El secretario ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, expresa en una carta enviada este lunes a Hillary Clinton: “En un reciente viaje que realicé a México, después de varias entrevistas con altos funcionarios, puedo asegurarle que en la actualidad ese país no cumple con una de las condiciones claves establecidas en la iniciativa Mérida: que los abusos cometidos por el Ejército sean investigados y juzgados por autoridades civiles y no por militares”.
Ante ello, el organismo solicitó al gobierno de Estados Unidos detener el envío de 15 por ciento de los fondos de la ayuda al combate contra el crimen organizado que considera la Iniciativa Mérida, ya que, “como es de su conocimiento, ese 15 por ciento ya ha sido retenido y no podrá utilizarse hasta que la secretaria de Estado informe al Congreso que el gobierno mexicano ha cumplido con cuatro requisitos en materia de derechos humanos”.
Uno de esos requisitos, subraya Roth, es que el gobierno mexicano garantice que los agentes de Ministerio Público y las autoridades judiciales están investigando y juzgando –de acuerdo con el derecho mexicano e internacional– a los miembros de la policía federal y del Ejército que hayan sido acusados de cometer violaciones a derechos humanos, y que ambas corporaciones colaboren activamente con las indagatorias.
Human Rights Watch advierte a Hillary Clinton que la retención de 15 por ciento de los fondos y no emitir la certificación de que México cumple en materia de derechos humanos “es condición importante no sólo para terminar con los abusos militares generalizados, sino también para mejorar la efectividad de las fuerzas de seguridad mexicanas y su capacidad para enfrentar la violencia relacionada con el narcotráfico”.
El organismo insiste en que, mientras los responsables no rindan cuentas, el Ejército continuará cometiendo abusos, los cuales perjudican su imagen como fuerza profesional que respeta a los civiles y se contribuye “a aumentar la sensación de caos y violencia, uno de los factores que fomenta la inseguridad pública en México”.
Sostiene que para terminar con el actual patrón de impunidad de los abusos militares en México, el gobierno de Barack Obama debe exigir “enérgicamente” que este país cumpla con los requisitos establecidos en la iniciativa Mérida.
Recomiendan a la secretaria de Estado que, previamente a la certificación de que México ha cumplido con los requisitos de la iniciativa, pruebe que ha reformado su sistema de justicia militar para garantizar que todos los casos de violaciones graves sean juzgados por la autoridad civil, y que todos los casos denunciados son investigados y juzgados por autoridades civiles.
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