El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, Ricardo Monreal, informó que está lista una iniciativa para acotar el fuero militar, con el fin de que los miembros de las fuerzas armadas que cometan violaciones a derechos humanos sean juzgados por tribunales civiles.
Reveló que la insistencia de Felipe Calderón en mantener al Ejército en tareas de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada originó ya malestar en mandos castrenses, por lo que se forma un grupo de inconformes.
Sostuvo que el Ejército se encuentra en posición difícil. “Era obvio, y lo advertimos hace varios años, que sacar a las fuerzas castrenses a la calle traería un desgaste institucional enorme. Ya han acumulado 220 recomendaciones de derechos humanos, y sólo han aceptado cerca de 40”.
Refirió que “cada día que pasa y el Ejército sigue en las calles se incrementa la molestia ciudadana, como ocurrió con la incursión en Michoacán. Se violó el artículo 119 constitucional.
“Si yo estuviera en el papel de gobernador, ya habría promovido la controversia constitucional y estoy seguro que la Suprema Corte me habría dado la razón”, pues “una de las condiciones para que el Ejército ocupe un estado es que lo autorice la legislatura local o el propio Ejecutivo estatal, pero eso no ocurrió.”
Al referirse al fuero militar, el petista apuntó: “creemos que es muy importante que éste se limite cuando se trate de violaciones a derechos humanos o a las garantías individuales”.
Así, tienen que ser sometidos a los tribunales civiles “los elementos de las fuerzas castrenses que transgredan esos derechos, al cometer violaciones sexuales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de personas, torturas, ejecuciones y asesinatos, entre otros”.
El problema del Código de Justicia Militar hoy, añadió, es que señala que “cuando los miembros de las fuerzas castrenses en servicio cometan faltas o violaciones serán sometidos a los tribunales militares, pero la definición de ‘en servicio’ es muy amplia, y ellos argumentan que todas esas incursiones en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado las hacen soldados ‘en servicio’, y por ello no los pueden juzgar tribunales civiles”.
Hay que mantener ese fuero, abundó “cuando se trate de guerras con otras naciones, de defensa de la soberanía nacional, de invasiones, de una grave perturbación interna, pero cuando las fuerzas castrenses cometan violaciones a los derechos humanos y a las garantías, deben ser juzgadas por los tribunales civiles”.
El fuero militar en la actualidad “es un cheque en blanco para la impunidad”, subrayó, y añadió que si el Ejecutivo fuera consecuente y atendiera las recomendaciones de organismos internacionales, ya habría enviado una iniciativa para limitarlo, y “no tengo duda que todos coincidiríamos en ello en el Congreso”.
Manifestó que militares en retiro “de alto grado” han hablado con senadores y manifestado la molestia entre las fuerzas armadas por la forma en que han sido usadas. “Hay voces disidentes. Hay una discusión y una reflexión dentro del Ejército, y están a la espera de la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre un caso que analiza. Creo que el Ejército está pidiendo medidas legislativas que le permitan determinar que su actuación es legal, y que no va a ser juzgado en el futuro, como fue con el movimiento estudiantil de 1968”.
Reveló que la insistencia de Felipe Calderón en mantener al Ejército en tareas de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada originó ya malestar en mandos castrenses, por lo que se forma un grupo de inconformes.
Sostuvo que el Ejército se encuentra en posición difícil. “Era obvio, y lo advertimos hace varios años, que sacar a las fuerzas castrenses a la calle traería un desgaste institucional enorme. Ya han acumulado 220 recomendaciones de derechos humanos, y sólo han aceptado cerca de 40”.
Refirió que “cada día que pasa y el Ejército sigue en las calles se incrementa la molestia ciudadana, como ocurrió con la incursión en Michoacán. Se violó el artículo 119 constitucional.
“Si yo estuviera en el papel de gobernador, ya habría promovido la controversia constitucional y estoy seguro que la Suprema Corte me habría dado la razón”, pues “una de las condiciones para que el Ejército ocupe un estado es que lo autorice la legislatura local o el propio Ejecutivo estatal, pero eso no ocurrió.”
Al referirse al fuero militar, el petista apuntó: “creemos que es muy importante que éste se limite cuando se trate de violaciones a derechos humanos o a las garantías individuales”.
Así, tienen que ser sometidos a los tribunales civiles “los elementos de las fuerzas castrenses que transgredan esos derechos, al cometer violaciones sexuales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de personas, torturas, ejecuciones y asesinatos, entre otros”.
El problema del Código de Justicia Militar hoy, añadió, es que señala que “cuando los miembros de las fuerzas castrenses en servicio cometan faltas o violaciones serán sometidos a los tribunales militares, pero la definición de ‘en servicio’ es muy amplia, y ellos argumentan que todas esas incursiones en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado las hacen soldados ‘en servicio’, y por ello no los pueden juzgar tribunales civiles”.
Hay que mantener ese fuero, abundó “cuando se trate de guerras con otras naciones, de defensa de la soberanía nacional, de invasiones, de una grave perturbación interna, pero cuando las fuerzas castrenses cometan violaciones a los derechos humanos y a las garantías, deben ser juzgadas por los tribunales civiles”.
El fuero militar en la actualidad “es un cheque en blanco para la impunidad”, subrayó, y añadió que si el Ejecutivo fuera consecuente y atendiera las recomendaciones de organismos internacionales, ya habría enviado una iniciativa para limitarlo, y “no tengo duda que todos coincidiríamos en ello en el Congreso”.
Manifestó que militares en retiro “de alto grado” han hablado con senadores y manifestado la molestia entre las fuerzas armadas por la forma en que han sido usadas. “Hay voces disidentes. Hay una discusión y una reflexión dentro del Ejército, y están a la espera de la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre un caso que analiza. Creo que el Ejército está pidiendo medidas legislativas que le permitan determinar que su actuación es legal, y que no va a ser juzgado en el futuro, como fue con el movimiento estudiantil de 1968”.
Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, 24 de julio.
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