Elementos del Ejército Mexicano habrían incurrido en prácticas de tortura, desapariciones forzosas y operativos ilegales, en el marco de la lucha contra el narcotráfico que enfrenta el gobierno, de acuerdo con una investigación publicada ayer por el diario The Washington Post.
El artículo del Washington Post recuerda que 15 por ciento del dinero de la Iniciativa Mérida está atado a un reporte del Departamento de Estado que señale el progreso de México en materia de derechos humanos. Los requerimientos incluyen el enjuiciamiento de violadores de derechos humanos y la prohibición de la tortura. Dicho reporte será enviado dentro de pocas semanas y los oficiales de EU describen que será “mixto”. Este mismo condicionamiento aplica a los 24 millones de dólares del paquete adicional firmado por Obama el 24 de junio.
Funcionarios del Departamento de Estado, que hablaron a cambio del anonimato, señalan que están frustrados porque el gobierno de México no proporciona información sobre los juicios a militares en caso de violaciones a los derechos humanos. “El sistema militar de justicia en México es muy opaco”, declararon a diario de la capital estadunidense.
El reportaje señala que víctimas de los presuntos abusos, familiares y organismos de defensa de los derechos humanos han acusado a los militares de utilizar métodos crueles y brutalidad.
Refiere que habitantes de la comunidad de Puerto Las Ollas, en La Montaña de Guerrero, señalaron que soldados en busca de información insertaron agujas bajo las uñas de un campesino discapacitado de 37 años, apuñalaron en la espalda a su sobrino de 13 años, le dispararon a un sacerdote y robaron comida, ropa y medicamentos.
“Sé que las fuerzas armadas no han estado actuando de manera inapropiada, aunque han habido algunos casos,” declaró al diario estadunidense el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
El periódico señala que en Tijuana más de 20 policías que fueron detenidos acusados de proteger a narcotraficantes señalaron que confesaron luego de ser torturados por elementos militares, quienes, supuestamente, les pusieron bolsas de plástico en la cabeza hasta que perdían el conocimiento.
Además, según consta en documentos del juzgado, cartas y entrevistas, los soldados les dieron choques eléctricos en los pies mientras les sumergían la cabeza en piletas de agua.
Los policías locales estuvieron presos por más de un mes.
El reportaje señala que este tipo de acciones son más frecuentes en las zonas donde han aparecido policías y militares muertos.
El artículo del Washington Post recuerda que 15 por ciento del dinero de la Iniciativa Mérida está atado a un reporte del Departamento de Estado que señale el progreso de México en materia de derechos humanos. Los requerimientos incluyen el enjuiciamiento de violadores de derechos humanos y la prohibición de la tortura. Dicho reporte será enviado dentro de pocas semanas y los oficiales de EU describen que será “mixto”. Este mismo condicionamiento aplica a los 24 millones de dólares del paquete adicional firmado por Obama el 24 de junio.
Funcionarios del Departamento de Estado, que hablaron a cambio del anonimato, señalan que están frustrados porque el gobierno de México no proporciona información sobre los juicios a militares en caso de violaciones a los derechos humanos. “El sistema militar de justicia en México es muy opaco”, declararon a diario de la capital estadunidense.
El reportaje señala que víctimas de los presuntos abusos, familiares y organismos de defensa de los derechos humanos han acusado a los militares de utilizar métodos crueles y brutalidad.
Refiere que habitantes de la comunidad de Puerto Las Ollas, en La Montaña de Guerrero, señalaron que soldados en busca de información insertaron agujas bajo las uñas de un campesino discapacitado de 37 años, apuñalaron en la espalda a su sobrino de 13 años, le dispararon a un sacerdote y robaron comida, ropa y medicamentos.
“Sé que las fuerzas armadas no han estado actuando de manera inapropiada, aunque han habido algunos casos,” declaró al diario estadunidense el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
El periódico señala que en Tijuana más de 20 policías que fueron detenidos acusados de proteger a narcotraficantes señalaron que confesaron luego de ser torturados por elementos militares, quienes, supuestamente, les pusieron bolsas de plástico en la cabeza hasta que perdían el conocimiento.
Además, según consta en documentos del juzgado, cartas y entrevistas, los soldados les dieron choques eléctricos en los pies mientras les sumergían la cabeza en piletas de agua.
Los policías locales estuvieron presos por más de un mes.
El reportaje señala que este tipo de acciones son más frecuentes en las zonas donde han aparecido policías y militares muertos.
Crónica, 10 de julio.
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