El periodista Miguel Ángel Granados Chapa acusó ayer a las televisoras de estorbar la aplicación de la reforma electoral, con una actitud insolente que incluyó desafíos a la ley, venta de tiempo por debajo de la mesa y hasta trucos para burlar el marco legal.
"Las televisoras estorbaron la instrumentación de la reforma de ese y otros modos, algunos soterrados y otros legales.
"Los órganos electorales se mostraron -de nuevo en errores de instrumentación no atribuibles a la reforma misma- frágiles y sinuosos en su relación con los medios electrónicos, especialmente la televisión que abiertamente comenzó negándose a transmitir los mensajes que estaba obligada a difundir.
A través del órgano empresarial que las reúne, y en el que tienen poder dominante, las televisoras pretendieron sustituir la fuerza y la certeza de la ley por acuerdo convencionales y amistosos como válidos en algún momento por la mayoría de los consejeros electorales", dijo al participar en una mesa de evaluación de la reforma electoral, convocada por el Senado de la República.
Ante los coordinadores de PAN, PRI y PRD en el Senado, Granados Chapa se refirió al grupo de intelectuales y empresarios que acusan a la reforma de violar su libertad de expresión.
"Grupos de empresarios y de intelectuales avanzan en la búsqueda de protección de la justicia federal ya que, desde su perspectiva, la prohibición de contratar tiempos en los medios electrónicos es contraria a la libertad de expresión.
"El argumento se asemeja al que esgrimiría un narcotraficante que pretende obtener amparo, porque al serle aplicado el código penal se vulnera la libertad de comercio", afirmó.
Tras confiar en que el análisis de la reforma no busque una regresión en el modelo de comunicación, el columnista recordó que ninguno de los quejosos que disponen de voz pública, que solicitan un amparo contra el nuevo artículo 41 constitucional, ha visto coartado su derecho a expresase sin cortapisas.
Sin mencionar por su nombre a los partidos políticos, se refirió al polémico caso del PVEM, que lanzó spots en televisión fuera de los tiempos oficiales asignados por el IFE.
"Se permitió a ese partido adquirir tiempo de televisión para hacer propaganda electoral mal disfrazada de rendición de cuentas. Al bendecir esta práctica, contraria al sentido medular de la reforma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que percibió propaganda electoral donde todo mundo podía verla, abrió la puerta a nuevos trucos de los infractores", señaló.
"Las televisoras estorbaron la instrumentación de la reforma de ese y otros modos, algunos soterrados y otros legales.
"Los órganos electorales se mostraron -de nuevo en errores de instrumentación no atribuibles a la reforma misma- frágiles y sinuosos en su relación con los medios electrónicos, especialmente la televisión que abiertamente comenzó negándose a transmitir los mensajes que estaba obligada a difundir.
A través del órgano empresarial que las reúne, y en el que tienen poder dominante, las televisoras pretendieron sustituir la fuerza y la certeza de la ley por acuerdo convencionales y amistosos como válidos en algún momento por la mayoría de los consejeros electorales", dijo al participar en una mesa de evaluación de la reforma electoral, convocada por el Senado de la República.
Ante los coordinadores de PAN, PRI y PRD en el Senado, Granados Chapa se refirió al grupo de intelectuales y empresarios que acusan a la reforma de violar su libertad de expresión.
"Grupos de empresarios y de intelectuales avanzan en la búsqueda de protección de la justicia federal ya que, desde su perspectiva, la prohibición de contratar tiempos en los medios electrónicos es contraria a la libertad de expresión.
"El argumento se asemeja al que esgrimiría un narcotraficante que pretende obtener amparo, porque al serle aplicado el código penal se vulnera la libertad de comercio", afirmó.
Tras confiar en que el análisis de la reforma no busque una regresión en el modelo de comunicación, el columnista recordó que ninguno de los quejosos que disponen de voz pública, que solicitan un amparo contra el nuevo artículo 41 constitucional, ha visto coartado su derecho a expresase sin cortapisas.
Sin mencionar por su nombre a los partidos políticos, se refirió al polémico caso del PVEM, que lanzó spots en televisión fuera de los tiempos oficiales asignados por el IFE.
"Se permitió a ese partido adquirir tiempo de televisión para hacer propaganda electoral mal disfrazada de rendición de cuentas. Al bendecir esta práctica, contraria al sentido medular de la reforma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que percibió propaganda electoral donde todo mundo podía verla, abrió la puerta a nuevos trucos de los infractores", señaló.
Claudia Guerrero, Reforma, 15 de julio.
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