El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al IFE iniciar un procedimiento especial sancionador contra diversas asociaciones religiosas y realizar las investigaciones necesarias para determinar su presunta intromisión en los comicios.
La Sala Superior revocó un oficio del secretario Ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, y le ordenó integrar el expediente respectivo, llevar a cabo las indagatorias y, en su caso, remitirlo a la Secretaría de Gobernación para que establezca las sanciones correspondientes.
Al argumentar su proyecto de sentencia, el magistrado Constancio Carrasco Daza dijo que es facultad del secretario Ejecutivo determinar la existencia de una infracción por parte de asociaciones religiosas a la ley electoral, y no sólo enviar la denuncia —en este caso interpuesta por el Partido Socialdemócrata— a Gobernación, por ser la dependencia encargada de vigilar a dichas agrupaciones.
Expuso que la Constitución, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíben a los ministros de culto asociarse con fines políticos, realizar proselitismo a favor de candidato, partido o asociación política alguna, siguiendo el principio fundamental de la separación de la iglesia del Estado.
Agregó que la inducción de los ministros a la abstención, el llamar a votar por alguien o para no hacerlo, en los lugares de culto o en medios de comunicación, constituyen infracciones a las leyes.
El magistrado Manuel González Oropeza sostuvo que el caso representa una oportunidad para definir límites y facultades de la autoridad, en el sentido de que es el secretario Ejecutivo del IFE es responsable de integrar el expediente y determinar la probable sanción.
Recordó que distintos integrantes de la iglesia católica difundieron un catálogo de pecados electorales, que contiene sus opiniones respecto al voto y un llamando a no votar por aquellos partidarios del aborto, la manipulación del embrión, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, entre otros temas, lo que contraviene la ley.
Asimismo, los magistrados de la Sala Superior confirmó la resolución del IFE que declaró infundado un procedimiento especial sancionador contra el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, por el presunto empleo de planes, programas y recursos con la finalidad de apoyar al PRI.
La Sala Superior revocó un oficio del secretario Ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, y le ordenó integrar el expediente respectivo, llevar a cabo las indagatorias y, en su caso, remitirlo a la Secretaría de Gobernación para que establezca las sanciones correspondientes.
Al argumentar su proyecto de sentencia, el magistrado Constancio Carrasco Daza dijo que es facultad del secretario Ejecutivo determinar la existencia de una infracción por parte de asociaciones religiosas a la ley electoral, y no sólo enviar la denuncia —en este caso interpuesta por el Partido Socialdemócrata— a Gobernación, por ser la dependencia encargada de vigilar a dichas agrupaciones.
Expuso que la Constitución, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíben a los ministros de culto asociarse con fines políticos, realizar proselitismo a favor de candidato, partido o asociación política alguna, siguiendo el principio fundamental de la separación de la iglesia del Estado.
Agregó que la inducción de los ministros a la abstención, el llamar a votar por alguien o para no hacerlo, en los lugares de culto o en medios de comunicación, constituyen infracciones a las leyes.
El magistrado Manuel González Oropeza sostuvo que el caso representa una oportunidad para definir límites y facultades de la autoridad, en el sentido de que es el secretario Ejecutivo del IFE es responsable de integrar el expediente y determinar la probable sanción.
Recordó que distintos integrantes de la iglesia católica difundieron un catálogo de pecados electorales, que contiene sus opiniones respecto al voto y un llamando a no votar por aquellos partidarios del aborto, la manipulación del embrión, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, entre otros temas, lo que contraviene la ley.
Asimismo, los magistrados de la Sala Superior confirmó la resolución del IFE que declaró infundado un procedimiento especial sancionador contra el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, por el presunto empleo de planes, programas y recursos con la finalidad de apoyar al PRI.
Susana Hernández, Milenio, 2 de julio.
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