese término de la reforma? Lean bien, analicen con cuidado”.
Reveló que “cuando pedimos detalles de esta situación, los senadores dijeron que sí, que ese término ahí está. Pero argumentan que se refiere a las nuevas filiales que se crearán y no serán para actividades estratégicas”.
Otro punto, añadió, es el de los contratos: “De acuerdo con los asesores del FAP, se cerró toda la posibilidad de realizar contratos de riesgo o incentivados. Sin embargo, en el artículo 60 de la Ley de Pemex se permiten los contratos con compensación”.
Y siguió: “Según los asesores del frente, habrá mayor transparencia, pero el artículo 60 de la Ley de Pemex permite las cláusulas de confidencialidad. El contratista y el contratante establecen condiciones a las cuales ni la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrá tener acceso. Entonces, ¿cuál transparencia?”
Cárdenas Gracia expuso que de acuerdo con la reforma, “México no irá a tribunales internacionales para zanjar problemas comerciales con el petróleo. Falso: en el artículo 72 se habla de que Pemex puede recurrir a la jurisdicción internacional. Por eso digo y sostengo que hay rendijas, resquicios que se dejaron en abono a la privatización”.
Los bonos, destacó el especialista, “son los elementos mas anticonstitucionales de la reforma. Se va a pagar por ellos utilidad y esa viene de la renta petrolera. Además, ahí vamos a tener un problema, porque los tenedores van a tener información privilegiada y exclusiva con la cual no van a poder contar los demás mexicanos. Éste es un asunto muy grave, y lo reconocieron los senadores perredistas Graco Ramírez y Carlos Navarrete”.
El diputado José Antonio Almazán, por su parte, expuso en la mesa redonda que “la privatización de Pemex está ahí, en el ordenamiento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional. Está ahí contenido cómo hacer la asignación de bloques”.
Víctor Ballinas, La Jornada, 31 de octubre.
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