Partidos, IFE y TEPJF incumplen con la ley, opinan especialistas

Apenas dos semanas después de haberse iniciado las campañas, se acumulan violaciones a la nueva ley electoral por parte de los partidos, el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El recuento lo hacen, “muy preocupados”, los ex consejeros electorales, investigadores académicos, abogados, dirigentes de organizaciones integrantes del Comité Conciudadano de Observación Electoral. En sendos informes documentaron que fue ilegal que los partidos hicieran propaganda en los tiempos oficiales para sus pocos candidatos en precampañas…

Ya se venció el plazo legal para que los partidos rindieran sus informes de gastos de precampaña y no cumplieron cabalmente…

Fue irregular que la mayoría de candidatos fuesen designados por las cúpulas partidarias…

Es ilegal que ninguno de los ocho partidos cumpliera con el requisito de tener 40 por ciento de sus candidaturas a mujeres…

Es ilegal que los partidos no estén cumpliendo con los requisitos de transparencia. Es irregular que iniciadas las campañas la ciudadanía no pueda acceder fácilmente a la información de trayectoria y propuestas de los candidatos…

Es incumplimiento legal que el IFE no ofrezca en tiempo y forma sus actas, acuerdos y resoluciones del Consejo General…

“Se están sentando precedentes muy preocupantes”, insistieron varios especialistas en conferencia de prensa.

“Lo más preocupante son las señales que está enviando el Tribunal Electoral con su comportamiento errático e inconsistente”, ante los casos de la llamada sopa de letras, los spots contratados por el Partido Verde, las cortinillas en el superbowl, que se burlaron del Instituto Federal Electoral.

“No está ejerciendo su amplía jurisdicción, impide la justicia pronta y expedita, además hace onerosos e ineficientes los procesos que aborda”.

El primer informe

El 22 de abril externaron sus primeras preocupaciones los integrantes del Comité Conciudadano de Observación Electoral, el cual está integrado por 21 organizaciones de la sociedad civil, más personalidades, todos especialistas en asuntos electorales de varios estados del país.

En ese informe, de hace un mes, ya destacaban varias ilegalidades de los actores y el arbitro del proceso derivadas de las precampañas: “No consideramos legal que la propaganda genérica de los partidos políticos se transmita o se realice con recursos asignados por la Constitución y la Ley, para las precampañas y consideramos que en la regulación que emitió el IFE en esta materia se violenta el marco normativo.”

“Pocos partidos llevaron a cabo procedimientos de selección abierta y lo hicieron en un número muy reducido de distritos; sin embargo, todos gozaron y utilizaron los tiempos en radio y televisión destinados legalmente a las precampañas”, esto es para los precandidatos en contienda.

Otra ilegalidad, “alarmante es que tres de cada diez precandidatos no haya entregado su informe en el plazo establecido; que de casi 5 mil precandidatos, 13% haya omitido presentar documentación comprobatoria; que en 35% de casos existen elementos de probable comisión de faltas en materia de origen y aplicación de los recursos.”

En los procesos de selección de candidatos a diputados federales también hubo irregularidades que contravienen el espíritu de la nueva ley. Una proporción considerable de las designaciones fue realizada por órganos cupulares y cuerpos colegiados de carácter supuestamente representativo.”

“La excepción de esta tendencia fueron las elecciones directas, abiertas a los militantes y/o simpatizantes, que llevaron a cabo el PRD (53 candidaturas) y el PAN (106), lo que representa menos de 10% del universo total de las candidaturas que estuvieron en juego, 300 por partido.

“También observamos —añaden— baja participación de mujeres como precandidatas. Éstas representaron 13% en el PAN; 19%, en el PRI; 22%, en el PRD; 24%, en el PT; 28%, en Convergencia; 29%, en el PANAL; 34%, en el PVEM, y 39%, en el PSD. La ley electoral señala que de la totalidad de solicitudes de registro de candidaturas, en ningún caso se incluirán más de 60% de candidatos propietarios de un mismo género.
Rogelio Hernández López, Milenio, 22 de mayo.

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