Con una votación dividida y en medio de una acalorada discusión, el Consejo General del IFE impuso una amonestación pública al PRI por publicar propaganda gubernamental con logros de su grupo parlamentario en el Senado en diversos medios impresos durante el inicio de las campañas, lo cual está prohibido por la Constitución.
Luego de más de cinco horas de debate que apenas se vio interrumpida por el sismo que sacudió a la Ciudad de México, los consejeros declararon parcialmente fundado el procedimiento especial sancionador contra el PRI —por votación dividida de cinco a cuatro— y determinaron que el tricolor incurrió en omisiones al no vigilar que, pese a que la contratación de los espacios se realizó el 30 de abril, la difusión de los desplegados se realizó en periodo de campañas, las cuales iniciaron el 3 de mayo.
Los consejeros Macarita Elizondo, Arturo Sánchez, Alfredo Figueroa, Benito Nacif —acompañados del voto de último momento del consejero presidente Leonardo Valdés Zurita— rechazaron en sus términos el proyecto presentado por la Secretaría Ejecutiva, y consideraron que la publicación era propaganda gubernamental pues se pagó con recursos públicos, por lo que se determinó dar vista al Senado.
“La difusión ya se da dentro de la campaña electoral, por lo que habría que considerar la responsabilidad del Partito Revolucionario Institucional de vigilar el debido cumplimiento de la ley, de la normativa, de sus miembros de partido”, dijo la consejera Macarita Elizondo.
Alfredo Figueroa afirmó que declarar infundado el procedimiento era “abrir la puerta otra vez para que baste con que un gobernante haya ordenado la publicidad o la propaganda con cualquier propósito institucional días previos al inicio de las campañas, para que entonces éstas tengan vigencia dentro del periodo de campañas”, cuando es ilegal.
Pero la resolución no fue respaldada por los consejeros Marco Antonio Gómez Alcántar, Virgilio Andrade, Francisco Guerrero y Marco Antonio Baños, quienes refutaron que la propaganda era política, ya que no fue emitida por algún órgano de gobierno, sino por el grupo parlamentario del PRI en el Senado, el cual no tiene ninguna facultad de decisión.
En tanto, el representante del PRI ante el organismo, Sebastián Lerdo de Tejada, aseguró que no se trató de un acto proselitista, sino de un “ejercicio de rendición de cuentas” que en nada atenta contra la equidad electoral
Como parte del procedimiento especial sancionador, los consejeros multaron con cerca de 55 mil pesos al PRI por incurrir en actos anticipados de campaña, al publicar el juego denominado Scrabble en un diario de Toluca; sin embargo, declararon infundado la difusión de un discurso de la líder nacional del tricolor, Beatriz Paredes, en una revistas.
Luego de más de cinco horas de debate que apenas se vio interrumpida por el sismo que sacudió a la Ciudad de México, los consejeros declararon parcialmente fundado el procedimiento especial sancionador contra el PRI —por votación dividida de cinco a cuatro— y determinaron que el tricolor incurrió en omisiones al no vigilar que, pese a que la contratación de los espacios se realizó el 30 de abril, la difusión de los desplegados se realizó en periodo de campañas, las cuales iniciaron el 3 de mayo.
Los consejeros Macarita Elizondo, Arturo Sánchez, Alfredo Figueroa, Benito Nacif —acompañados del voto de último momento del consejero presidente Leonardo Valdés Zurita— rechazaron en sus términos el proyecto presentado por la Secretaría Ejecutiva, y consideraron que la publicación era propaganda gubernamental pues se pagó con recursos públicos, por lo que se determinó dar vista al Senado.
“La difusión ya se da dentro de la campaña electoral, por lo que habría que considerar la responsabilidad del Partito Revolucionario Institucional de vigilar el debido cumplimiento de la ley, de la normativa, de sus miembros de partido”, dijo la consejera Macarita Elizondo.
Alfredo Figueroa afirmó que declarar infundado el procedimiento era “abrir la puerta otra vez para que baste con que un gobernante haya ordenado la publicidad o la propaganda con cualquier propósito institucional días previos al inicio de las campañas, para que entonces éstas tengan vigencia dentro del periodo de campañas”, cuando es ilegal.
Pero la resolución no fue respaldada por los consejeros Marco Antonio Gómez Alcántar, Virgilio Andrade, Francisco Guerrero y Marco Antonio Baños, quienes refutaron que la propaganda era política, ya que no fue emitida por algún órgano de gobierno, sino por el grupo parlamentario del PRI en el Senado, el cual no tiene ninguna facultad de decisión.
En tanto, el representante del PRI ante el organismo, Sebastián Lerdo de Tejada, aseguró que no se trató de un acto proselitista, sino de un “ejercicio de rendición de cuentas” que en nada atenta contra la equidad electoral
Como parte del procedimiento especial sancionador, los consejeros multaron con cerca de 55 mil pesos al PRI por incurrir en actos anticipados de campaña, al publicar el juego denominado Scrabble en un diario de Toluca; sin embargo, declararon infundado la difusión de un discurso de la líder nacional del tricolor, Beatriz Paredes, en una revistas.
Susana Hernández, Milenio, 23 de mayo.
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