Sesenta y nueve funcionarios públicos han sido detenidos durante la actual administración por presuntos nexos con los cárteles del narcotráfico, señalan cifras de la Procuraduría General de la República (PGR).
Estos 69 forman parte de los más de 38 mil sujetos detenidos por narcotráfico de diciembre de 2006 a marzo de 2007, es decir, 0.2% de los capturados.
No se cuenta aquí a los funcionarios coludidos con otras actividades del crimen organizado como secuestro, trata de personas y tráfico de inmigrantes (el número de aprehendidos por delincuencia organizada durante la gestión calderonista supera los 60 mil, aunque al final muy pocos son procesados y sentenciados).
Los 69 corresponden, según la PGR, a burócratas de todos los niveles de gobierno, aunque la dependencia no especifica en cuántos casos el Ministerio Público de la Federación les ha logrado comprobar su complicidad y cuántos siguen en la cárcel
Aclara que en este grupo no están incluidos policías o militares de tropa, sólo servidores públicos que formaban parte de la estructura de mando de instituciones o corporaciones federales, estatales y municipales.
De entre los ligados al narco, los funcionarios públicos superan por el número de detenciones a los líderes emblemáticos (que fueron cinco hasta esa fecha), a los operadores financieros (28) y a los lugartenientes (14).
Los protectores pertenecían a instancias como la SIEDO, AFI, PFP y Ejército, así como a sus representaciones en diversas entidades y municipios del país.
Entre los peces gordos están el ex el titular de la SIEDO; también, de esa misma Subprocuraduría, Fernando Rivera Hernández, director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica, y Miguel Ángel Colorado González, coordinador general técnico.
Asimismo, Rodolfo de la Guardia García, director de Despliegue Regional de la AFI; Ricardo Gutiérrez Vargas, director de Interpol-México; Víctor Gerardo Garay Cadena, comisionado de la PFP, y Francisco Navarro Espinoza, jefe de Operaciones Especiales de la División Antidrogas.
Además, Edgar Enrique Bayardo del Villar, inspector de la División Antidrogas de la PFP, y el mayor Arturo González Rodríguez, adscrito a Guardias Presidenciales y quien filtraba información sobre el presidente Felipe Calderón.
Estos 69 forman parte de los más de 38 mil sujetos detenidos por narcotráfico de diciembre de 2006 a marzo de 2007, es decir, 0.2% de los capturados.
No se cuenta aquí a los funcionarios coludidos con otras actividades del crimen organizado como secuestro, trata de personas y tráfico de inmigrantes (el número de aprehendidos por delincuencia organizada durante la gestión calderonista supera los 60 mil, aunque al final muy pocos son procesados y sentenciados).
Los 69 corresponden, según la PGR, a burócratas de todos los niveles de gobierno, aunque la dependencia no especifica en cuántos casos el Ministerio Público de la Federación les ha logrado comprobar su complicidad y cuántos siguen en la cárcel
Aclara que en este grupo no están incluidos policías o militares de tropa, sólo servidores públicos que formaban parte de la estructura de mando de instituciones o corporaciones federales, estatales y municipales.
De entre los ligados al narco, los funcionarios públicos superan por el número de detenciones a los líderes emblemáticos (que fueron cinco hasta esa fecha), a los operadores financieros (28) y a los lugartenientes (14).
Los protectores pertenecían a instancias como la SIEDO, AFI, PFP y Ejército, así como a sus representaciones en diversas entidades y municipios del país.
Entre los peces gordos están el ex el titular de la SIEDO; también, de esa misma Subprocuraduría, Fernando Rivera Hernández, director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica, y Miguel Ángel Colorado González, coordinador general técnico.
Asimismo, Rodolfo de la Guardia García, director de Despliegue Regional de la AFI; Ricardo Gutiérrez Vargas, director de Interpol-México; Víctor Gerardo Garay Cadena, comisionado de la PFP, y Francisco Navarro Espinoza, jefe de Operaciones Especiales de la División Antidrogas.
Además, Edgar Enrique Bayardo del Villar, inspector de la División Antidrogas de la PFP, y el mayor Arturo González Rodríguez, adscrito a Guardias Presidenciales y quien filtraba información sobre el presidente Felipe Calderón.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 2 de mayo.
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