El PRI, en voz de Jesús Murillo Karam, dejó ayer en claro ante el pleno del Senado que no van a aprobar de manera apresurada y bajo presión el paquete de reformas de Felipe Calderón en materia de seguridad y justicia penal, ya que hay mucha dispersión en las propuestas del Ejecutivo y en varias, como la Ley de Extinción de Dominio, se “atropellan derechos fundamentales de los mexicanos”.
El problema de la inseguridad se debe resolver “sin seguir atracando garantías y avanzando a un régimen policiaco”, advirtió Murillo Karam, al expresar la postura de su partido durante la sesión de ayer, en que los tricolores reaccionaron con furia ante dos oficios de la Secretaría de Hacienda en los que se asegura que las tres iniciativas penales remitidas al Senado no tienen impacto presupuestal.
El PRD se sumó a los priístas; el senador Pablo Gómez coincidió con Murillo Karam en que se deben analizar en conjunto las reformas y señaló que espera que juntos defiendan los derechos fundamentales, que fueron atropellados en la pasada reforma constitucional en la materia.
Desde antes de la sesión, en entrevista colectiva, el coordinador priísta Manlio Fabio Beltrones exhortó al gobierno federal a que “se esmere en trabajar conjuntamente con el Congreso, a fin de evaluar las iniciativas que existen en el Senado y sacar las que más convengan al país”.
Lamentó que las reformas que propone el Ejecutivo “estén completamente dispersas”, ya que, de las seis, tres fueron enviadas a la Cámara de Diputados y las restantes a Xicoténcatl; esa falta de “integralidad”, dijo, no permite definir cuáles son las posturas de los partidos.
Previamente a la sesión, la bancada del Revolucionario Institucional se reunió a puerta cerrada para discutir precisamente ese punto, y ahí tanto Murillo Karam como Beltrones Rivera advirtieron que no permitirán que conviertan a los priístas “en rehenes” de una reforma que tiene incluso visos de inconstitucionalidad.
Se dijo también en esa plenaria que Calderón faltó a su palabra de enviar a los responsables de cada área a analizar con los legisladores cada una de las iniciativas, y que los oficios que envió la Secretaría de Hacienda a través de Gobernación, sobre el impacto presupuestal de las mismas, parecieron formar parte de un intento de albazo.
A los priístas les molestó también que el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, tuviera ya listo un proyecto de dictamen en torno a la Ley de Extinción de Dominio, sin tomar en cuenta otra iniciativa en la materia presentada por el perredista Tomás Torres.
La fracción del PAN también discutió el tema en su plenaria mañanera, y la mayoría de los blanquiazules llegó a la conclusión de que la postura del PRI es respuesta a la negociación final de la reforma energética, donde los panistas decidieron ir con el PRD de Carlos Navarrete. Lo que el tricolor intenta ahora, consideraron los legisladores panistas, es recuperar la interlocución y el papel protagónico.
Sea como fuere, ayer Jesús Murillo Karam, secretario general del PRI, advirtió en la tribuna senatorial que no están dispuestos a ver cómo se estudian sólo las iniciativas escogidas y se edita o se elimina la discusión de los proyectos de ley de todos los grupos parlamentarios. Se refirió, en concreto, a las propuestas priístas en la materia. “Queremos que sean analizadas y estudiadas con todas las demás.”
El panista González Alcocer negó que haya privilegiado las iniciativas de Calderón y se comprometió a que el próximo miércoles llevará a los funcionarios que elaboraron las leyes, para tener una visión general.
Sin embargo, los perredistas Pablo Gómez y Tomás Torres secundaron al priísta y pusieron en duda que esas reformas no tengan impacto presupuestal, como asegura el gobierno federal, ya que se deberán crear, por ejemplo, juzgados especiales para la extinción de dominio.
Gómez Álvarez propuso que se pida al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados un nuevo estudio de impacto, lo que fue cuestionado por el panista Ricardo García Cervantes.
Al final, se decidió que la Junta de Coordinación Política de esa cámara analice el tema y proponga solución.
El problema de la inseguridad se debe resolver “sin seguir atracando garantías y avanzando a un régimen policiaco”, advirtió Murillo Karam, al expresar la postura de su partido durante la sesión de ayer, en que los tricolores reaccionaron con furia ante dos oficios de la Secretaría de Hacienda en los que se asegura que las tres iniciativas penales remitidas al Senado no tienen impacto presupuestal.
El PRD se sumó a los priístas; el senador Pablo Gómez coincidió con Murillo Karam en que se deben analizar en conjunto las reformas y señaló que espera que juntos defiendan los derechos fundamentales, que fueron atropellados en la pasada reforma constitucional en la materia.
Desde antes de la sesión, en entrevista colectiva, el coordinador priísta Manlio Fabio Beltrones exhortó al gobierno federal a que “se esmere en trabajar conjuntamente con el Congreso, a fin de evaluar las iniciativas que existen en el Senado y sacar las que más convengan al país”.
Lamentó que las reformas que propone el Ejecutivo “estén completamente dispersas”, ya que, de las seis, tres fueron enviadas a la Cámara de Diputados y las restantes a Xicoténcatl; esa falta de “integralidad”, dijo, no permite definir cuáles son las posturas de los partidos.
Previamente a la sesión, la bancada del Revolucionario Institucional se reunió a puerta cerrada para discutir precisamente ese punto, y ahí tanto Murillo Karam como Beltrones Rivera advirtieron que no permitirán que conviertan a los priístas “en rehenes” de una reforma que tiene incluso visos de inconstitucionalidad.
Se dijo también en esa plenaria que Calderón faltó a su palabra de enviar a los responsables de cada área a analizar con los legisladores cada una de las iniciativas, y que los oficios que envió la Secretaría de Hacienda a través de Gobernación, sobre el impacto presupuestal de las mismas, parecieron formar parte de un intento de albazo.
A los priístas les molestó también que el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, tuviera ya listo un proyecto de dictamen en torno a la Ley de Extinción de Dominio, sin tomar en cuenta otra iniciativa en la materia presentada por el perredista Tomás Torres.
La fracción del PAN también discutió el tema en su plenaria mañanera, y la mayoría de los blanquiazules llegó a la conclusión de que la postura del PRI es respuesta a la negociación final de la reforma energética, donde los panistas decidieron ir con el PRD de Carlos Navarrete. Lo que el tricolor intenta ahora, consideraron los legisladores panistas, es recuperar la interlocución y el papel protagónico.
Sea como fuere, ayer Jesús Murillo Karam, secretario general del PRI, advirtió en la tribuna senatorial que no están dispuestos a ver cómo se estudian sólo las iniciativas escogidas y se edita o se elimina la discusión de los proyectos de ley de todos los grupos parlamentarios. Se refirió, en concreto, a las propuestas priístas en la materia. “Queremos que sean analizadas y estudiadas con todas las demás.”
El panista González Alcocer negó que haya privilegiado las iniciativas de Calderón y se comprometió a que el próximo miércoles llevará a los funcionarios que elaboraron las leyes, para tener una visión general.
Sin embargo, los perredistas Pablo Gómez y Tomás Torres secundaron al priísta y pusieron en duda que esas reformas no tengan impacto presupuestal, como asegura el gobierno federal, ya que se deberán crear, por ejemplo, juzgados especiales para la extinción de dominio.
Gómez Álvarez propuso que se pida al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados un nuevo estudio de impacto, lo que fue cuestionado por el panista Ricardo García Cervantes.
Al final, se decidió que la Junta de Coordinación Política de esa cámara analice el tema y proponga solución.
Andrea Becerril, La Jornada, 31 de octubre.
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