Cuando la guerra de dos años contra el crimen organizado no ha sometido a los cárteles, en el Congreso el otoño deshoja más que árboles, pues deja caer un bombardeo de iniciativas de leyes de los grupos parlamentarios y del Ejecutivo para amarrar triunfos en la seguridad pública, con dos estrategias: disminuir el poder real del crimen organizado y dar fuerza a las policías.
El ánimo de iniciar leyes por una mejor policía y justicia, en el caso del PRD va acompañado de propuestas para atacar a las bandas en la esencia de su poderío, dinero, propiedades, empresas formales, que usualmente salvan con prestanombres y se aprovechan de los hoyos de la legislación.
Nueve propuestas del diputado del PRD Andrés Lozano Lozano, y una décima iniciativa de la diputada Claudia Cruz Santiago, han sido turnadas a las comisiones de Seguridad Pública y Justicia, y ahí se estudian ya junto con proyectos semejantes del Ejecutivo, así como de otros legisladores de PAN, PRI, Nueva Alianza, PVEM y Convergencia.
El proceso de ajustar las leyes contra el crimen ya empezó y al efecto la Comisión de Seguridad Pública funciona en sesión permanente, en una carrera contra los cárteles que tiene fecha de cierre, antes del 15 de diciembre próximo, cuando se clausure el actual periodo de sesiones.
Andrés Lozano dice que con el paquete de 10 iniciativas en materia de seguridad pública, el PRD cumple su compromiso de aportar soluciones con una visión integral de los desafíos que representa el crimen organizado.
Señala que hay decisión de los grupos parlamentarios por sacar adelante estos rubros de la legislación, y reporta, en entrevista, que no se ha generado oposición alguna en San Lázaro ni en la sociedad o sectores económicos. Antes bien, “hay un gran reclamo social”, por avanzar con prontitud y eficacia, dice.
El propósito fundamental de debilitar la estructura financiera de las organizaciones criminales lo busca el PRD con la iniciativa de ley general de extinción de dominio. Las bandas perderían dinero, propiedades, empresas, casas de cambio, hoteles, restaurantes, edificios, grupos inmobiliarios que pasarían al poder del Estado.
Una propuesta busca que la delincuencia organizada pague a civiles y comunidades daños que haya causado al cometer delitos, y se les podría reclamar desde la alteración de la tranquilidad social, hasta lesiones, daño emocional, secuestros y homicidios.
El legislador está satisfecho de los articulados de una de sus propuestas más elaboradas, presentada el 18 de septiembre: es una ley general del sistema nacional de seguridad pública, de 80 artículos, que será estudiada con otra del mismo nombre, presentada el 30 de septiembre por el presidente Calderón.
El proyecto perredista contiene el diseño de una estructura de cuerpos de policía organizados, coordinados, certificados, con carrera civil. Plantea una base nacional de información sobre seguridad pública, por medio de dos registros nacionales de personal de seguridad pública, así como de armamento y equipo de corporaciones.
El paquete va con una legislación que reglamenta el uso de la fuerza pública, autoriza el empleo de armas no letales, de armas de fuego; el uso de esposas en manos y pies; define cómo se lleven a cabo las detenciones y la presentación de sujetos con el MP.
Perfila una nueva clase de policía, el investigador, una especie de detective colaborador del Ministerio Público.
Su compañera diputada, Claudia Cruz Santiago, completó la decena de proyectos con uno que actualiza el acceso a la justicia.
El ánimo de iniciar leyes por una mejor policía y justicia, en el caso del PRD va acompañado de propuestas para atacar a las bandas en la esencia de su poderío, dinero, propiedades, empresas formales, que usualmente salvan con prestanombres y se aprovechan de los hoyos de la legislación.
Nueve propuestas del diputado del PRD Andrés Lozano Lozano, y una décima iniciativa de la diputada Claudia Cruz Santiago, han sido turnadas a las comisiones de Seguridad Pública y Justicia, y ahí se estudian ya junto con proyectos semejantes del Ejecutivo, así como de otros legisladores de PAN, PRI, Nueva Alianza, PVEM y Convergencia.
El proceso de ajustar las leyes contra el crimen ya empezó y al efecto la Comisión de Seguridad Pública funciona en sesión permanente, en una carrera contra los cárteles que tiene fecha de cierre, antes del 15 de diciembre próximo, cuando se clausure el actual periodo de sesiones.
Andrés Lozano dice que con el paquete de 10 iniciativas en materia de seguridad pública, el PRD cumple su compromiso de aportar soluciones con una visión integral de los desafíos que representa el crimen organizado.
Señala que hay decisión de los grupos parlamentarios por sacar adelante estos rubros de la legislación, y reporta, en entrevista, que no se ha generado oposición alguna en San Lázaro ni en la sociedad o sectores económicos. Antes bien, “hay un gran reclamo social”, por avanzar con prontitud y eficacia, dice.
El propósito fundamental de debilitar la estructura financiera de las organizaciones criminales lo busca el PRD con la iniciativa de ley general de extinción de dominio. Las bandas perderían dinero, propiedades, empresas, casas de cambio, hoteles, restaurantes, edificios, grupos inmobiliarios que pasarían al poder del Estado.
Una propuesta busca que la delincuencia organizada pague a civiles y comunidades daños que haya causado al cometer delitos, y se les podría reclamar desde la alteración de la tranquilidad social, hasta lesiones, daño emocional, secuestros y homicidios.
El legislador está satisfecho de los articulados de una de sus propuestas más elaboradas, presentada el 18 de septiembre: es una ley general del sistema nacional de seguridad pública, de 80 artículos, que será estudiada con otra del mismo nombre, presentada el 30 de septiembre por el presidente Calderón.
El proyecto perredista contiene el diseño de una estructura de cuerpos de policía organizados, coordinados, certificados, con carrera civil. Plantea una base nacional de información sobre seguridad pública, por medio de dos registros nacionales de personal de seguridad pública, así como de armamento y equipo de corporaciones.
El paquete va con una legislación que reglamenta el uso de la fuerza pública, autoriza el empleo de armas no letales, de armas de fuego; el uso de esposas en manos y pies; define cómo se lleven a cabo las detenciones y la presentación de sujetos con el MP.
Perfila una nueva clase de policía, el investigador, una especie de detective colaborador del Ministerio Público.
Su compañera diputada, Claudia Cruz Santiago, completó la decena de proyectos con uno que actualiza el acceso a la justicia.
Juan Arvizu, El Universal, 31 de octubre.
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