Con los sobornos que altos funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) recibieron de narcotraficantes durante varios años, adquirieron lujosas casas y departamentos, terrenos, vehículos deportivos y joyas. Además, pusieron negocios en varios estados del país para lavar los activos de procedencia ilícita, todo a nombre de terceros.
Previendo que un día sus tratos ilegales podían ser detectados por sus superiores, los servidores públicos implicados en esa red de corrupción dentro de la fiscalía antinarcóticos de la Procuraduría General de la República (PGR) optaron por utilizar prestanombres y poner como dueños de sus propiedades a familiares y amigos.
Los implicados encontraron principalmente en empresas de seguridad privada una coartada para blanquear el dinero que los capos de la droga les daban a cambio de información clasificada. En este caso están Miguel Ángel Colorado González, ex coordinador técnico de la SIEDO; el capitán retirado Fernando Rivera Hernández, ex director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica de esa subprocuraduría, y José Antonio Cueto López, funcionario de la PGR durante los años 90, quien está prófugo.
Los tres están implicados en la red de corrupción de funcionarios de la SIEDO que vendían información a narcotraficantes a cambio de sobornos mensuales de entre 150 mil y 450 mil dólares.
Hace cuatro meses, antes de que se presentara en Estados Unidos la denuncia de un testigo protegido por aquel país, en la que se reveló que los hermanos Beltrán Leyva habían logrado corromper a funcionarios de la SIEDO, Colorado, Rivera y Cueto operaban empresas de seguridad privada en México, mediante las cuales lavaban los miles de dólares que recibían cada mes del narco.
Según las constancias de la averiguación previa SIEDO/ UETMIO/6668/2008, el propio Rivera Hernández, durante una reunión con mafiosos efectuada a finales de 2002 en el bar Lord Jones, en el Distrito Federal, refirió que había tomado medidas precautorias para evitar que un día lo pudieran acusar de recibir dinero del narco.
Fernando Rivera presumió a sus interlocutores: “no soy tonto: todo lo que he empezado a hacer en el tiempo que llevo en la PGR lo he puesto a nombre de familiares y amigos de confianza, por si algún día me caen; no hay nada a mi nombre; no soy pendejo, voy a seguir aprovechando el hueso hasta que dure”, según testimonio de un narcotraficante identificado como Alonso, testigo colaborador de la SIEDO.
Además, desde que los ex funcionarios aceptaron trabajar para los narcos encontraron la forma de mantener comunicación con los Beltrán Leyva.
Un operador del grupo delictivo de Sinaloa les entregó en 2004 radios Nextel bautizados con un apodo clave para que evitaran mencionar sus nombres al comunicarse. El capitán Rivera era “La Reina”; Cueto López, “El Principe dos”, y Colorado González, “El Príncipe uno”.
Los radios y teléfonos celulares utilizados por los ex funcionarios estaban a nombre de una compañía fachada con dirección legal en Guadalajara, Jalisco.
Previendo que un día sus tratos ilegales podían ser detectados por sus superiores, los servidores públicos implicados en esa red de corrupción dentro de la fiscalía antinarcóticos de la Procuraduría General de la República (PGR) optaron por utilizar prestanombres y poner como dueños de sus propiedades a familiares y amigos.
Los implicados encontraron principalmente en empresas de seguridad privada una coartada para blanquear el dinero que los capos de la droga les daban a cambio de información clasificada. En este caso están Miguel Ángel Colorado González, ex coordinador técnico de la SIEDO; el capitán retirado Fernando Rivera Hernández, ex director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica de esa subprocuraduría, y José Antonio Cueto López, funcionario de la PGR durante los años 90, quien está prófugo.
Los tres están implicados en la red de corrupción de funcionarios de la SIEDO que vendían información a narcotraficantes a cambio de sobornos mensuales de entre 150 mil y 450 mil dólares.
Hace cuatro meses, antes de que se presentara en Estados Unidos la denuncia de un testigo protegido por aquel país, en la que se reveló que los hermanos Beltrán Leyva habían logrado corromper a funcionarios de la SIEDO, Colorado, Rivera y Cueto operaban empresas de seguridad privada en México, mediante las cuales lavaban los miles de dólares que recibían cada mes del narco.
Según las constancias de la averiguación previa SIEDO/ UETMIO/6668/2008, el propio Rivera Hernández, durante una reunión con mafiosos efectuada a finales de 2002 en el bar Lord Jones, en el Distrito Federal, refirió que había tomado medidas precautorias para evitar que un día lo pudieran acusar de recibir dinero del narco.
Fernando Rivera presumió a sus interlocutores: “no soy tonto: todo lo que he empezado a hacer en el tiempo que llevo en la PGR lo he puesto a nombre de familiares y amigos de confianza, por si algún día me caen; no hay nada a mi nombre; no soy pendejo, voy a seguir aprovechando el hueso hasta que dure”, según testimonio de un narcotraficante identificado como Alonso, testigo colaborador de la SIEDO.
Además, desde que los ex funcionarios aceptaron trabajar para los narcos encontraron la forma de mantener comunicación con los Beltrán Leyva.
Un operador del grupo delictivo de Sinaloa les entregó en 2004 radios Nextel bautizados con un apodo clave para que evitaran mencionar sus nombres al comunicarse. El capitán Rivera era “La Reina”; Cueto López, “El Principe dos”, y Colorado González, “El Príncipe uno”.
Los radios y teléfonos celulares utilizados por los ex funcionarios estaban a nombre de una compañía fachada con dirección legal en Guadalajara, Jalisco.
Alfredo Méndez, La Jornada, 31 de octubre.
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