Carlos Hermosillo, candidato del PAN a una diputación federal por su natal Veracruz, solicitó al IFE requerir a la autoridad competente se le otorgue seguridad personal, ante el “acoso y persecución” de que ha sido objeto desde que se inició su campaña.
En un oficio enviado al consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, el candidato panista por el distrito 16 de Córdoba, Veracruz, dio cuenta de dos hechos en los que su equipo de campaña y él han sido “acosados y perseguidos por sujetos no identificados”.
Señaló: “Ante la serie de inconsistencias e irregularidades que se han presentado y que pueden poner en peligro mi persona, le solicito que tenga a bien requerir a la autoridad federal competente, para que me proporcione los medios de seguridad necesarios”.
En el documento —cuya copia posee MILENIO— el ex futbolista detalla que el 6 de mayo pasado, durante un recorrido en el distrito por el que compite, fue interceptado, junto con su equipo de campaña, por elementos de la policía municipal de Córdoba, quienes trataron de intimidarlos con las armas de alto calibre que portaban.
El candidato panista dijo que el municipio de Córdoba actualmente es administrado por una “comuna en su mayoría de extracción priista” y que la actitud de los agentes de la policía municipal sólo demuestran “el ejercicio indebido y su parcialidad” en el proceso electoral en curso.
En un hecho anterior, al iniciar sus actividades proselitistas, agregó el candidato blanquiazul, fueron perseguidos por sujetos no identificados que eran transportados en una camioneta roja, marca Ford, sin placas de circulación, “lo que indudablemente genera incertidumbre y temor respecto a nuestra seguridad personal”.
Sobre el tema, la representación del PAN ante el IFE envió un oficio al consejero presidente del IFE para que les informe sobre el seguimiento del escrito y las acciones que, en su caso, se hayan instrumentado.
La petición fue hecha por el candidato con fundamento en el acuerdo del Consejo General, en el que se establecen las políticas institucionales para la presentación o remisión de denuncias por la probable comisión de delitos relacionados con el proceso electoral 2008-2009, con la solicitud de medidas de seguridad para los candidatos y el fortalecimiento de los convenios de colaboración con diversas autoridades federales.
En un oficio enviado al consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, el candidato panista por el distrito 16 de Córdoba, Veracruz, dio cuenta de dos hechos en los que su equipo de campaña y él han sido “acosados y perseguidos por sujetos no identificados”.
Señaló: “Ante la serie de inconsistencias e irregularidades que se han presentado y que pueden poner en peligro mi persona, le solicito que tenga a bien requerir a la autoridad federal competente, para que me proporcione los medios de seguridad necesarios”.
En el documento —cuya copia posee MILENIO— el ex futbolista detalla que el 6 de mayo pasado, durante un recorrido en el distrito por el que compite, fue interceptado, junto con su equipo de campaña, por elementos de la policía municipal de Córdoba, quienes trataron de intimidarlos con las armas de alto calibre que portaban.
El candidato panista dijo que el municipio de Córdoba actualmente es administrado por una “comuna en su mayoría de extracción priista” y que la actitud de los agentes de la policía municipal sólo demuestran “el ejercicio indebido y su parcialidad” en el proceso electoral en curso.
En un hecho anterior, al iniciar sus actividades proselitistas, agregó el candidato blanquiazul, fueron perseguidos por sujetos no identificados que eran transportados en una camioneta roja, marca Ford, sin placas de circulación, “lo que indudablemente genera incertidumbre y temor respecto a nuestra seguridad personal”.
Sobre el tema, la representación del PAN ante el IFE envió un oficio al consejero presidente del IFE para que les informe sobre el seguimiento del escrito y las acciones que, en su caso, se hayan instrumentado.
La petición fue hecha por el candidato con fundamento en el acuerdo del Consejo General, en el que se establecen las políticas institucionales para la presentación o remisión de denuncias por la probable comisión de delitos relacionados con el proceso electoral 2008-2009, con la solicitud de medidas de seguridad para los candidatos y el fortalecimiento de los convenios de colaboración con diversas autoridades federales.
Susana Hernández, Milenio, 20 de mayo.
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