BOGOTÁ.- El Gobierno colombiano realizó ayer una purga histórica en las filas del Ejército, luego de que éste fuera involucrado en la ejecución extrajudicial de al menos 19 jóvenes provenientes de los barrios pobres de Bogotá catalogados como delincuentes y reportados como muertos en combate.
En una medida sin par en la historia reciente, la Administración del Presidente Álvaro Uribe dispuso el relevo de 27 oficiales y suboficiales, incluyendo tres Generales, por estar implicados o haber hecho caso de omisión de irregularidades en el proceder de sus subordinados tras conocerse ayer los resultados de una investigación realizada por una comisión militar especial de alto nivel.
"La comisión ha encontrado que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos y que hay faltas en procedimientos, en protocolos, en vigilancia", expuso Uribe en la casa presidencial al anunciar las destituciones.
"Estas fallas nos obligan a tomar unas drásticas decisiones desde el punto de vista administrativo, y los hallazgos de esta investigación, que pueden tener efectos penales, son trasladados a la Fiscalía para su evaluación", precisó el Mandatario.
El escándalo salió a flote en septiembre pasado, cuando familiares de una veintena de jóvenes de la barriada de Soacha, en el sur de Bogotá, reportados como desaparecidos, fueron notificados del hallazgo de sus cuerpos en una fosa común de Ocaña, una pequeña localidad del departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.
Se cree que los jóvenes fueron engañados con promesas de trabajo.
Las circunstancias de las muertes hizo temer que se tratara de "falsos positivos", como se les conoce a los casos de personas sin vínculos con movimientos guerrilleros o paramilitares abatidas en supuestos combates y presentadas como integrantes de grupos armados ilegales.
Familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos saludaron el relevo de militares anunciado ayer, pero el partido opositor Polo Democrático Alternativo señaló que la medida no era suficiente y pidió la renuncia del Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Desde 2003, la Fiscalía colombiana ha investigado 780 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, según datos difundidos ayer.
Larga lista de acusaciones
Las Fuerzas Armadas colombianas han sido responsabilizadas de cientos de muertes.
· Desde 2002, mil 300 colombianos han sido ejecutados por las fuerzas de seguridad, según un informe divulgado ayer por la Coordinación Colombiana-Europa-Estados Unidos, que aglutina a diversas ONGs. Entre 1997 y 2002, se registraron 669 muertes.
· Tan sólo en los últimos 18 meses se han denunciado 535 ejecuciones extrajudiciales.
· Especial atención ha captado el asesinato, a inicios de año, de 19 jóvenes de la barriada de Soacha, Bogotá, hecho por el cual ayer fueron depuestos 27 militares.
· La Procuraduría General reveló que actualmente realiza 930 investigaciones que involucran a 2 mil 300 militares por supuestas ejecuciones de civiles o guerrilleros.
En una medida sin par en la historia reciente, la Administración del Presidente Álvaro Uribe dispuso el relevo de 27 oficiales y suboficiales, incluyendo tres Generales, por estar implicados o haber hecho caso de omisión de irregularidades en el proceder de sus subordinados tras conocerse ayer los resultados de una investigación realizada por una comisión militar especial de alto nivel.
"La comisión ha encontrado que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos y que hay faltas en procedimientos, en protocolos, en vigilancia", expuso Uribe en la casa presidencial al anunciar las destituciones.
"Estas fallas nos obligan a tomar unas drásticas decisiones desde el punto de vista administrativo, y los hallazgos de esta investigación, que pueden tener efectos penales, son trasladados a la Fiscalía para su evaluación", precisó el Mandatario.
El escándalo salió a flote en septiembre pasado, cuando familiares de una veintena de jóvenes de la barriada de Soacha, en el sur de Bogotá, reportados como desaparecidos, fueron notificados del hallazgo de sus cuerpos en una fosa común de Ocaña, una pequeña localidad del departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.
Se cree que los jóvenes fueron engañados con promesas de trabajo.
Las circunstancias de las muertes hizo temer que se tratara de "falsos positivos", como se les conoce a los casos de personas sin vínculos con movimientos guerrilleros o paramilitares abatidas en supuestos combates y presentadas como integrantes de grupos armados ilegales.
Familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos saludaron el relevo de militares anunciado ayer, pero el partido opositor Polo Democrático Alternativo señaló que la medida no era suficiente y pidió la renuncia del Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Desde 2003, la Fiscalía colombiana ha investigado 780 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, según datos difundidos ayer.
Larga lista de acusaciones
Las Fuerzas Armadas colombianas han sido responsabilizadas de cientos de muertes.
· Desde 2002, mil 300 colombianos han sido ejecutados por las fuerzas de seguridad, según un informe divulgado ayer por la Coordinación Colombiana-Europa-Estados Unidos, que aglutina a diversas ONGs. Entre 1997 y 2002, se registraron 669 muertes.
· Tan sólo en los últimos 18 meses se han denunciado 535 ejecuciones extrajudiciales.
· Especial atención ha captado el asesinato, a inicios de año, de 19 jóvenes de la barriada de Soacha, Bogotá, hecho por el cual ayer fueron depuestos 27 militares.
· La Procuraduría General reveló que actualmente realiza 930 investigaciones que involucran a 2 mil 300 militares por supuestas ejecuciones de civiles o guerrilleros.
Octavio Pineda, Reforma, 30 de octubre.
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