El remezón más grande en el Ejército colombiano se presentó ayer cuando el presidente Álvaro Uribe pasó a retiro a tres generales, cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, un capitán, un teniente, tres mayores, siete suboficiales y un cabo que estarían vinculados por acción u omisión en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
El origen de la purga es la aparición de los cadáveres de 19 jóvenes que fueron presentados como ilegales muertos en combates con el ejército, en Ocaña, Norte de Santander. Los muchachos habían sido declarados como desaparecidos a principio de año en Soacha, una población cercana a Bogotá, luego de haber viajado al nororiente del país con un ofrecimiento de trabajo.
El escándalo le costó el retiro a los generales José Joaquín Cortés, comandante de la II División del Ejército; y Paulino Coronado, comandante de la Brigada XXX. Ambos insistieron en que todas las operaciones realizadas en su jurisdicción se hicieron cumpliendo con las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Sin embargo, aceptaron la responsabilidad que en la línea de mando les corresponde en el caso de que algunos de los hombres hubieran violado estos principios, pero aseguraron que siempre respetaron el juramento de proteger a los civiles de los grupos armados ilegales.
Para Uribe, la decisión se tomó teniendo en cuenta el informe presentado por una comisión nombrada para investigar los hechos de Soacha, la cual determinó que algunos de los miembros de las Fuerzas Armadas podrían estar “incursos en asesinatos y que hay fallas en procedimientos, en protocolos, en vigilancia”. El anuncio, si bien calmó el malestar, dejó dudas en algunos sectores políticos como el Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal, que consideran que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, debió renunciar.
Pero no todos los retiros tienen que ver con las muertes en Ocaña. De los 27 militares que pasaron a retiro, 12 están en jurisdicción de la VII División del Ejército, con sede en Medellín. El comandante de esa unidad, general Luis Roberto Pico, también fue llamado a calificar servicios. Todo indica que la baja del general Pico obedeció a denuncias de ejecuciones extrajudiciales en la jurisdicción de la Brigada XIV, la cual estaba a su mando.
El anuncio de Uribe coincidió con la presencia en Colombia de la alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay; y la presentación del informe Ejecuciones extrajudiciales: realidad inocultable, realizado por varias ONG internacionales. En él se reportan 535 casos entre el primero de enero de 2007 y el primero de julio de 2008, en los departamentos de Norte de Santander y Arauca.
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, investiga 780 casos de ejecuciones sumarias. Antioquia (donde tiene jurisdicción la VII División del Ejército), con 154, es el departamento en el que más denuncias se han presentado.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, indicó que se han presentado 30 denuncias por homicidio de personas protegidas, las cuales son investigadas por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
La Procuraduría investiga 2 mil 300 casos de ejecuciones sumarias en todo el país, en los cuales estarían involucrados 980 miembros de la fuerza pública.
“No” a la reelección
La Cámara de Representantes de Colombia rechazó la propuesta de una enmienda constitucional que pretendía habilitar la reelección del Álvaro Uribe para el 2014. El polémico proyecto obtuvo 75 votos en contra y 40 a favor.
Los legisladores de la Cámara baja rechazaron el párrafo de la reelección presentado en la reforma política, que promueve la bancada oficialista.
Aún así, al Congreso aún le falta decidir si aprueba un proyecto de ley que busca realizar un referendo para que los colombianos decidan si quieren un tercer periodo de Álvaro Uribe.
El origen de la purga es la aparición de los cadáveres de 19 jóvenes que fueron presentados como ilegales muertos en combates con el ejército, en Ocaña, Norte de Santander. Los muchachos habían sido declarados como desaparecidos a principio de año en Soacha, una población cercana a Bogotá, luego de haber viajado al nororiente del país con un ofrecimiento de trabajo.
El escándalo le costó el retiro a los generales José Joaquín Cortés, comandante de la II División del Ejército; y Paulino Coronado, comandante de la Brigada XXX. Ambos insistieron en que todas las operaciones realizadas en su jurisdicción se hicieron cumpliendo con las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Sin embargo, aceptaron la responsabilidad que en la línea de mando les corresponde en el caso de que algunos de los hombres hubieran violado estos principios, pero aseguraron que siempre respetaron el juramento de proteger a los civiles de los grupos armados ilegales.
Para Uribe, la decisión se tomó teniendo en cuenta el informe presentado por una comisión nombrada para investigar los hechos de Soacha, la cual determinó que algunos de los miembros de las Fuerzas Armadas podrían estar “incursos en asesinatos y que hay fallas en procedimientos, en protocolos, en vigilancia”. El anuncio, si bien calmó el malestar, dejó dudas en algunos sectores políticos como el Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal, que consideran que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, debió renunciar.
Pero no todos los retiros tienen que ver con las muertes en Ocaña. De los 27 militares que pasaron a retiro, 12 están en jurisdicción de la VII División del Ejército, con sede en Medellín. El comandante de esa unidad, general Luis Roberto Pico, también fue llamado a calificar servicios. Todo indica que la baja del general Pico obedeció a denuncias de ejecuciones extrajudiciales en la jurisdicción de la Brigada XIV, la cual estaba a su mando.
El anuncio de Uribe coincidió con la presencia en Colombia de la alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay; y la presentación del informe Ejecuciones extrajudiciales: realidad inocultable, realizado por varias ONG internacionales. En él se reportan 535 casos entre el primero de enero de 2007 y el primero de julio de 2008, en los departamentos de Norte de Santander y Arauca.
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, investiga 780 casos de ejecuciones sumarias. Antioquia (donde tiene jurisdicción la VII División del Ejército), con 154, es el departamento en el que más denuncias se han presentado.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, indicó que se han presentado 30 denuncias por homicidio de personas protegidas, las cuales son investigadas por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
La Procuraduría investiga 2 mil 300 casos de ejecuciones sumarias en todo el país, en los cuales estarían involucrados 980 miembros de la fuerza pública.
“No” a la reelección
La Cámara de Representantes de Colombia rechazó la propuesta de una enmienda constitucional que pretendía habilitar la reelección del Álvaro Uribe para el 2014. El polémico proyecto obtuvo 75 votos en contra y 40 a favor.
Los legisladores de la Cámara baja rechazaron el párrafo de la reelección presentado en la reforma política, que promueve la bancada oficialista.
Aún así, al Congreso aún le falta decidir si aprueba un proyecto de ley que busca realizar un referendo para que los colombianos decidan si quieren un tercer periodo de Álvaro Uribe.
Clara Vélez Rincón en Medellín, Milenio, 30 de octubre.
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