Cuando algún integrante del Ejército comete un delito contra los derechos humanos, la institución repara el daño e indemniza a las víctimas de manera inmediata, aseguró la ex visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Susana Pedroza de la Llave.
En entrevista radiofónica, la ex funcionaria encargada de dar seguimiento a casos como el de los ejidatarios de Atenco y los mineros de Lázaro Cárdenas, dijo que un gran sector de la población quiere eliminar el fuero de guerra.
“Jurídicamente te diría que quien lo tiene que hacer y quien lo tiene que someter a debate y quien lo tiene que aprobar es el Congreso de la Unión”, explicó.
Recordó que en 2006 el mayor número de las quejas presentdas fue contra el personal de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Sin embargo, señaló, cuando el Ejército empieza a realizar labores de seguridad interna del país, el número de quejas presentadas contra los militares es similar al número de quejas que tenía la Secretaría de Seguridad.
Recordó que cuando un militar comete un delito, además de imponérseles sanciones por delitos del orden federal, “se les suman delitos por faltas a la disciplina militar, esto es que las sanciones son todavía más severas”.
Por ello, señaló que en caso de cometer un delito, “lo que van a obtener es que se le impondrá al militar una sanción mayor que en el fuero civil”
La abogada recordó que durante su gestión llevó casos en los que “se acredito que perdieron la vida muchas personas en retenes que no eran retenes, y ya están ante los Tribunales Militares y fueron consignados los culpables”.
Dijo también que durante ese tiempo, las Secretaría de la Defensa Nacional siempre tuvo disposición para colaborar con las recomendaciones presentadas.
El próximo 3 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá la posibilidad de que sean autoridades civiles las que juzguen a militares que cometan violaciones a los derechos humanos.
En entrevista radiofónica, la ex funcionaria encargada de dar seguimiento a casos como el de los ejidatarios de Atenco y los mineros de Lázaro Cárdenas, dijo que un gran sector de la población quiere eliminar el fuero de guerra.
“Jurídicamente te diría que quien lo tiene que hacer y quien lo tiene que someter a debate y quien lo tiene que aprobar es el Congreso de la Unión”, explicó.
Recordó que en 2006 el mayor número de las quejas presentdas fue contra el personal de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Sin embargo, señaló, cuando el Ejército empieza a realizar labores de seguridad interna del país, el número de quejas presentadas contra los militares es similar al número de quejas que tenía la Secretaría de Seguridad.
Recordó que cuando un militar comete un delito, además de imponérseles sanciones por delitos del orden federal, “se les suman delitos por faltas a la disciplina militar, esto es que las sanciones son todavía más severas”.
Por ello, señaló que en caso de cometer un delito, “lo que van a obtener es que se le impondrá al militar una sanción mayor que en el fuero civil”
La abogada recordó que durante su gestión llevó casos en los que “se acredito que perdieron la vida muchas personas en retenes que no eran retenes, y ya están ante los Tribunales Militares y fueron consignados los culpables”.
Dijo también que durante ese tiempo, las Secretaría de la Defensa Nacional siempre tuvo disposición para colaborar con las recomendaciones presentadas.
El próximo 3 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá la posibilidad de que sean autoridades civiles las que juzguen a militares que cometan violaciones a los derechos humanos.
La Jornada, 24 de julio.
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