José Luis Soberanes , presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), denunció una “política represora” de México contra indocumentados de sur y Centroamérica.
Por ello, exhortó al Senado a derogar el artículo 67 de la Ley General de Población, para que se considere a esos migrantes víctimas del delito y el Estado mexicano los proteja.
Soberanes elogió la reforma a dicha ley, en vigor el 22 de julio, que despenaliza la migración, pero consideró necesario el ajuste en beneficio de las personas sin papeles.
De acuerdo con Soberanes, la actual Ley General de Población y su reglamento “son insuficientes e incapaces de responder a las exigencias actuales del fenómeno migratorio, ya que se basan en una visión restrictiva de la migración, a partir de la cual se ha desplegado una política represora y limitativa”.
Esta política, añadió, es incongruente y contraria a los acuerdos internacionales signados por México, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la condición de los Extranjeros, entre otros.
El presidente de la CNDH aprovechó para recordar que los gobiernos federal y estatales han ignorado la recomendación 65/2007, “sin encontrar una respuesta concreta y clara por parte del Ejecutivo federal, los Ejecutivos locales y del Poder Legislativo de nuestro país, para que cese este clima de inseguridad y de violación de los derechos humanos de los indocumentados”.
Por ello, exhortó al Senado a derogar el artículo 67 de la Ley General de Población, para que se considere a esos migrantes víctimas del delito y el Estado mexicano los proteja.
Soberanes elogió la reforma a dicha ley, en vigor el 22 de julio, que despenaliza la migración, pero consideró necesario el ajuste en beneficio de las personas sin papeles.
De acuerdo con Soberanes, la actual Ley General de Población y su reglamento “son insuficientes e incapaces de responder a las exigencias actuales del fenómeno migratorio, ya que se basan en una visión restrictiva de la migración, a partir de la cual se ha desplegado una política represora y limitativa”.
Esta política, añadió, es incongruente y contraria a los acuerdos internacionales signados por México, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la condición de los Extranjeros, entre otros.
El presidente de la CNDH aprovechó para recordar que los gobiernos federal y estatales han ignorado la recomendación 65/2007, “sin encontrar una respuesta concreta y clara por parte del Ejecutivo federal, los Ejecutivos locales y del Poder Legislativo de nuestro país, para que cese este clima de inseguridad y de violación de los derechos humanos de los indocumentados”.
Jorge Ramos y Ricardo Gómez, El Universal, 31 de octubre.
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