Expertos: Eficacia en su sistema de inteligencia, pero no de eficiencia, milicia, cifras y realidades

Todos los días, 45 mil militares están abocados a las tareas contra la delincuencia organizada, de acuerdo a cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se emplea alrededor del 25% de su fuerza total.

Entre el 30 y el 50% de la droga, armamento, dinero y vehículos asegurados durante el presente sexenio se ha derivado de operativos castrenses, según el Sistema Estadístico para el Análisis de la Delincuencia.

“Los números hablan de la eficacia en su sistema de inteligencia”, dice Mireille Roccatti, académica e investigadora del Tecnológico de Monterrey.

“Pero no de eficiencia”, opina desde otro ángulo Martín Barrón Cruz, profesor-investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Es el desglose de dos estudios en la materia.

Un punto de análisis: la inteligencia militar: sus cifras y sus realidades.

La percepción. “Los organismos de inteligencia del Ejército tienen funcionalidad, cuentan con una escuela de inteligencia y se dan cursos frecuentes; un gran número de sus elementos realizan labores de este tipo; sus insumos, incluso, nutren al Cisen y a todas las instancias policiales”, reconoce Barrón.

—Si hay trabajo de inteligencia, ¿qué falta?

—El problema es lo que se hace con esa información y su veracidad, la cual no está garantizada, pero hay dos problemas aún mayores…

Los coloca sobre la mesa de análisis:

Uno: “La posibilidad de que haya militares infiltrados en las corporaciones delictivas; eso es lo que han hecho todos los grupos del narcotráfico: tratar de corromper o comprar al menos a un militar que esté en unidades claves para tener información”.

Y dos: “El riesgo de que la inteligencia que se esté produciendo, no sirva, porque históricamente siempre ha estado enfocada a asuntos bélicos, no policiacos”.

Según el académico, “hasta ahora el Ejército no ha cambiado sus procedimientos de inteligencia ni su forma de actuar, siguen siendo las mismas, así son sus normas y transformarse resulta complejo. Para encontrar los puntos finos de la labor policial y de combate al delito, se lleva mucho tiempo”.

Si el Ejecutivo pretende seguir utilizándolo en labores anticrimen, “ya tendría que estar transitando en ese camino, pero no veo indicios”.

A la par, Barrón detecta dos insuficiencias: la rendición de cuentas y la falta de indicadores para medir los resultados.

“Ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuántos integrantes tiene el Ejército… Durante muchísimos años se nos ha manejado una cifra inamovible que va de 170 mil a 200 mil, pero el Militar Balance, que es un documento que se publica en Inglaterra todos los años, habla de que nuestras Fuerzas Armadas están casi en medio millón, es sólo un ejemplo. ¿A quién le rinde cuentas el Ejército? A nadie”.

—¿Cuál sería entonces su evaluación sobre el trabajo realizado en los últimos años?

—Faltan indicadores, generalmente lo que nos ofrecen son números: detenidos, decomisos, operativos, y eso demuestra la eficacia, pero no me dicen mucho. Desde Vicente Fox a la actualidad, nos dicen que van 150 mil detenidos. ¿Cómo? Si sólo hay 250 mil internos en el país, ¿dónde están los capturados?, ¿se esfumaron por arte de magia? Los mismos indicadores oficiales son cuestionables. Una cosa es la eficacia y otra la eficiencia.

—¿Cómo podría medirse esta última?

—Con el número de procesados y sentenciados, ahí las cifras se descuadran considerablemente. Hay quien dice que no llegan ni al tres por ciento de los detenidos. No nos dejemos llevar por los números.

—Y sin tomar en cuenta las cifras, ¿ha servido de algo tenerlo en las calles?

—Mucha gente dice que sí, que se siente más segura, pero todo se reduce a un problema de percepción, muy subjetivo, medido por lo que cada quien siente.

Narcoinsurgencia. “El Ejército es una institución noble que debería ser preservada con esa autoridad moral frente a la sociedad, pero haberlo metido a lucha contra la delincuencia desgasta su figura y lo pone en alto riesgo”, dice Roccatti.

—¿Riesgo de qué?

—Aunque es más difícil de filtrar, está muy expuesto a la corrupción. Ya vemos cómo militares han sido consignados por vender información o servir a ambos bandos. La disciplina se empieza a romper y los expone desde la perspectiva de la corrupción, que es un cáncer que avanza y no tiene fronteras.

—Y su autoridad, ¿sigue intacta?

—También ha decrecido, porque ahora los delincuentes ya no le tienen respeto ni temor: llegan y atacan sus cuarteles y convoyes con granadas y otros armamentos que en el papel sólo deberían ser usados por los propios militares.

—¿Es válido justificar la presencia del Ejército con la falta de policías preparados y honestos?

—Las funciones militares están bien estructuradas en el artículo 129 de la Constitución, por eso se ha utilizado la similitud de que se vive una guerra, para justificar… Por la forma cómo ha escalado la violencia contra la población, la delincuencia se constituye ya en una especie de guerrilla, de narcoinsurgencia y por ahí también podría haber justificaciones.

Más allá de insurgencias y guerras, Roccatti encuentra el principal argumento en una realidad rechazada por el gobierno federal: “Si se acepta que en México hay ingobernabilidad y vivimos en un Estado fallido, no hay duda: se necesita al Ejército en la calle para resguardar la seguridad nacional”.

Porvenir. Sin importar la fecha del retiro, el ex Procurador de Justicia Militar y Director de Derechos Humanos de la Defensa, general Jaime Antonio López Portillo, lanza una mirada hacia el futuro:

“Necesitamos reformar el código de justicia militar y las leyes en torno a la seguridad nacional, para que haya una certeza jurídica respecto al empleo de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, es decir, cuándo el presidente tendrá facultad de utilizarlas, cuándo habrá un estado de seguridad pública, cuándo de seguridad interior y cuándo de seguridad nacional”.

—En este diseño, ¿quién tendría que definir es estatus y la necesidad de emplear al Ejército?

—Sería a través de un Consejo de Seguridad Nacional, el cual se encargaría, con toda la técnica jurídica y política correspondiente, de tomar la decisión.

Hoy, dice, la Sedena ha puesto en marcha un proceso para transparentar sus acciones.

“En el caso de efectivos procesados por alguna falta, la idea es publicar las sentencias y hasta trasmitir consejos de guerra por internet. Si es necesario, saldremos a los medios para dar a conocer nuestro trabajo, ya estamos organizando foros informativos por todo el país, es el cambio”.



Los datos



- Decomisos y aseguramientos de la Sedena



(del 1 de diciembre 2006 al 19 de julio 2009)



- Mariguana: 1,505 toneladas

- Cocaína: 24.3 toneladas

- Goma de opio: 588,3 kilos

- Heroína: 380,7 kilos

- Pastillas psicotrópicas: 10.3 millones

- Vehículos terrestres: 11, 804

- Aeronaves: 382

- Embarcaciones: 115

- Armas: 32,842

- Detenidos: 15, 057

- Dólares: 82.2 millones

- Pesos: 77 millones

- Laboratorios: 109

- Casas: 466

- Predios: 423

- Ranchos: 18

Daniel Blancas y Blanca Estela Botello, Crónica, 22 de julio.