Metepec, Méx., 30 de octubre. La presidenta del Consejo Directivo de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, Elia Sánchez González, demandó a senadores y diputados discutir y aprobar una nueva ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones, que sustituya la “obsoleta Ley Federal de Radio y Televisión”, en la cual se tome en cuenta a las radios y televisoras públicas y comunitarias y se les dé la posibilidad de comercializar espacios que garanticen su supervivencia.
Al inaugurar en esta ciudad la séptima asamblea de la red, la también directiva del Sistema de Cine, Radio y Televisión de Tlaxcala fustigó a los legisladores por ser omisos en la dictaminación de las iniciativas relacionadas con medios que existen en cada una de las cámaras, y les reprochó la falta de apoyo a las radios y televisiones públicas y comunitarias, por tener predilección por legislar en favor de los grandes consorcios mediáticos.
“En lugar de acometer la impostergable reforma integral del marco normativo actual de la radiocomunicación y las telecomunicaciones, distorsionado por los intereses comerciales de los concesionarios, algunos legisladores han preferido hacer caso omiso del fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver las insuficiencias y asimetrías aprobadas por el Congreso en abril de 2006, en una reforma a gusto de los grandes empresarios”, señaló.
En presencia del presidente de la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Gustavo Cárdenas Monrroy, Sánchez González recordó que en aquella ocasión nueve ministros de la Suprema Corte declararon inconstitucionales las reformas que hicieron los diputados a la Ley Federal de Radio y Televisión, sobre todo el artículo 20, porque fomentaba la inequidad los medios privados, a los cuales se daban todas las facilidades para enfrentar la transición tecnológica sobre las radios y televisoras públicas y comunitarias.
En junio, refirió, se presentó otra iniciativa encaminada a “privilegiar los intereses particulares sobre los públicos”, ya que buscaba asegurar nuevas frecuencias de FM a los operadores comerciales de estaciones de AM, con la intención de mejorar su competitividad y facilitar su transición a la tecnología digital de manera gratuita, y sin proponer el mismo tratamiento para los medios públicos.
Ante este escenario, ahondó, “es necesario contar con una nueva Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones, que resuelva el problema de la concentración de medios, fortalezca la libertad de expresión, atienda los contenidos de la programación y los derechos de las audiencias, pero, además, que reconozca la existencia de los medios públicos y comunitarios como instrumentos de comunicación al servicio de la sociedad y la cultura democrática”.
Al acto acudieron el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y el director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Garzón Valdez.
Ante ellos, sostuvo: “si no existe un nuevo marco jurídico, el crecimiento de uno de los sectores más dinámicos de la economía seguirá siendo usufructuado por un reducido grupo de comerciantes de los medios electrónicos de comunicación, en detrimento de un desarrollo nacional más justo y equilibrado”.
Sánchez González detalló que la propuesta de una nueva ley no sólo pretende que se permita la comercialización de espacios en medios públicos –“que no tiene otro motivo que garantizar la supervivencia de varios medios públicos y comunitarios”, que ahora se encuentran rezagados y hasta “abandonados por los gobiernos”–, sino que se adopte claramente un régimen legal y organizativo que garantice la autonomía de gestión y la independencia editorial.
Al inaugurar en esta ciudad la séptima asamblea de la red, la también directiva del Sistema de Cine, Radio y Televisión de Tlaxcala fustigó a los legisladores por ser omisos en la dictaminación de las iniciativas relacionadas con medios que existen en cada una de las cámaras, y les reprochó la falta de apoyo a las radios y televisiones públicas y comunitarias, por tener predilección por legislar en favor de los grandes consorcios mediáticos.
“En lugar de acometer la impostergable reforma integral del marco normativo actual de la radiocomunicación y las telecomunicaciones, distorsionado por los intereses comerciales de los concesionarios, algunos legisladores han preferido hacer caso omiso del fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver las insuficiencias y asimetrías aprobadas por el Congreso en abril de 2006, en una reforma a gusto de los grandes empresarios”, señaló.
En presencia del presidente de la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Gustavo Cárdenas Monrroy, Sánchez González recordó que en aquella ocasión nueve ministros de la Suprema Corte declararon inconstitucionales las reformas que hicieron los diputados a la Ley Federal de Radio y Televisión, sobre todo el artículo 20, porque fomentaba la inequidad los medios privados, a los cuales se daban todas las facilidades para enfrentar la transición tecnológica sobre las radios y televisoras públicas y comunitarias.
En junio, refirió, se presentó otra iniciativa encaminada a “privilegiar los intereses particulares sobre los públicos”, ya que buscaba asegurar nuevas frecuencias de FM a los operadores comerciales de estaciones de AM, con la intención de mejorar su competitividad y facilitar su transición a la tecnología digital de manera gratuita, y sin proponer el mismo tratamiento para los medios públicos.
Ante este escenario, ahondó, “es necesario contar con una nueva Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones, que resuelva el problema de la concentración de medios, fortalezca la libertad de expresión, atienda los contenidos de la programación y los derechos de las audiencias, pero, además, que reconozca la existencia de los medios públicos y comunitarios como instrumentos de comunicación al servicio de la sociedad y la cultura democrática”.
Al acto acudieron el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y el director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Garzón Valdez.
Ante ellos, sostuvo: “si no existe un nuevo marco jurídico, el crecimiento de uno de los sectores más dinámicos de la economía seguirá siendo usufructuado por un reducido grupo de comerciantes de los medios electrónicos de comunicación, en detrimento de un desarrollo nacional más justo y equilibrado”.
Sánchez González detalló que la propuesta de una nueva ley no sólo pretende que se permita la comercialización de espacios en medios públicos –“que no tiene otro motivo que garantizar la supervivencia de varios medios públicos y comunitarios”, que ahora se encuentran rezagados y hasta “abandonados por los gobiernos”–, sino que se adopte claramente un régimen legal y organizativo que garantice la autonomía de gestión y la independencia editorial.
Israel Dávila, La Joranda, 31 de octubre.
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