En la actual administración la Secretaría de la Defensa Nacional ha recibido 35 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, lo que representa 52 por ciento de las 67 que se han emitido contra la dependencia en casi dos décadas. Mientras que de 1996 a la fecha la institución castrense ha procedido penalmente por estos casos contra 65 militares de diversos rangos, aunque sólo 12 han sido sentenciados por delitos que incluyen homicidio calificado, secuestro y lesiones, entre otros.
Jaime Antonio López Portillo, director general de Derechos Humanos de la dependencia, dio a conocer ayer un informe pormenorizado sobre las quejas y recomendaciones que ha recibido desde 1990, y en un hecho inédito reveló las acciones que ha emprendido contra los militares vinculados a estos hechos, por lo que rechazó que el fuero de guerra sea sinónimo de impunidad para castigar a los elementos del Ejército que violan las garantías de la población.
Informó que desde 1990 a la fecha suman 5 mil 937 quejas contra la Sedena, de las cuales 2 mil 471 corresponden a las que se han presentado este sexenio, que equivalen a 41 por ciento del total.
Sin embargo, negó que este incremento de quejas implique un mayor índice de violaciones a las garantías de la población, pues durante esta administración sólo 35 han derivado en recomendaciones y 29 más en procesos de conciliación con los afectados.
“Tenemos un alto índice de quejas concluidas sin responsabilidad, aunque no debería existir de hecho ninguna”, agregó.
El general detalló que en 2009 se han presentado 934 quejas por la actuación del Ejército, una cifra que incluso es superior a las 559 que había dado a conocer la CNDH.
Destaca en el informe que de las quejas presentadas sólo durante este año, la mayoría se concentran en las regiones militares donde el personal participa en tareas de seguridad como parte de los operativos contra el narcotráfico, ya que se han reportado más casos en Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Durango, Baja California y Sonora, que concentran 70% de los casos.
No quedan impunes
López Portillo defendió también el fuero militar y rechazó que este se traduzca en impunidad para los efectivos castrenses, pues se ha procedido en su contra.
Ante la petición de organismos nacionales e internacionales de que se elimine el fuero de guerra, sostuvo que el sistema ha funcionado al mantener al Ejército en los parámetros de disciplina y de respeto a las autoridades y a la población, y el que no lo ha hecho ha sido sancionado.
“Se dice que el fuero de guerra es de impunidad, que no se castiga a los militares y aquí el problema básico es de lenguaje, porque a mí me preguntan de manera muy arbitraria ‘cuántos militares han sido procesados y sentenciados por violaciones a los derechos humanos’, y yo digo que no hay ningún militar procesado (por esta razón), sino por la comisión de delitos(…) con esas cuestiones a veces se juega asegurando que no se castiga y sí se hace”.
Aunque de acuerdo con su informe, de 1996 a la fecha, la Sedena sólo ha procedido penalmente contra 65 militares.
De esta cifra han sido sentenciados 12 militares (dos jefes, seis oficiales y cuatro elementos de tropa) por delitos como homicidio calificado o culposo, secuestro, lesiones, violencia contra las personas, lesiones, alcanzando penas de hasta 20 años, aunque sólo dos fueron condenados en esta administración y el resto ya cumplieron su pena.
Actualmente están bajo proceso 53 militares (un jefe, 11 oficiales y 41 de tropa), en 14 juicios castrenses, 10 de los cuales están relacionados con homicidios aunque también hay casos de tortura y violencia contra las personas.
La Sedena informó que existe una recomendación de la CNDH para que se investigue un caso de desaparición forzada, aunque no precisó de quien se trata.
Jaime Antonio López Portillo, director general de Derechos Humanos de la dependencia, dio a conocer ayer un informe pormenorizado sobre las quejas y recomendaciones que ha recibido desde 1990, y en un hecho inédito reveló las acciones que ha emprendido contra los militares vinculados a estos hechos, por lo que rechazó que el fuero de guerra sea sinónimo de impunidad para castigar a los elementos del Ejército que violan las garantías de la población.
Informó que desde 1990 a la fecha suman 5 mil 937 quejas contra la Sedena, de las cuales 2 mil 471 corresponden a las que se han presentado este sexenio, que equivalen a 41 por ciento del total.
Sin embargo, negó que este incremento de quejas implique un mayor índice de violaciones a las garantías de la población, pues durante esta administración sólo 35 han derivado en recomendaciones y 29 más en procesos de conciliación con los afectados.
“Tenemos un alto índice de quejas concluidas sin responsabilidad, aunque no debería existir de hecho ninguna”, agregó.
El general detalló que en 2009 se han presentado 934 quejas por la actuación del Ejército, una cifra que incluso es superior a las 559 que había dado a conocer la CNDH.
Destaca en el informe que de las quejas presentadas sólo durante este año, la mayoría se concentran en las regiones militares donde el personal participa en tareas de seguridad como parte de los operativos contra el narcotráfico, ya que se han reportado más casos en Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Durango, Baja California y Sonora, que concentran 70% de los casos.
No quedan impunes
López Portillo defendió también el fuero militar y rechazó que este se traduzca en impunidad para los efectivos castrenses, pues se ha procedido en su contra.
Ante la petición de organismos nacionales e internacionales de que se elimine el fuero de guerra, sostuvo que el sistema ha funcionado al mantener al Ejército en los parámetros de disciplina y de respeto a las autoridades y a la población, y el que no lo ha hecho ha sido sancionado.
“Se dice que el fuero de guerra es de impunidad, que no se castiga a los militares y aquí el problema básico es de lenguaje, porque a mí me preguntan de manera muy arbitraria ‘cuántos militares han sido procesados y sentenciados por violaciones a los derechos humanos’, y yo digo que no hay ningún militar procesado (por esta razón), sino por la comisión de delitos(…) con esas cuestiones a veces se juega asegurando que no se castiga y sí se hace”.
Aunque de acuerdo con su informe, de 1996 a la fecha, la Sedena sólo ha procedido penalmente contra 65 militares.
De esta cifra han sido sentenciados 12 militares (dos jefes, seis oficiales y cuatro elementos de tropa) por delitos como homicidio calificado o culposo, secuestro, lesiones, violencia contra las personas, lesiones, alcanzando penas de hasta 20 años, aunque sólo dos fueron condenados en esta administración y el resto ya cumplieron su pena.
Actualmente están bajo proceso 53 militares (un jefe, 11 oficiales y 41 de tropa), en 14 juicios castrenses, 10 de los cuales están relacionados con homicidios aunque también hay casos de tortura y violencia contra las personas.
La Sedena informó que existe una recomendación de la CNDH para que se investigue un caso de desaparición forzada, aunque no precisó de quien se trata.
Ignacio Alzaga, La Jornada, 24 de julio.
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