BUENOS AIRES.— El presidente colombiano Álvaro Uribe pasó a retiro a 27 militares, entre ellos un general y dos brigadieres, por estar comprometidos en la desaparición y muerte de al menos 11 jóvenes, cuyos cadáveres fueron presentados como guerrilleros.
Se trata de una purga sin precedentes en las Fuerzas Armadas y se presenta justo en el momento en que las sospechas, los cuestionamientos y críticas por presunta violación de derechos humanos caen directamente sobre la administración de Uribe.
La víspera Amnistía Internacional difundió un informe con duras críticas a la política uribista en materia de derechos humanos.
El caso que compromete a los militares cesados es de 11 jóvenes que fueron dados por “muertos en combate” y como “elementos de las FARC”, cuando sus familiares y amigos los denunciaron como desaparecidos, en la ciudad de Soacha, sur de Bogotá.
“La investigación ha encontrado que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas involucrados en asesinatos”, dijo Uribe, quien reiteró el pedido a todo el Ejército para que “actúen con transparencia porque es la única forma de que la política de seguridad democrática pueda avanzar”.
En una conferencia de prensa en la que también hicieron su presentación el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el jefe de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, Uribe anticipó que el “Estado proveerá todo lo necesario para el accionar de la justicia”. Santos explicó que hay “serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles”, incluyendo “el planeamiento, ejecución y evaluación de las operaciones”.
“Pudo haber facilitado la colusión de algunos miembros del Ejército Nacional con delincuentes externos que gozaban de impunidad a cambio de contribuir al logro de resultados”, subrayó el ministro al leer el comunicado.
Los tres altos mandos separados del Ejército y sometidos a la justicia son Roberto Pico Hernández y los brigadieres generales José Joaquín Cortés Franco y Paulino Coronado Gámez. En su descargo público, Coronado se defendió al decir que “bajo ninguna circunstancia por mi mente pudo atravesar mandar asesinar a alguien para presentar un falso positivo”, mientras que Pico dijo tener su “conciencia tranquila”.
Mientras el senador opositor, Gustavo Petro, del Polo Democrático, dijo que el caso obedece a “la necesidad de los militares de obtener resultados por los incentivos del gobierno de Uribe”, ayer la ONG Misión Internacional de Observación presentó un informe que señala que desde enero de 2007 a la fecha se registraron 535 denuncias por desapariciones forzosas, y en la mayoría se señala al Ejército como responsable.
Rechazan reelección
Entre tanto, la Cámara de Representantes rechazó la propuesta de una enmienda constitucional que pretendía habilitar la reelección del presidente Uribe, para el año 2014. El polémico proyecto obtuvo 75 votos en contra y 40 en favor. Los legisladores de la Cámara Baja impugnaron el párrafo de la reelección presentado en la reforma política que promueve la bancada oficialista.
Se trata de una purga sin precedentes en las Fuerzas Armadas y se presenta justo en el momento en que las sospechas, los cuestionamientos y críticas por presunta violación de derechos humanos caen directamente sobre la administración de Uribe.
La víspera Amnistía Internacional difundió un informe con duras críticas a la política uribista en materia de derechos humanos.
El caso que compromete a los militares cesados es de 11 jóvenes que fueron dados por “muertos en combate” y como “elementos de las FARC”, cuando sus familiares y amigos los denunciaron como desaparecidos, en la ciudad de Soacha, sur de Bogotá.
“La investigación ha encontrado que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas involucrados en asesinatos”, dijo Uribe, quien reiteró el pedido a todo el Ejército para que “actúen con transparencia porque es la única forma de que la política de seguridad democrática pueda avanzar”.
En una conferencia de prensa en la que también hicieron su presentación el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el jefe de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, Uribe anticipó que el “Estado proveerá todo lo necesario para el accionar de la justicia”. Santos explicó que hay “serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles”, incluyendo “el planeamiento, ejecución y evaluación de las operaciones”.
“Pudo haber facilitado la colusión de algunos miembros del Ejército Nacional con delincuentes externos que gozaban de impunidad a cambio de contribuir al logro de resultados”, subrayó el ministro al leer el comunicado.
Los tres altos mandos separados del Ejército y sometidos a la justicia son Roberto Pico Hernández y los brigadieres generales José Joaquín Cortés Franco y Paulino Coronado Gámez. En su descargo público, Coronado se defendió al decir que “bajo ninguna circunstancia por mi mente pudo atravesar mandar asesinar a alguien para presentar un falso positivo”, mientras que Pico dijo tener su “conciencia tranquila”.
Mientras el senador opositor, Gustavo Petro, del Polo Democrático, dijo que el caso obedece a “la necesidad de los militares de obtener resultados por los incentivos del gobierno de Uribe”, ayer la ONG Misión Internacional de Observación presentó un informe que señala que desde enero de 2007 a la fecha se registraron 535 denuncias por desapariciones forzosas, y en la mayoría se señala al Ejército como responsable.
Rechazan reelección
Entre tanto, la Cámara de Representantes rechazó la propuesta de una enmienda constitucional que pretendía habilitar la reelección del presidente Uribe, para el año 2014. El polémico proyecto obtuvo 75 votos en contra y 40 en favor. Los legisladores de la Cámara Baja impugnaron el párrafo de la reelección presentado en la reforma política que promueve la bancada oficialista.
José Vales corresponsal, El Unviersal, 30 de octubre.
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