Al respecto, el general Jaime Antonio López Portillo, director de Derechos Humanos de la Sedena, afirmó en conferencia de prensa que la mayoría de los delitos que cometen los militares en la llamada guerra contra el crimen organizado “son de carácter imprudencial, de una manera colateral en la acción de las tropas”.
A pesar del alto número de denuncias, el general López Portillo resaltó que la justicia militar no hace concesiones a sus elementos, prueba de lo cual es que en la actualidad hay 53 militares sujetos a proceso penal, y 12 ya sentenciados en lo que va de la presente administración federal por delitos que –en al menos 20 casos– se han tipificado como homicidio, violencia contra las personas, homicidio doloso, homicidio culposo, homicidio calificado, tortura, extorsión y lesiones, así como sólo un caso por inhumación clandestina.
Para el general López Portillo, el Código de Justicia Militar es suficiente para juzgar a los miembros de las fuerzas armadas, aunque admitió que delitos como el homicidio no están en su legislación, por lo que tienen que recurrir a la aplicación de códigos penales del fuero común o al Código Penal Federal, para dictar sentencias.
Las cifras
De acuerdo con las estadísticas dadas a conocer por la Sedena, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari la CNDH recibió 570 quejas contra los soldados; en el de Ernesto Zedillo, mil 689; en el de Vicente Fox, mil 225, y en dos años y medio de gestión de Felipe Calderón se han acumulado 2 mil 453 denuncias.
En cuanto al número de recomendaciones que ha enviado la CNDH por violaciones a los derechos humanos, de 1990 a la fecha han sido 67, pero en lo que va de la gestión de Calderón ha remitido 35: siete durante 2007, 14 en 2008 y 14 en lo que va de este año.
Por lo que hace a la personalidad jurídica de los promoventes de las denuncias, en diciembre de 2006 ocho civiles se quejaron; en 2007 fueron 292; en 2008, mil 100, y en lo que va de 2009, 888.
Asimismo, por lo que hace a militares que se quejaron de la violación de sus garantías individuales por parte de la Sedena, las estadísticas son: en 2006, nadie; en 2007, 84; en 2008, 43, en lo que va del año, 49.
Por región, la secretaría ubica las siguientes estadísticas de quejas promovidas: 195 en Saltillo, Coahuila; 84 en Morelia y 72 en Apatzingán, ambos municipios de Michoacán; 58 en Tijuana, Baja California; 54 en Durango; 52 en Chilpancingo y 45 en El Ticui, ambos en Guerrero; 35 en Villahermosa, Tabasco; 33 en Culiacán, Sinaloa; 29 en Reynosa, Tamaulipas; 27 en Mihuatlán, Oaxaca; 22 en “Tacubaya”, Distrito Federal; 18 en Cuernavaca, Morelos, y 12 en Guadalupe, Zacatecas.
El militar fue el encargado de la Sedena para responder a las críticas que se han vertido por organismos no gubernamentales, la CNDH y hasta funcionarios de Estados Unidos en el sentido de que el Ejército está violando las garantías individuales, que no se sanciona a los responsables y que se debe suprimir el fuero de guerra.
El titular de Derechos Humanos de la Sedena aseveró que a la institución lo que le interesa, “en primer lugar, es no permitir que el Ejército se convierta en una turba sin disciplina, (porque) sin el régimen jurídico correspondiente, quién lo va a controlar”.
El general expuso que “es importante que la población civil esté del lado de las fuerzas armadas”, ya que su lucha es por el bienestar de los mexicanos.
Mencionó que desde la creación de la CNDH, en 1990, hasta julio de 2009, el organismo ha emitido 67 recomendaciones a ese instituto castrense por violaciones a derechos humanos de un total de 5 mil 937 quejas.
Precisó que durante el gobierno de Felipe Calderón la CNDH ha recibido 2 mil 461 quejas, que han derivado en 35 recomendaciones; afirmó que 395 denuncias han concluido sin responsabilidad para el personal militar, y 525 se encuentran en trámite.
De acuerdo con el militar, el aumento en el número de quejas se debe a una mayor cultura de la denuncia por parte de la ciudadanía, y afirmó que existen abogados, sin precisar si son defensores de miembros del crimen organizado, que interponen quejas ante organismos de derechos humanos y las utilizan para allegarse pruebas que favorezcan a sus clientes.
También mencionó que se han detectado casos en los que grupos de personas promueven denuncias con machotes, por lo que consideró que también se está realizando una estrategia de desprestigio contra el Ejército.
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